Por siete votos a favor, seis en contra y ninguna abstención, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados aprobó la tarde de este martes el proyecto que regula la interrupción voluntaria del embarazo, lo que permite que la presidencia de dicha instancia deba fijar un plazo para formular las indicaciones correspondientes.

La iniciativa ingresada por el gobierno responde a un compromiso presidencial y busca despenalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de invocar causales específicas, estableciendo mecanismos para asegurar información oportuna y atención rápida.

La instancia comenzó con cierta tensión. A los pocos minutos ya habían cruces entre los parlamentarios.

En concreto, el diputado republicano Agustín Romero cuestionó la decisión de votar hoy la iniciativa, argumentando que, a su juicio, aún “hay varias organizaciones que no han sido escuchadas”.

El punto fue respondido de inmediato por la diputada Helia Molina (PPD), quien se encontraba reemplazando la presidencia de su par Patricio Rosas (FA).

“A mí me consta que a lo largo de todo el proceso que hemos venido trabajando distintas leyes, siempre se ha escuchado a todas las opiniones y en el tema de esta ley hemos tenido varias reuniones extraordinarias para escuchar audiencias, tratamos de escuchar distintos espacios”, dijo.

En esa línea agregó que se inscribieron 120 instituciones, y que por lo mismo, ante la alta demanda, era “imposible” darle espacio a todos.

Romero replicó: “Yo quiero recordar que en la Cámara de Diputados somos 155 diputados ¿Cuántos vamos a hablar? ¿Algunos o todos? O sea, cuando me dicen que hay 120 inscritos para hablar, me parece que es mucho menos de incluso lo que falta para que hablemos los 155 parlamentares que tenemos derecho a hablar (...) O sea lo que estamos diciendo acá es que los diputados tienen más derecho a hablar que la ciudadanía... ¿Eso es lo que se está diciendo?“.

A la discusión se sumaron los diputados opositores Sara Concha (Partido Social Cristiano) y Daniel Lilayu (UDI), quienes respaldaron la postura del republicano.

Minutos después, la parlamentaria comunista Karol Cariola tomó la palabra y reprochó el reclamo de los diputados que la antecedieron.

“A mí me parece que en vez de discutir en términos generales el proyecto que está en discusión y que está convocado para ser votado, estamos discutiendo un tema de forma que está resuelto por el reglamento. Acá el presidente de la comisión citó para votar este proyecto de ley. Sin duda que siempre es bueno que se escuche la mayor cantidad posible, pero este proyecto ingresó en mayo del año pasado y esta comisión se ha tomado varias sesiones para poder escucharlo”, sostuvo.

Voto a favor

Entre los parlamentarios que votaron a favor, la diputada Ana María Gazmuri (AH), detalló que “estamos dando un paso adelante para hacer justicia para las mujeres chilenas, para avanzar en su derecho sexual y reproductivo (…) Esto tiene que ver con criminalizar la pobreza, tiene que ver con la realidad que viven las mujeres más pobres, más carenciadas, porque tal como aquí se ha dicho, quien tiene recursos y decide abortar puede hacerlo“.

“Tenemos que terminar con esta verdadera distinción de clase, que se hace el acceso a un derecho sexual y reproductivo. Es ahí que nos queda una larga discusión por delante, se van a escuchar otras opiniones, pero al menos, tardíamente, creo que debería haberse hecho antes en este periodo, damos inicio a esta discusión pendiente, y empezamos así a saldar una inmensa deuda pendiente con las mujeres de Chile”, agregó.

En la misma línea, la diputada Marcela Riquelme (IND.) explicó que “más de 40 mil mujeres mueren al año en el mundo producto de un aborto clandestino. Pero esa no es la única consecuencia. Más de 5 millones quedan con lesiones permanentes que afectan su vida, su integridad física, psicológica, incluso su fertilidad. Eso es un problema de salud pública. Cuando hablamos de que hay mujeres que terminan con su integridad dañada producto de un aborto clandestino, no podemos cerrar los ojos. Eso se llama salud pública”.

“El aborto existe, sí existe. Quien diga que no es así, no conoce la realidad del mundo de nuestro país. Entonces, ¿qué aborto es legal? ¿El que tiene plata?. Eso ya no es un problema de salud pública, es un problema de justicia social cuando no se respeta y no se es equitativo con los derechos de todas las mujeres de nuestro país”, postuló.

Por su parte, el diputado Hernán Palma (IND.) sostuvo que “el grado de cinismo en la sociedad chilena no tiene límite. Sabemos que las personas adineradas se pueden hacer aborto en el extranjero”.

“Sabemos que las personas adineradas pueden disfrazar el aborto y recuerdo que hace algunos años atrás, una querida ministra tuvo que abdicar de su cargo por osar decir que los abortos se disfrazaban en algunos sectores de Santiago (en alusión a la presidenta de la instancia, Helia Molina). Detrás de esto se criminalizan las personas más vulnerables. Sin duda alguna”, acotó.

Por último, la diputada Helia Molina (PPD) intervino en la sesión, asegurando “yo no soy una persona pro aborto. Yo soy una persona que tiene que reconocer los derechos de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Toda Europa tiene el aborto legalizado. Turquía, que es uno de los países que uno pensaría que son más conservadores, también tiene. Entonces miremos al mundo”.

“Las mujeres tenemos mucho más derechos que un feto de 10 semanas, en términos de los que somos un ser humano ya, porque los derechos humanos solamente valen para los que ya nacieron. No estoy de acuerdo, me duele, pero esa es la realidad”.

Voto en contra

En tanto, de los representantes de la Cámara Baja que se manifestaron en contra, la diputada María Luisa Cordero (IND), planteó que “no hay nada hay más oscuro y canallesco que un aborto provocado. Yo lo digo como médico, por haber sido testigo de haber tenido que recibir un niño que nació vivo en un aborto provocado. Y la otra cosa que me explicó una colega (…) me hizo entender que nuestro destino femenino está ligado a la preservación de la vida. La gran patología femenina comienza en el siglo XX y todavía suele presentarse es que la madre para poder salvar a su bebé aumenta su presión arterial”.

“De modo que a mí, con la píldora del día después, con los anticonceptivos que cada vez tienen menos efectos secundarios, me parece insólito que una mujer que no sea inhábil, si es loca o demente, yo a ella le perdonaría que se haga un aborto. Pero una persona racional y lúcida, que disfrutó un coito y se embarazó, por ningún motivo”, señaló.

Sumado a ella, el diputado Agustín Romero (Rep.) votó en contra arguyendo que “una sociedad que relativiza el valor de la vida humana, especialmente la más indefensa, comienza a perder el fundamento moral que sostiene su convivencia”.

“Las mujeres que enfrentan embarazos difíciles no necesitan que el Estado les ofrezca aborto como única salida. Necesitan apoyo, acompañamiento y redes de protección reales”, añadió.

Misma visión compartió el diputado Daniel Lilayu (UDI), quien expuso que “en salud, nuestra misión es proteger la vida, no terminarla (…) La cruel verdad es que el aborto libre hasta las 14 semanas no es más que dar una libertad para quitar la vida. Y yo jamás voy a legislar ni voy a estar a favor de eso”.

“Cada aborto es un chileno o chilena menos. Es un chileno que no logra disfrutar del derecho más básico, que es el derecho a la vida. Como médico no puedo aceptar que una Comisión de Salud autorice a que se aborte libremente a niños de hasta 14 semanas de gestación. Esto es evidentemente un gustito ideológico del gobierno, claramente para dividirnos en tiempos en que Chile más nos necesita unidos”, sentenció.