Por Juan Carlos Gazmuri, abogado ONG Acción Jurídica

El 4 de septiembre la ciudadanía rechazó, por una apabullante mayoría el texto propuesto por la Convención. Ese día, simultáneamente, las estadísticas oficiales de Carabineros de Chile mostraban que, en lo que iba del año, los homicidios habían aumentado en un 52% respecto del mismo período durante 2021. Los robos con intimidación marcaban un aumento de 73%, los robos por sorpresa uno de 72%, los robos violentos de vehículos un 123%, y así con las distintas figuras delictuales. Dicho de otro modo: en lo que va del año, todos los delitos de mayor connotación social han registrado aumentos gravitantes.

A la fecha en la Macrozona sur se contabilizaban 54 víctimas fatales producto de la violencia terrorista que por años se ha propagado por la zona, y más de 4.000 atentados incendiarios que tienen sumidos a sus habitantes en el terror.

Es verdad que Chile se salvó de un texto del cual no se hubiese recuperado jamás. Pero evitar un veneno letal no significa haber curado la enfermedad. Porque la delincuencia y el terrorismo están lejos de amainar.

Ahora que se pretende iniciar una nueva etapa del proceso constitucional, la legitimidad social de esta dependerá en gran medida de la capacidad que tenga el gobierno para ponerle freno a la espiral de violencia en el que estamos inmersos. Porque la ciudadanía no rechazó solo un texto: rechazó también la violencia y delincuencia desatadas, la condescendencia de la Convención para con ellas y los complejos y la timidez del gobierno para enfrentarlas.

Si se pretende continuar con el proceso constitucional, la validación y el respaldo de este requerirá que el gobierno gobierne sin complejos. Que persiga a los violentistas en lugar de dialogar con ellos; que use todas las herramientas que le otorgan las leyes para garantizar el Estado de derecho, incluyendo la Ley Antiterrorista y la de Seguridad Interior del Estado; y que recupere –de una vez por todas- la seguridad, la paz y el control del orden público. Para eso deberán empezar a llamar las cosas por su nombre: dejar de hablar de “manifestaciones” cuando se trate de vandalismo, de “reivindicaciones territoriales” cuando se trate de tomas y de “jóvenes idealistas” cuando se trate de estudiantes violentos.

Nada de esto está en el ADN del gobierno, y sin embargo debería ser un acuerdo transversal mínimo entre todas las fuerzas políticas. Pero han sido precisamente quienes hoy gobiernan los que han denostado y rehuido de dicho acuerdo lo largo de los años. Ahora, cuando hordas de estudiantes violentos e ideologizados han salido a quemar las calles por no querer asumir el resultado de las urnas, es más indispensable que nunca que el Gobierno sepa corregirse y acuerde ser implacable.

Acordar aquello sería –ahora sí de verdad- un acuerdo por la paz y la nueva Constitución.