La desinformación se ha vuelto barata, quizás demasiado. Hoy, en Chile y en buena parte de América Latina, mentir en el espacio digital casi no tiene costo político, económico ni legal. Crear una noticia falsa, un audio manipulado, una imagen adulterada, una campaña coordinada de acoso requiere poca inversión y conlleva un riesgo mínimo de sanción. Y este desequilibrio constituye un riesgo para la democracia contemporánea.

Ese fue uno de los diagnósticos del Encuentro Regional sobre Integridad Electoral, Desinformación y Violencia Política de Género realizado por IDEA Internacional en Cartagena de Indias. Destacados participantes de 10 países coincidieron en una advertencia: mientras mentir siga siendo rentable, la democracia se debilita. Pero el costo puede elevarse con colaboración real del ecosistema democrático.

La mentira no es nueva en política. Lo nuevo es su escala, velocidad y la infraestructura digital que la sostiene. Los algoritmos premian la emoción sobre la veracidad y la inteligencia artificial permite fabricar pruebas falsas con apariencia real, reforzando sesgos cognitivos preexistentes. Un montaje circula más rápido que su desmentido, y cuando la corrección llega, el daño ya está hecho. Por eso, el desafío no es solo desmentir sino cómo hacer que la mentira deje de ser negocio.

El primer ámbito de acción es el institucional. Las reglas electorales siguen ancladas en un mundo analógico mientras la propaganda digital, el uso de datos y la IA avanzan en zonas grises. Subir el costo aquí exige marcos legales claros, sanciones proporcionales y trazabilidad de la publicidad política digital.

El segundo ámbito es el de las plataformas. Gran parte del debate público ocurre en infraestructuras privadas regidas por incentivos comerciales. Subir el costo de la mentira implica exigir corresponsabilidad: transparencia algorítmica, acceso a datos, etiquetado visible de contenidos de IA y protocolos de respuesta rápida ante campañas coordinadas.

El tercer ámbito es el político-partidario. Muchos condenan la desinformación cuando la sufren, pero la toleran cuando los beneficia. Subir el costo exige partidos con códigos de conducta efectivos, sanciones internas reales y compromisos explícitos de no usar operaciones sucias como atajos electorales.

El cuarto ámbito es el mediático. La presión por competir con la velocidad del rumor ha llevado a amplificar desinformación sin proponérselo. Subir el costo aquí implica fortalecer el periodismo de verificación y colaborativo como política.

El quinto ámbito es la ciudadanía. Sin alfabetización mediática, cualquier regulación será insuficiente. Subir el costo de la mentira exige formar desde temprano capacidades para reconocer sesgos, verificar fuentes e identificar manipulaciones.

Finalmente, atacar a mujeres en política es barato, viral e impune. Subir ese costo es condición básica de igualdad democrática.

Proteger el espacio común de la verdad compartida es la forma como podemos adaptar la democracia a los nuevos desafíos de la era digital.

Por Alejandra Sepúlveda, gta. Proyecto Integridad electoral y Género (RLAC)-IDEA Internacional