Santiago, páramo del espacio público




Por Pablo Paniagua P. profesor Investigador FARO UDD

En las últimas semanas han circulado fotografías del antes y después del estallido social en el centro de Santiago y la degradación que su patrimonio cultural y espacios de encuentro han sufrido de manos de sus propios ciudadanos. Lo grave de la situación de nuestro espacio público es doble: primero, ya van casi tres años del estallido social y escaso trabajo se ha hecho para poder recuperarlo y reconstruirlo, y, segundo, dicho esfuerzo tomará realmente décadas. Es emblemático el caso de destrucción de las dos bibliotecas comunales del Parque Bustamante y del Parque Balmaceda, que eran un punto de encuentro social e intelectual, que unía a personas en un espacio público, para pasar hoy a ser sitios eriazos y campamentos.

Carabineros ha apenas señalado que dan por perdida la Iglesia de Carabineros (Iglesia de San Francisco de Borja que data del 1876), patrimonio arquitectónico, que quedó reducida a escombros después del estallido social, pues el costo de reparación de su patrimonio supera los 5 mil millones de pesos, por lo que la policía ha decidido devolverla a Bienes Nacionales. Desde el plano de la cultura y las artes la situación es similar: el Museo Violeta Parra alcanzó a funcionar apenas tres años, luego que una seguidilla de tres incendios post-18-O lo llevara a un cierre definitivo. Similar proceso de degradación han sufrido otros centros artísticos, museos y cines del centro de Santiago, reduciendo cada vez más los espacios públicos generadores de sentido.

En materia económica las cosas no están mucho mejor, pues, desde el estallido social, las empresas están arrancando en masa del centro de Santiago. Entre octubre del 2019 y mayo del 2022 han dejado de operar al menos 747 empresas, traduciéndose en 119.858 m2 vacíos. Esto no solo afecta a la economía de la comuna, sino que daña aún más el tejido social de la ciudad, ya que los negocios estables ofrecían puntos pacíficos y ordenados de encuentro entre los ciudadanos, en donde podían conversar y dialogar en torno a servicios, que luego pagaban patentes y permisos en la comuna —generando un espiral virtuoso entre negocios, ciudadanos, servicios, espacios de interacción ordenados y las arcas fiscales de Santiago—. Todo este espiral positivo pareciera estar rápidamente marchitándose en Santiago.

Este proceso de deterioro, que comenzó en octubre del 2019, ha portado a la lenta erosión y “privatización” del espacio público de la ciudad, haciendo que este se contraiga a riesgo de desaparecer. El espacio público se construye con un conjunto de lugares urbanos y servicios en donde las personas tienen la libertad de interactuar y compartir en paz, en donde sus interacciones no están limitadas solo por el criterio de lo excluyente o estrictamente privado —si bien existen espacios privados que poseen utilidad pública y que fomentan la interacción social como cines, centros culturales, o como el polo gastronómico de la Plaza de Armas (hoy puesto en serias duda por la fuga de las empresas y por la violencia)—.

El espacio público cumple un rol vital en sostener una democracia, en cuanto tiene una dimensión comunitaria y de confianza que sustenta a lo político. Es decir, son lugares donde se permite la relación, la integración y la identificación con los otros que conforman la ciudad, y, por ende, permite sedimentar contacto con lo ajeno, con lo diverso y con otros que piensan distinto. Todo esto ayuda a sostener expresiones de comunidad y de sentido de “lo común” que trascienden la individualidad e intimidad. Buenos espacios públicos ayudan entonces a generar confianza y respeto recíproco, elementos que contribuyen a establecer puentes comunicativos que mejoran nuestra convivencia y, finalmente, la democracia. Como lo reconociera Jane Jacobs en su libro The Death and Life of Great American Cities, malos espacios públicos destruyen el tejido social al amenazar a las comunidades, destruyendo el sentido de comunidad al promover espacios urbanos donde prima el aislamiento, la superficialidad y la desconfianza. En palabras de Jacobs, “las calles impersonales, hacen gente anónima” y el ciudadano así se desarticula.

Este asedio a “lo común” y a “lo público” se ha intensificado en Santiago después del 18-O con la destrucción de muchos elementos culturales, patrimoniales, religiosos y de comercio mencionados que creaban buenos espacios públicos. En palabras del escritor Roberto Merino, Santiago es hoy un sitio eriazo: “Lo único que puedo ver en esa huella del estallido es el odio. Lo que hay es basura. Eso es lo que dejaron. Resentimiento puro”. El estallido social y el constante ir y venir de la violencia en la ciudad han “privatizado” o nos han “expropiado” los espacios públicos que antes nos servían de faros orientadores de lo común, dejándonos aislados y a la intemperie marcada por la desconfianza y el consumismo ambulante. Así, resulta incomprensible que constituyentes e intelectuales hablen de que la nueva Constitución buscaría expandir y mejorar nuestra democracia, pero al mismo tiempo han callado por casi tres años respecto a la violencia y la destrucción de nuestro espacio público que la debilitan cada día más.

En definitiva, al destruir los espacios públicos y el patrimonio de nuestra ciudad, lo que vamos destruyendo poco a poco es nuestra propia identidad compartida, nuestra concepción de ciudadano —hoy cada vez más desconfiado y atrincherado en su propiedad privada— y finalmente nuestra democracia. Pensadores como Arendt, Ostrom y Tocqueville ya advertían que los espacios públicos bien conservados eran instancias vitales para una democracia robusta y para salvaguardar lo común que sustenta lo político. Hoy, el octubrismo y parte de la izquierda que elogia el estallido social e instrumentaliza la violencia, han atentado contra lo público y lo común, dañando las instancias pacíficas en las cuales el sentimiento de comunidad y de democracia podían construirse. De forma paradójica, la izquierda ha contribuido a “privatizar” y “neoliberalizar” aún más todos los espacios de la sociedad y a silenciar muchos de los espacios donde podíamos revalorizar lo colectivo, empobreciendo nuestra democracia. Sin una urgente política pública que busque reconquistar la ciudad del asedio y que recupere el espacio público, por más que quisiéramos expandir y revitalizar la democracia con una Nueva Constitución, la falta de espacios urbanos para que esto suceda hará que esta se sustente en arenas movedizas.

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