SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana la Cámara de Diputados votará en tercer trámite el proyecto que reconoce el Derecho al Cuidado y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. El gobierno lo ha presentado como un gran hito programático, pero sorprende que, en medio de tanto despliegue comunicacional, casi no se haya discutido lo esencial: cómo se ampliará efectivamente la oferta de cuidados y qué nuevas prestaciones recibirán las personas que las necesitan.

Una revisión seria del proyecto revela un vacío incómodo. Las capacidades reales del sistema prácticamente no cambian: no se incrementan servicios, no se fortalecen programas existentes ni se genera una red sustantiva de apoyos. En vez de eso, el corazón de la iniciativa está puesto en crear una nueva estructura estatal, con su aparato de gobernanza y capas adicionales de coordinación interministerial. Paradójicamente, se confía en una coordinación que ha faltado sistemáticamente durante este gobierno.

Igualmente preocupante es la decisión de cerrar la puerta al mundo privado, que hoy aporta buena parte de la oferta real de cuidados en Chile. Excluirlo de entrada —como prestador impedido— debilita la capacidad del sistema para responder a una demanda que crece mucho más rápido que la burocracia que se pretende instalar.

La paradoja es evidente: se celebra la creación de un sistema de cuidados que, en rigor, no entrega nuevos cuidados. Se construye más institucionalidad, pero pocas soluciones. En un país que envejece aceleradamente, donde miles de familias ya están al límite, la pregunta es inevitable: ¿estamos ante una reforma que mejora la vida de las personas o simplemente ante un Estado que se expande sin mejorar resultados?

Juan José Llorente

Fundación Jaime Guzmán