A partir de los malos resultados obtenidos por la economía chilena durante los últimos años en materia de crecimiento y considerando que las perspectivas no se presentan promisorias si se toma como referencia el indicador de PIB tendencial (menos de 2 por ciento anual), el tema ha pasado a ocupar un lugar destacado en la agenda. Tratándose de una materia que admite diversas miradas, no es inusual que en el debate público la fuerza centrífuga de la política conduzca a propuestas que carecen del necesario sustento técnico, lo que las convierte en ideas más efectistas que efectivas. Incluso a nivel técnico es posible observar diferencias como consecuencia de puntos de vista diferentes sobre un mismo tema, y también como reflejo de visiones diferentes sobre el tipo de sociedad al que se aspira. Pero sin perjuicio de lo anterior, hay un tronco común de ideas que son compartidas transversalmente, y que es de gran utilidad poder identificar.

Es en este contexto que, con el propósito de unir visiones, un grupo de 17 economistas, con sensibilidades políticas diferentes, fuimos convocados para elaborar propuestas en seis áreas críticas para que el crecimiento económico pueda levantar el vuelo, y con esa lógica elaboramos el documento “El Puente”. Más allá de las medidas específicas propuestas, que son de un amplio espectro, especial mérito tiene el haber logrado consensuar ciertos principios fundamentales en el orden económico que constituyen un rayado de cancha y un marco de referencia fundamental para la elaboración de políticas públicas. Entre ellos, cabe destacar los postulados en cuanto a que la asignación de los recursos en la economía debe estar basada en el funcionamiento de mercados abiertos y competitivos; que el rol fundamental del Estado debe centrarse en la creación de las condiciones habilitantes para un adecuado funcionamiento de una economía de mercado, reservando su intervención a aquellos casos en que se está en presencia de “fallas de mercado”, las que se justificarían solo si su costo es inferior a los beneficios que se espera obtener de ella, y que además de su rol facilitador del desarrollo, el Estado debe preocuparse de generar las condiciones para que la población tenga acceso a bienes y servicios básicos como educación, seguridad social, salud, vivienda, y seguridad para los ciudadanos, pudiendo el Estado delegar la provisión de estos bienes en el sector privado, o bien acordar una provisión mixta o estatal. Además, hubo acuerdo en que a través de una política fiscal sostenible el Estado cumplirá un rol para redistribuir ingresos, privilegiando criterios de focalización en el gasto social, y de neutralidad, equidad y progresividad en el diseño de la estructura positiva.

No es poco lo que se logró, sobre todo en un país donde se ha venido perdiendo la voluntad y la capacidad de lograr acuerdos. “El Puente” constituye un paso importante en materia económica, y el material debería servir como insumo para los programas económicos de los distintos candidatos presidenciales.

Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad, U. del Desarrollo