SEÑOR DIRECTOR:
Las residencias de protección para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad son una medida urgente e indispensable para proteger a quienes han sufrido vulneraciones graves a sus derechos. El Estado debe hacerse cargo de protegerlos en residencias propias o derivarlos a residencias operadas por la sociedad civil.
Su existencia es esencial para la atención de estos niños y adolescentes. Sin embargo, las actuales políticas estatales apuntan en una dirección opuesta. El Servicio Mejor Niñez está imponiendo que niños y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos convivan en una misma residencia con otros que padecen graves patologías de salud mental, problemas de consumo de drogas o severos compromisos delictuales.
La autoridad no ha generado la oferta necesaria y ha optado por el camino fácil de forzar a las organizaciones de la sociedad civil que participan en el sistema a atender en una misma residencia a niños y adolescentes sin distinción alguna de esas particularidades, lo que facilita otras formas de vulneración de sus derechos, atenta contra el interés superior del niño y vulnera los convenios que regulan la operación de estos programas.
En Chile, existen aproximadamente 210 residencias de protección administradas por organizaciones de la sociedad civil. La falta de atención especializada y diferenciada de la que el Estado no se ha hecho cargo, ha implicado el cierre de aproximadamente 28. Muchas otras lo harán, lo que dejará a muchos niños y adolescentes en absoluto desamparo, incluso en situación de calle.
Hemos representado esta grave situación a todas las autoridades y parlamentarios, sin obtener respuesta efectiva. El eslogan “los niños y adolescentes están primero” parece ser solo eso.
José Pedro Silva Prado
Presidente
Fundación Ciudad del Niño
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