El informe de la “Comisión asesora para reformas estructurales al gasto público” se inquieta por presiones de gasto futuro por el envejecimiento de la población, con mayor gasto en salud y cuidados, y el cambio climático, con mayor gasto en mitigación de sus efectos. Al mismo tiempo, se debe moderar la brecha entre ingresos y gastos y contener la deuda pública en relación al producto interno bruto.

La Comisión propone medidas que se deberán abordar en el próximo mandato presidencial. Una de ellas es terminar con la profusión de ministerios y entidades con duplicaciones. Y sería muy recomendable un acuerdo transversal desde ya para eliminar muchas nominaciones de confianza presidencial y reducir los salarios públicos más altos. La Comisión propone reducir el gasto público con 34 medidas que suman ahorros por menos de 2 mil millones de dólares, en un horizonte que va de 2026 a más allá de 2030. Se trata de un 0,6% del PIB, una cifra modesta.

En cambio, propuestas de candidaturas presidenciales proponen recortes de gasto público en 6 mil millones de dólares en 18 meses en un caso y de 8 mil millones en cuatro años en otro. Están pensados más bien para dar lugar a reducciones de impuestos a los sectores de altos ingresos, que pagan proporcionalmente menos tributos que la mayoría. Frente a estas copias chilenas de Musk o Milei, cabe subrayar que los déficits fiscales estructurales -la diferencia entre gastos efectivos e ingresos fiscales estables más allá de la coyuntura- de magnitud razonable y financiables a costo moderado pueden ser necesarios por períodos prolongados para hacer posibles inversiones públicas indispensables para el crecimiento de largo plazo y que la deuda fiscal imprudente es aquella cuyo pago de intereses supera la tasa de crecimiento de la economía, lo que no es el caso de Chile y es del 42% del PIB, muy inferior al promedio de 80% en la OCDE.

Entretanto, existe una brecha de menor carga tributaria en Chile respecto a la media de la OCDE. Los impuestos patrimoniales y a la renta son proporcionalmente más bajos, mientras la evasión y elusión son altas en los grupos de mayores ingresos. La mayoría de los países más ricos optaron por más gasto social y en infraestructura cuando tenían un PIB por habitante similar al de Chile hoy.

Los economistas liberales postulan que los impuestos son un desincentivo y su recomendación es unívoca: el mejor Estado es el Estado mínimo. Se equivocan: el gasto público que incrementa el capital físico y las capacidades humanas y que disminuye las desigualdades de ingresos tiene efectos positivos sobre el crecimiento. Luego de identificar las reducciones fiscales para los más ricos en 18 países de la OCDE, Hope y Limberg (2022) encuentran que conducen a una mayor desigualdad de ingresos a corto y mediano plazo y no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico ni sobre el desempleo. En palabras de Choudhary y otros (2024), del Banco Mundial, “los ingresos tributarios insuficientes frenan el crecimiento económico al limitar la inversión en infraestructura, subfinanciar los servicios públicos, aumentar la desigualdad de ingresos y provocar una dependencia excesiva de la deuda”. Los países con servicios públicos y menor desigualdad financiados con impuestos progresivos con deudas moderadas son aquellos con mayor dinamismo y logros de bienestar humano, entre otras cosas porque el sector privado cuenta con más capacidades humanas y una mayor estabilidad.

Por Gonzalo Martner, Facultad de Administración y Economía USACH