Los diputados Andrés Longton y Paula Labra (RN), ambos integrantes de la comisión investigadora sobre la Fundación Salvador Allende, anunciaron que citarán a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, con el fin de esclarecer los recursos públicos transferidos a dicha entidad en los últimos años.

La decisión fue motivada por antecedentes relativos a un contrato suscrito en 2004 entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), por una deuda saldada en 2015 mediante la entrega de 93 obras de arte valorizadas en 800 mil dólares.

Sin embargo, según consignó El Mercurio, pese a que los cuadros fueron otorgados legalmente a la institución, hasta la fecha no han sido entregados físicamente a la entidad pública con el argumento de que el servicio no cuenta con la capacidad para resguardar las obras.

“El vínculo estrecho que existe entre esta fundación y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural nos obliga a exigir claridad”, sostuvo Labra, añadiendo que “citaremos a ambas autoridades a la Comisión de Cultura para que expliquen cada uno de los traspasos de recursos realizados desde 2022 a la fecha”.

Por su parte, el diputado Longton —quien preside la comisión investigadora— cuestionó la legalidad de la operación, indicando que “en su momento diputados de RN llevaron este caso a Contraloría, ya que Hacienda no autorizó una transacción que requería su aprobación por ley”.

Asimismo, apuntó a un supuesto trato preferencial hacia la familia del expresidente, afirmando que “regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado”.

En esa línea, Longton propuso que “se deje sin efecto el contrato mediante la nulidad de derecho público” y planteó que las obras de arte sean resguardadas por el Ministerio de Cultura. Incluso, solicitó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei que incluya la recuperación de dichas piezas en su agenda programática.

“No permitiremos que se siga beneficiando a la familia Allende con fondos públicos”, sentenció Labra.