Dentro de las bancadas del oficialismo se encendieron las alertas. Luego de que comenzara a circular el informe reservado de la Contraloría General de la República, a solicitud del diputado Daniel Lilayu (UDI), respecto de la intervención quirúrgica que se le practicó a la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, los diputados de gobierno rápidamente comenzaron a evaluar caminos a seguir.

El informe del ente contralor da cuenta de que previo a la intervención quirúrgica de la mujer de 87 años, el asesor de Aguilera, Manuel Nájera De Ferrari, advirtió su ingreso al Hospital El Salvador, lo que motivó que se establecieran “coordinaciones internas” entre autoridades de salud.

El informe sostiene que Nájera De Ferrari se comunicó por distintas vías con Jorge Zajjur Castro, director del hospital, quien estaba de vacaciones; la directora subrogante, María Elena Sepúlveda Maldonado, y con Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia. Finalmente, se indica que “aproximadamente a las 14:30 de la tarde, el jefe de asesores de la ministra de Salud se presentó en la oficina de la Dirección, entrevistándose con la directora (S) del Hospital, e informándole a esta última que la ministra de Salud arribaría a ese recinto asistencial”.

Según Contraloría, esto podría infringir el artículo 62 de la Ley N° 18.575, al contravenir el principio de probidad administrativa.

Esto, activó a la derecha y revelaron las primeras ofensivas que se están barajando al interior de los bloques. El primero de ellos fue el propio Lilayu, quien aseguró que “ante la gravedad de lo constatado por la Contraloría, como bancada UDI estamos evaluando enviar antecedentes al Ministerio Público, para que se investigue la posible existencia de un tráfico de influencias a raíz de todos los llamados y gestiones que hubo por parte de un asesor del ministerio”.

En ese contexto, desde la UDI transmiten que, de momento, no avanzarían en una acusación constitucional hasta conocer los resultados de la investigación del Ministerio Público.

En esa línea, Lilayu advierte que “no vamos a dudar en ejercer todas las acciones que tengamos a nuestro alcance hasta que se esclarezcan completamente los hechos y se establezcan todas las responsabilidades que correspondan”.

Desde RN, en tanto, el diputado Andrés Celis, sostuvo que una de las herramientas que puedan activar es la acusación constitucional “porque la contralora señala que se transgrede el principio de probidad y la Constitución porque no cumple la igualdad ante la ley”.

Junto con ello, el diputado integrante de la comisión de Salud, agregó que otro camino es la querella por tráfico de influencias.

De igual manera, el legislador representante de Valparaíso agregó que recién por estos días se iniciaría una conversación entre las bancadas del oficialismo para afinar una ofensiva conjunta.

La diputada Macarena Santelices (republicana), integrante de la comisión de Salud, si bien aseguró que es un tema reciente para tener una definición concreta, agregó que “nosotros siempre estamos analizando todas las facultades fiscalizadoras que nos otorga la Constitución”.

Sin embargo, la bancada del Partido Nacional Libertario, es una de las que más señales muestra de plegarse a un libelo acusatorio. Su titular, Cristóbal Urruticoechea, afirmó que “hay certeza que aquí se concurrió en un acto completamente anormal y que hubo un abuso de poder y de autoridad”.

Y agregó: “Ante cualquier situación como esta, lo normal es tomar toda la potestad legal que tiene la Cámara de Diputados para efectuar una acusación contra una autoridad que ha usado malamente su poder”.

Aunque reconoció que la acusación constitucional es un recurso de ultima ratio, agregó que “ante una situación como esta es muy difícil no tomar decisiones categóricas”.

Si bien Aguilera ya no ejerce como ministra de Estado, la Constitución le permite a los diputados presentar una acusación contra un exministro hasta tres meses después de haber dejado su cargo.