Esta semana se conmemoró un nuevo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y, en Chile, la fecha estuvo marcada por una controversia: el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), argumentando que estamos en período electoral, rechazó inicialmente la campaña del Gobierno, que tenía como propósito difundir la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres promulgada en 2024.

La crítica a la resolución del CNTV no vino solo desde el Ejecutivo. Mujeres de oposición, como la exministra vocera de Sebastián Piñera, Cecilia Pérez, también cuestionaron que la campaña no se difundiera en el marco del 25 de Noviembre. Finalmente, el organismo dio marcha atrás, aprobó la pieza y ésta comenzó a emitirse en todos los canales de televisión abierta.

La actitud del CNTV es una clara señal de los problemas que ha encontrado esta ley para alcanzar los objetivos que se fijaron con su promulgación. La abogada Bárbara Sepúlveda, presidenta de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), dice que situaciones como ésta, dan cuenta de que no basta con la ley. Y es que, a un año y medio de su promulgación, Sepúlveda cree que la mayor deuda está en la fuerza para su implementación. “Queda mucho camino todavía. Hay que implementar la ley y eso significa mucha voluntad política”

Para ilustrarlo, recurre a un ejemplo concreto: las medidas cautelares. Dice que uno de los problemas que existía previo a la ley es que, en casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, había una desconexión entre el tribunal de familia y el tribunal penal. Hoy la ley genera un sistema integrado que tiene como objetivo permitir un monitoreo eficiente de las medidas y, además, su evaluación, para poder entender dónde están los déficits. Eso en el papel. “Pero actualmente, cuando pasas del ámbito de familia hacia el ámbito penal, ingresan otros actores al sistema, por ejemplo, el Ministerio Público. Y creo que allí se repite el problema que hemos tenido desde siempre, y que pareciera que para la fiscalía no es una prioridad el resguardar a las mujeres ante las amenazas o la violencia que han sufrido para que no se vuelva a repetir”, dice Sepúlveda. Y agrega: “A veces, una causa de violencia intrafamiliar puede estar debajo de cien causas por otros delitos donde la fiscalía ha puesto mayor énfasis. Eso nos demuestra que, si bien la legislación resuelve lo procedimental, sigue existiendo un problema de fondo ligado a la Fiscalía Nacional, de la cual nosotras esperamos una acción mucho más activa en el resguardo de la vida y de la integridad de las mujeres”.

- Y si la ley no logra que la fiscalía le de protagonismo a este tipo de causas, ¿qué falta?

Muchas veces hay incentivos internos para investigar ciertos delitos que tienen una connotación pública mayor y, por lo mismo, se les da prioridad. Lamentablemente, la violencia de género no tiene hoy esa prioridad para el Ministerio Público. Y por eso vemos tantas veces que los fiscales no dan el ancho que se requiere para este problema en particular.

Si una víctima llega a una audiencia penal como víctima y nada más, tiene muy pocas herramientas. Para que se transforme en querellante necesita un abogado, y para eso es necesario destinar más recursos a los centros que dependen de SernamEG, que hoy acompañan a las mujeres para que tengan ese apoyo judicial. Esto es algo que la ley sí pensó; la ley sí está considerando un acceso universal que permita que las mujeres tengan acompañamiento judicial. Pero la envergadura del fenómeno de la violencia es tan grande que el sistema no da abasto.

- ¿Es sólo un problema de recursos?

Esta es una ley que requiere una voluntad política para su implementación con los recursos adecuados. Y esto es preocupante, porque se ha puesto en cuestionamiento, especialmente por los sectores ultraconservadores y de la ultraderecha, la necesidad de este tipo de dispositivos.

La experiencia comparada con países donde presidentes de ultraderecha o sectores ultraconservadores han llegado al poder, como en Estados Unidos o en Argentina, muestra que han ido directo al recorte presupuestario en programas tan importantes como los de acompañamiento a mujeres víctimas y mujeres sobrevivientes de violencia. El recorte en esos programas es gravísimo, porque eso significa que justamente las mujeres más afectadas por la violencia, las que no pueden pagar un abogado particular, son las que pierden ese apoyo. Ellas necesitan que exista no solamente el SernamEG, sino también el Ministerio de la Mujer para impulsar estas políticas públicas y para implementar este tipo de legislación.

Por eso digo que no basta con la ley. La ley es un paso muy importante, pero si no se implementa con los recursos que implica una legislación de esta envergadura, vamos a volver a este problema una y otra vez, como si todo el esfuerzo legislativo hubiese quedado a medias o incluso, en algunos aspectos, haya sido en vano.

- Y pensando en quienes finalmente viven los efectos de la ley, ¿dirías que ha impulsado un cambio cultural en la ciudadanía? ¿O estamos todavía lejos de eso?

Yo creo que las leyes sí impulsan cambios, y cambios importantes. Hay otros ejemplos en Chile donde las leyes han empujado transformaciones relevantes, como en la participación de las mujeres en política. Si no fuera por la ley de cuotas, los partidos no pondrían candidatas mujeres en la proporción en que están obligados a hacerlo hoy. Y si no hubiese existido la paridad, seguramente no habrían sido tantas candidatas mujeres ni habrían sido paritarios los órganos constituyentes. Porque en las elecciones donde los partidos no están obligados a llevar mujeres, no llevan mujeres. O llevan, abrumadoramente, una cantidad mayor de hombres.

Entonces, volviendo a la ley integral, si bien quizá no está llamada a generar una transformación cultural, sí nos entrega elementos importantes para la cultura: para entender la violencia, para ponerle nombre, para identificar esas cosas que a mí me pasan, que le pasaron a mi amiga, que otra mujer me contó que había vivido y que a veces no sabemos cómo denominar. Yo creo que ahí hay algo súper potente, especialmente porque muchas veces a las mujeres nos cuesta identificar si algo que vivimos es violencia o no, si es algo que yo tengo que denunciar o no. Y en ese sentido, si uno quiere llamarle a eso cambio cultural, yo creo que de todas maneras lo logra.

- Hay quienes dicen que “ahora todo es violencia”.

Es importante nombrar las cosas por lo que son. Y decirle violencia a aquello que es, efectivamente, violencia. Para quienes intentan caricaturizar este tipo de leyes y dicen cosas como ‘ahora todo es violencia’, que sepan que no: no todo es violencia. Pero aquello que sí lo es, hay que denominarlo así. Hay que decirle violencia a la violencia de género, a eso que le pasó a tu amiga, a eso que le pasó a alguien que conoces.

Yo creo que eso es importante, porque por mucho tiempo se asumió que situaciones que son graves –como mujeres que cambian su trayecto al trabajo porque todos los días, en la esquina, hay un hombre que les grita cosas o las persigue; o mujeres que han tenido que renunciar a sus trabajos por hostigamiento o por discriminación– eran cosas menores. Y no lo son.

Esto, de alguna manera, es reparador para más de la mitad de la sociedad que somos las mujeres, que hemos vivido cuestiones que se han minimizado o que han sido objeto de cuestionamiento o incluso de burla. Entonces, me parece muy bien que aprendamos a ajustar el lenguaje, porque con eso también ayudamos a prevenir la violencia.

- ¿Crees que hacerlo puede tener un efecto disuasivo?

Si la norma está difundida, si está mostrada, podría generar el efecto de que una persona diga: ‘Oh, quizás esto que yo he hecho tanto tiempo, sin pensar que estaba dañando a una persona, lo voy a dejar de hacer’. Ahí hay algo que podría, por cierto, transformarse en una excelente herramienta de prevención. Por eso la gravedad de la primera resolución del CNTV. Y es que la educación y la prevención van de la mano.

- Otro de los elementos que la ley incorpora es un enfoque de reparación integral: ¿se está aplicando? ¿Qué falta para que sea efectivo?

Para muchas mujeres, incluso si su causa no llega a una condena a su agresor, por la razón que sea, el solo hecho de que se reconozca en un juicio que lo que le pasó es algo condenable, algo malo, ya comienzan su camino de reparación. De hecho, si tú le preguntas a las mujeres si lo que están buscando con la denuncia es que una persona se seque en la cárcel, la mayoría te va a decir que no, que eso no les importa, porque eso no les devuelve su vida a como era antes de lo que vivieron.

Pero que el Estado, a través del sistema de justicia, reconozca abiertamente en una audiencia que lo que te pasó no es justo, que tú no lo provocaste, que sufriste algo que el derecho castiga, aunque ese castigo no se concrete, ese momento es tremendamente reparatorio. Y eso ha sido estudiado también, no solamente nos lo dicen las mujeres que acuden a nosotras como abogadas. Es un fenómeno muy extendido. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo el sistema de justicia recibió muy mal a las mujeres. Todavía, lamentablemente, cuesta que a las mujeres se les aborde y se reciba su testimonio de manera correcta, que no se les cuestione, que no se les hagan preguntas como: ‘¿Usted había bebido alcohol?’, ‘¿Usted venía de una fiesta?’, ‘¿Qué estaba haciendo sola a esa hora de la noche en tal lugar?’.

Todavía existen lugares , lamentablemente incluso las policías, que son los primeros receptores de denuncias, donde se les cuestiona a las mujeres su relato o se les dice: ‘¿Sabe qué? No vale la pena, ¿para qué va a hacer la denuncia?’. Hay una cultura de impunidad que se expande con ese tipo de conducta.

- Uno esperaría que, a estas alturas, ese tipo de cuestionamientos ya no ocurra.

Nosotras los vemos día a día. Hay muchos estereotipos todavía dentro del sistema judicial, sobre las víctimas, así como también sobre los agresores. Lo hemos visto en varios casos emblemáticos, como el de Martín Pradenas. En un momento uno de los argumentos de su abogado defensor fue que él “no necesitaba violar” porque era muy buen mozo, porque venía de una buena familia y porque tenía educación superior. Se asume que él podría acceder a la mujer que quiera. Pero estos son crímenes de poder, crímenes de dominación. Hoy tenemos mayor acceso a información documentada sobre cómo estos fenómenos realmente ocurren. Tenemos ríos de literatura en criminología y en victimología como para entender que no deberíamos seguir reproduciendo estereotipos, especialmente en el derecho penal y en los delitos sexuales. Pero aun así ocurren.

- Finalmente, ¿qué es lo que hay que fortalecer para abordar mejor estas violencias estructurales?

Yo creo que las brechas más grandes siguen existiendo en el sistema de justicia. Leyes como la ley integral ayudan a impulsar cambios, pero esos cambios deben ir de la mano con una transformación dentro de la cultura judicial. Y ahí no son solamente los jueces y juezas quienes tienen que modificar estos parámetros culturales en los cuales se ha navegado tantos años. Eso es importante, pero no basta: también son todos los actores y actoras del sistema judicial, entre esos también nuestros colegas. Uno no necesita caer en estereotipos ni en discriminaciones para defender a un agresor. No es cierto que no se pueda hacer una defensa feminista, igualitaria, sin caer en estereotipos, incluso tratándose de un agresor sexual.

La ley puede impulsar, pero no va a resolver el problema de la violencia estructural si no existe una voluntad de cambio real, acompañada del presupuesto que eso merece y de los mecanismos de políticas públicas que eso requiere.