Ante las serias advertencias de partidos y parlamentarios de derecha que han deslizado la posibilidad de disolver el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la bancada de diputados de RN presentará en los próximos días un proyecto de ley para hacer “una profunda modernización” a la entidad.

La propuesta de los legisladores de Renovación Nacional se distancia de aquellos dirigentes, entre ellos el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que han abogado por “eliminar” al INDH, y también de sectores de izquierda que se han atrincherado en una defensa cerrada del instituto.

La iniciativa, según explican sus autores, buscaría fortalecer el pluralismo, la legitimidad y la transparencia del organismo, luego de la controversia política que generó la postura de los consejeros de INDH contra Ley Nain-Retamal, que surgió de una moción de RN.

Los parlamentarios de esa colectividad recalcan que esta reforma “no busca debilitar al INDH, sino fortalecerlo”.

Entre los ejes centrales del proyecto destaca un ajuste a la composición de su consejo para equilibrar la representación e incorporar una mayor participación del mundo académico.

Asimismo, se establecen mecanismos para garantizar que las posiciones minoritarias queden debidamente registradas en actas e informes, promoviendo una deliberación más transparente y representativa.

En materia de acciones judiciales, la iniciativa fija un estándar más exigente para la presentación de querellas, requiriendo un quórum de dos tercios del consejo.

En caso de no alcanzarse dicho consenso, se permitirá su aprobación por mayoría simple, pero estableciendo responsabilidad solidaria en el pago de costas para los consejeros que adopten dicha decisión, reforzando así la responsabilidad institucional en el uso de estas herramientas.

El proyecto también incorpora medidas robustas de transparencia y rendición de cuentas, obligando al director y al Consejo del INDH a comparecer al menos dos veces al año ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Además, se establece la publicidad de las actas, el detalle de las votaciones, la incorporación de indicadores objetivos en el informe anual —incluyendo resultados judiciales— y la creación de un registro público de todas las acciones judiciales del organismo.

En el ámbito de la probidad, se fijan normas estrictas sobre conflictos de interés, obligando a los consejeros a abstenerse en decisiones donde tengan vínculos personales o profesionales, así como una inhabilidad para quienes hayan tenido vínculos políticos recientes, resguardando la independencia del Instituto.

Otro aspecto relevante es la regulación del rol de los observadores de derechos humanos en manifestaciones públicas, estableciendo la obligación de entregar antecedentes al Ministerio Público en un plazo acotado, junto con la exigencia de protocolos claros de actuación basados en principios de objetividad y colaboración con la justicia.

Finalmente, se fortalece el mecanismo de remoción de consejeros, permitiendo que un tercio de los diputados en ejercicio pueda solicitar su destitución ante la Corte Suprema, clarificando además el procedimiento respectivo en línea con los principios de un debido proceso.

La diputada y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), dijo que “la intención de esta reforma está muy lejos de debilitar o poner fin al Instituto Nacional de Derechos Humanos”.

“Muy por el contrario, lo que buscamos es fortalecerlo y devolverle la credibilidad que hoy se ha visto cuestionada. Creemos firmemente en la importancia de contar con una institución sólida en materia de derechos humanos, pero también en que esa labor debe ejercerse con objetividad, sin sesgos ideológicos y con estándares claros de transparencia”, comentó.

El diputado Andrés Celis (RN) comentó que “este proyecto de ley es de todo sentido común, y queremos velar para que el Instituto de Derechos Humanos, primero, actúe con mayor pluralidad del consejo que lo dirige. En segundo lugar, buscamos mayores normas de transparencia, que regulen los conflictos de intereses, y que puedan dar cuenta ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados”.

“Queremos garantizar que el consejo y el Instituto de Derechos Humanos se regulen por normas que hoy día imperan para distintas instituciones que están dentro del estado”. añadió Celis.