Tercer retiro del 10%: una propuesta irresponsable

En lugar de beneficiar a los sectores más necesitados, un tercer retiro de fondos solo terminará hipotecando el futuro de millones de chilenos.



En diciembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que establece que el mecanismo usado por el Congreso para aprobar los retiros de fondos de pensiones vulnera los preceptos de la Carta Fundamental. E incluso apuntó que con ello el Poder Legislativo se está atribuyendo facultades exclusivas del Presidente de la República. Una resolución inobjetable del órgano destinado a velar por la correcta aplicación de las normas constitucionales que nos rigen.

Pese a lo anterior, la Cámara de Diputados volvió a declarar admisible un nuevo proyecto para permitir un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales, que se suma al que estaba en la comisión de Constitución. Los argumentos de quienes impulsan la iniciativa apuntan, por una parte, a la necesidad de ir en ayuda de quienes han perdido sus fuentes de ingresos por la crisis derivada de la pandemia -y que de esta forma dispondrán de recursos que van desde un mínimo de 35 UF a un máximo de 150 UF- y, por otra, a lo que estiman una falta de medidas de apoyo del gobierno a esos grupos.

No solo es cuestionable desde un punto de vista constitucional perseverar por ese camino, y abrir la puerta a un nuevo retiro de fondos, considerando que el TC dejó claro que el Congreso no cuenta con las facultades para ello. Si no, también resulta a lo menos dudoso plantear que con esa medida se permita que los sectores más necesitados a causa de la crisis que el país atraviesa puedan disponer de recursos para hacer frente a la emergencia.

Más de 2,9 millones de afiliados -precisamente aquellos pertenecientes mayoritariamente a los grupos más necesitados- ya retiraron todos sus fondos de sus cuentas previsionales, por lo que la medida no tendrá ningún efecto sobre ellos. El camino para ir en ayuda de esos sectores pasa por ampliar los programas de ayuda estatales y no por hipotecar la futura jubilación de millones de chilenos. En ese sentido, la decisión del gobierno de ampliar el IFE y el anuncio de un nuevo paquete de ayuda para la clase media van en la dirección correcta.

Por ello, más que buscar beneficiar a quienes más lo necesitan, la iniciativa parece más bien encaminada en desfondar el actual sistema de capitalización individual -que ya ha desembolsado poco más de US$ 34.000 millones en el pago de las dos anteriores solicitudes de retiro- y en sacar rédito político de cara a las futuras elecciones. La propia diputada Pamela Jiles lo dijo claramente: “Si no hay tercer retiro, no hay votos”. Un objetivo aún más cuestionable si se considera que se promueve a costa de los propios ahorros de las personas.

El clima electoral en el que nos encontramos y que irá en aumento a medida que se acerquen las próximas definiciones presidenciales de los distintos sectores políticos no debe ni puede ser excusa para avanzar por un camino que solo terminará poniendo el riesgo la futura jubilación de millones de chilenos. La creciente presión que enfrenta el sistema previsional exige más que nunca actuar con responsabilidad y prudencia, y no guiados impulsos populistas y ganancias de corto plazo.

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