Este sábado, se conocieron mayores detalles respecto al proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional” del gobierno del Presidente José Antonio Kast, que espera enfrentar los problemas en materias como vivienda, economía y orden institucional.

El anuncio se realiza en medio de la visita del Mandatario a la comuna de Penco, en la Región del Biobío. La zona resultó particularmente afectada por los incendios forestales este año, con un total de 19 personas fallecidos solo en esta comuna y más de 5 mil viviendas con algún grado de afectación.

Al lugar llegó acompañado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; de Interior, Claudio Alvarado; de Seguridad, Trinidad Steinert; de Defensa, Fernando Barros; y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Ya durante la jornada del miércoles, Kast había firmado un decreto supremo en que estableció cambios en el funcionamiento del comité de reconstrucción, que estaría a cargo del ministro de Vivienda, Iván Poduje, para enfrentar la situación que afectó a las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

En ese contexto, durante esta jornada el gobierno compartió mayores detalles sobre el proyecto de ley de “Reconstrucción Nacional”, el que contaría con 40 medidas centradas en cinco ejes principales: Reconstrucción física, Reconstrucción económica, Reconstrucción institucional, Reconstrucción fiscal y Reconstrucción del orden legal y seguridad pública.

En el primer punto, el gobierno detalla la ampliación y extensión del Fondo de Emergencia Transitorio por incendios, además de una inyección de 400.000 millones de pesos para la atención de los incendios. También se evaluarían medidas complementarias de financiamiento.

En materia económica, el Ejecutivo menciona que el proyecto de ley llevaría a una eliminación transitoria del IVA a la vivienda, una reducción de la tasa corporativa del 27% al 23%, eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un subsidio para la protección del empleo formal y la agilización de permisos ambientales y sectoriales.

En el tercer punto del proyecto de ley se menciona una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Además, se menciona la agilización de concesiones marítimas y mecanismos de reembolso cuando el Estado anula resoluciones propias.

En materia fiscal, entre los principales anuncios estarían ajustes a la gratuidad universitaria, en la que se buscaría restringir su extensión a nuevos deciles y que solo pueda funcionar en estudiantes menores de 30 años. Además, se fortalecerían los sistemas de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE) y se establecería una moratoria para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Finalmente, el último punto involucraría el endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos y mayores sanciones al tráfico ilegal de migrantes.