Por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow por el error que motivó un alza en el cobro de tarifas eléctricas.

Ahora, será el Senado el que deberá pronunciarse sobre la acción presentada por la oposición contra el militante frenteamplista.

En la sesión, que duró cerca de cuatro horas, se decidió que Jaime Mulet, Sergio Bobadilla y Carla Morales integren la comisión que informará al Senado.

Al inicio de la sesión citada a partir de las 10.00 horas, Francisco Cox, el abogado de la exautoridad, no invocó la cuestión previa y se pasó a analizar el fondo del libelo.

Luego que la comisión revisora de la procedencia de la acción votara 3 a 1 en favor del libelo, la Sala de la Cámara Baja escuchó este miércoles la exposición del presidente de la instancia, el diputado Jaime Mulet.

“No puede aceptarse que siga actuando en la función pública”, afirmó Mulet, llamando a aprobar la acción contra el exministro.

Cox expuso a continuación haciendo ver que las acusaciones constitucionales constituyen “mensajes” para las autoridades. En esa línea, el letrado advirtió respecto al mensaje que hay en este caso, afirmando que en la generalización del estándar “se viola” el principio de probidad alegado.

El militante frenteamplista fue acusado de infracción del deber de probidad administrativa por su proceder al detectarse dos situaciones: la doble aplicación del IPC en el cálculo de tarifas que significó un cobro adicional de US$115 millones y el cobro extra de US$100 millones por parte de la compañía de transmisión Transelec.

Los argumentos de las bancadas

Cada bancada de diputados tuvo entre cinco y seis minutos para fundamentar la votación.

Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, aseguró que “el ministro engañó al país por meses”, descartando que su voto en favor de la acusación constituyera una revancha política.

La independiente Camila Musante, de la bancada del Partido por la Democracia, también se pronunció a favor de la acusación, por el efecto de los cobros excesivos en las familias.

Desde Renovación Nacional, Mauro González aseguró que el “exministro Pardow transgredió la Constitución y las leyes”. “Su negligencia y extralimitación llegó a contravenir el propio orden institucional”, dijo.

Camila Rojas, del Frente Amplio, calificó la acusación como una “infamia”. La diputada destacó las cerca de mil páginas de la contestación de su compañero de partido ante el libelo y afirmó que los expertos que comparecieron en la comisión revisora “concluyeron que es improcedente”. En esa línea dijo que su voto es “en defensa de la institucionalidad democrática y en contra de una acusación falsa e indefendible”.

Sergio Bobadilla, de la Unión Demócrata Independiente (UDI) comentó que no le sorprendía que el FA “comunique que van a defender a quien permitió que se le metiera la mano al bolsillo a los chilenos”.

“Tener diferencias políticas no es razón para aprobar una acusación constitucional, menos aún hacerlo por revanchismos internos”, manifestó, a su vez, Alberto Undurraga, de la Democracia Cristiana (DC).

Joanna Pérez de Demócratas dijo que el actuar del ministro en este caso “trasciende el error técnico y alcanza la dimensión de una grave negligencia en el ejercicio de la función pública”.

Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario (PNL) planteó que el Senado debe determinar si hubo o no dolo en el proceder de la exautoridad.

Raúl Leiva, del Partido Socialista (PS), indicó que en la comisión revisora “no se presentó ningún elemento de prueba” sobre la acusación. “No se le puede acusar por hechos que no le corresponden”, sostuvo Leiva.

También intervinieron los independientes Cristián Tapia y Mónica Arce, el republicano José Carlos Meza y el socialista Nelson Venegas.

Los descargos de Cox

“Generalizar este estándar significa que el ministro de Salud tiene que revisar los materiales de pabellón del hospital público y si es que hay una negligencia se le puede atribuir responsabilidad a él. Lo que se está haciendo es pulverizar nuestro ordenamiento jurídico y nuestro Estado de derecho porque se está pasando a llevar la descentralización funcionaria”, afirmó Cox.

El abogado recalcó que la Constitución explicita que las autoridades solo pueden actuar dentro del ámbito de sus competencias y el ministro no tenía atribuciones frente al error metodológico que se venía aplicando desde 2017.

“Puede ser que el honorable diputado Mulet tenga toda la razón con sus críticas al sistema. Pero, por favor, no instrumentalicemos la vida de una persona para reformar un sistema. Creo que aquí es donde se puede reformar (en el Congreso), pero no se puede instrumentalizar y privar de su vocación de carrera académica al señor Pardow, porque el sistema no funciona”, dijo.

Tras despejarse la procedencia en la Cámara de Diputados, el Senado actúa como “jurado” y debe declarar si el acusado es o no culpable de lo que se le imputa.

Si los senadores acogen la acusación, Pardow, que es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años.