Resultados de la Prueba de Transición

Los resultados siguen mostrando la necesidad de acortar las brechas entre colegios públicos y privados. De allí que el retroceso que ha experimentado el Instituto Nacional constituye un potente llamado de atención.



Los resultados que ha arrojado la reciente Prueba de Transición (PDT) siguen mostrando una realidad que se viene dando desde hace mucho: los colegios particulares obtienen considerables mejores resultados que el promedio de los colegios públicos y subvencionados, lo que habla de los enormes desafíos que la educación pública tiene por delante.

En la reciente versión de la prueba, entre los 100 mejores colegios por puntaje figuran 95 privados, y solo cinco del sector público. También se sigue observando una fuerte concentración geográfica, pues de las 346 comunas del país, seis concentran los mejores resultados, todas ellas ubicadas en la Región Metropolitana, y en general asociadas a los sectores socioeconómicos más altos.

No cabe reprochar a las pruebas de medición por mostrar la realidad del país; lejos de ser una estigmatización, al ser instrumentos estandarizados permiten formarse una mejor idea de la realidad educacional en las distintas regiones, y son también una herramienta que entrega criterios objetivos para poder aspirar a un cupo a la educación superior. Es por ello que también resultaría un sinsentido buscar corregir las brechas existentes modificando los parámetros de estas pruebas para así facilitar la postulación de los alumnos.

La PDT es un termómetro, y no la causa de los males en la educación. Por lo mismo, para efectos del debate educacional lo que corresponde es apuntar a las razones de fondo que explican las brechas tan marcadas. Desde luego, es posible que en esta versión los resultados también hayan estado influidos por la pérdida de clases presenciales y las dificultades de muchas familias para acceder a tecnologías que permitieran seguir las clases remotas. Es claro que en los sectores socioeconómicos más altos se perdieron menos horas de clases y la mayor parte pudo seguir con normalidad las clases remotas, no así en los sectores más vulnerables. Esto debe ser un recordatorio sobre la importancia de que las clases presenciales no se interrumpan, porque los rezagos en los procesos formativos a la larga perjudican mucho más a los alumnos de escasos recursos.

Pero lo más relevante es seguir perseverando en mejorar los estándares educacionales en el sector público, lo que demanda mucho esfuerzo y recursos. El caso del Instituto Nacional (IN) es ejemplificador en cuanto a la facilidad con que instituciones de excelencia del ámbito público pueden ser dañadas producto de la irresponsabilidad, provocando un daño inmenso a la educación pública y a miles de familias. Hasta hace solo unos años, el IN estaba entre los mejores colegios del país según puntaje para la educación superior, pero este año el establecimiento quedó en el puesto 132, con solo tres puntajes nacionales.

Puede haber variadas explicaciones para el fenómeno, pero no parece haber dudas de que las extensas tomas que protagonizaron parte de su alumnado, así como la vandalización de las instalaciones y los petitorios enarbolados por estudiantes que poco y nada tenían que ver con la educación, fueron las causas fundamentales de este deterioro.

De allí que resulte inexplicable que exautoridades del establecimiento justifiquen las tomas y extensas movilizaciones de su alumnado, presentándolas como una suerte de  “sacrificio” que valió la pena porque al final permitieron una serie de “conquistas” para la sociedad. Cuesta ver el beneficio social de ello cuando una institución que ha sido clave en la historia republicana del país -y que tradicionalmente fue una pieza fundamental en la movilidad social- se empieza a destruir, y el costo lo pagan sus propios alumnos.

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