Política

Diputados republicanos y UDI impulsarán comisión investigadora por presunto tráfico de menores desde Haití

Los parlamentarios oficialistas dieron a conocer -por ahora de manera separada- que impulsarán este espacio que apunta a indagar el ingreso de niños haitianos a Chile. Eso sí, republicanos considera una investigación más amplia sobre el ingreso irregular de ciudadanos haitianos a nuestro país: desde el segundo gobierno de Bachelet hasta el de Boric.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Este lunes se dio a conocer que el Servicio Nacional de Migraciones ingresó una denuncia penal ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en el contexto de una serie de vuelos chárter provenientes desde Haití en el 2025 para “reunificación familiar”, en los que habrían ingresado a Chile un número indeterminado de menores haitianos sin el adecuado control.

En la acción judicial se señala que al menos 12 adultos -chilenos y extranjeros- ingresaron, entre enero y abril de 2025, en reiteradas ocasiones al país como supuestos adultos responsables de grupos de entre 2 y 18 niños y adolescentes provenientes del país centroamericano.

Por eso, desde el Ministerio Público ya se inició una investigación para determinar eventuales faltas administrativas o delitos, así como las correspondientes responsabilidades.

Es bajo ese marco que los diputados republicanos y la UDI anunciaron -por ahora de manera separada- que impulsarán la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) por el caso.

Eso sí, la de republicanos considera una investigación más amplia: “Iniciaremos una CEI para esclarecer los hechos sobre la inmigración irregular de ciudadanos haitianos desde 2014 a la fecha, en especial en lo que respecta a niños y eventuales vulneraciones a los derechos fundamentales de estos”, es decir, incluirá “los periodos de la expresidenta Bachelet hasta el expresidente Boric”, se lee en un post de X del jefe de la bancada, Benjamín Moreno.

Por su parte, desde la UDI, los diputados Natalia Romero y Mario Olavarría, señalaron que “esto puede ser la punta del iceberg de una eventual red de trata de menores que necesitamos esclarecer con urgencia. El Estado tiene la obligación de determinar responsabilidades administrativas, políticas y penales, además de garantizar la protección efectiva de cada niño y adolescente involucrado”.

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