Tal como hace treinta años, la agenda legislativa en materia de derechos humanos volvió a exponer una división en el Senado de la República.

Este lunes, en la Cámara Alta se vivieron momentos tensos en la discusión del proyecto de ley de autoría de la diputada Lorena Pizarro (PC) y patrocinada por el Ejecutivo, que regula la declaración de ausencia por desaparición forzada.

Si bien la iniciativa -que crea un registro para que familiares de víctimas puedan pedir certificados con fines civiles y administrativos- fue aprobada y despachada a la Cámara de Diputados, el debate no fue sencillo. De hecho, la oposición pidió 11 votaciones separadas y en la mayoría hubo un resultado reñido.

Además, en el Senado se avecina la discusión de otra reforma compleja, la que permite el cumplimiento alternativo de personas mayores o con enfermedades terminales. Esta otra iniciativa, de autoría del senador Francisco Chahuán (RN), tendría un beneficio directo en algunos condenados por causas de derechos humanos, hoy mayoritariamente recluidos en el penal de Punta Peuco y también en el complejo carcelario de Colina. La apuesta del bloque opositor es votar ese proyecto entre octubre y noviembre en la sala, justo en la víspera de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

El problema es que ambas reformas instalaron un clima de desconfianza entre los principales bloques del Senado. Mientras en la derecha expresaban su temor que el instrumento de la declaración de ausencia sea mal usado, en el oficialismo cuestionaron un intento de chantaje para dar curso al proyecto que favorecería a los presos de Punta Peuco.

En el debate en la sala, el senador Fidel Espinoza (PS) dijo que “un proyecto de ley para dejar libres a esos criminales es un dolor para Chile y su democracia” y emplazó a las bancadas de oposición a retirar “esa iniciativa (para condenados) que ustedes han puesto como condición verla en las próximas semanas, para poder votar este proyecto (sobre detenidos desaparecidos)”.

“Con los derechos humanos no se chantajea”, agregó Espinoza, quien emplazó directamente Chahuán, quien preside de la Comisión de DD.HH. del Senado.

En respuesta, Chahuán negó esas intenciones, pero defendió la tramitación paralela de ambos proyectos. Incluso, junto al presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), el senador viñamarino fue uno de los votos decisivos para que la iniciativa sobre declaración de ausencia fuera despachada casi en su totalidad, a pesar del rechazo en bloque de la derecha.

“Es importante entender que los derechos humanos no pertenecen a un sector político determinado y nuestro deber como parlamentarios es justamente establecer mecanismos que permitan que todos los derechos humanos de cada uno de los chilenos sean salvaguardados”, comentó Chahuán, al ser consultado por La Tercera ante los emplazamientos.

Incluso, el senador de RN añadió que “he sido absolutamente coherente, desde pedir más recursos para el Servicio Médico Legal para la adecuada identificación de los restos que estaban en el servicio, en cajas, esperando años, hasta el apoyo al Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos (impulsado por el gobierno), hasta la necesidad justamente de aprobar la declaración de ausente, que yo la puse en discusión. Hasta temas que dicen relación con cumplimiento alternativos para las personas mayores, denunciando el hacinamiento que he visto en las cárceles de Chile. Hay que entender que la privación de libertad no es igual a la privación de la dignidad”.

Pese a las explicaciones de Chahuán, las sospechas levantadas por Espinoza -de que la oposición intenta amarrar el avance de proyectos de DD.HH., entre ellos los que complementan el Plan de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos- eran compartidas por los otros legisladores oficialistas.

De hecho, la bancada de senadores socialistas, la semana pasada, hizo un punto de prensa colectivo, en una suerte de demostración de fuerzas, para repudiar lo que apodaron como la “ley Krassnoff”, en referencia al brigadier de Ejército (r) Miguel Krassnoff, quien registra cerca de 25 condenas por violaciones a los DD.HH. y que hoy está en prisión en Punta Peuco. Para frenar esa medida, además, anunciaron una reforma constitucional para prohibir la entrega de beneficios carcelarios e indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) también añadió que “tengo la sospecha fundada, por los discursos que dieron algunos senadores de derecha, que buscan tratar de empatar con el proyecto de ley que establece la impunidad para los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad y están presos en Punta Peuco. Intentar eso sería realmente algo vergonzoso”.

Desconfianza

Aunque el proyecto de declaración de ausencia para detenidos desaparecidos era una medida que quedó pendiente de las comisiones de reparación y reconocimiento de víctimas de la dictadura, en la tramitación de esta iniciativa, la oposición dejó en claro que no confía en el buen uso que podría tener esta nueva herramienta jurídica.

En el debate anterior que se dio en la Cámara Baja, en diciembre del año pasado, el diputado Luis Sánchez (republicano) dijo que las violaciones a los DD.HH. eran una verdad histórica, pero -a su juicio- el proyecto de Lorena Pizarro (hija de detenido desaparecido) pretendía disfrazar “una máquina de producción de indemnizaciones y de reparaciones económicas”.

En el debate en el Senado, insinuaciones de ese tipo no fueron tan explícitas. Sin embargo, el senador y presidente de RN, Rodrigo Galilea, planteó una especial preocupación por una norma que, a su juicio, podría permitir la calificación de nuevos casos de detenidos desaparecidos por parte del Ejecutivo.

“Nos parece que es extremadamente delicado, que por actos meramente administrativos se dé la calificación de desaparición forzosa de una persona. Para nosotros es exigencia que eso pase por una sentencia judicial, firme, y no por una querella (presentada por el gobierno, tal como lo estipulaba el proyecto, tras un procedimiento reglado)”.

Pese a la defensa que hizo de esa materia el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), ese fue el único punto que la oposición pudo rechazar al lograr alinear los votos de Chahuán y Ossandón.