El dilema de Evópoli

El partido tuvo un debate interno, durante dos semanas, para ver si recurrían al TC por la objeción de conciencia. Detrás del análisis estaba el riesgo de dar una "señal confusa".


Varias reuniones de la directiva y otros encuentros entre los diputados, el senador Felipe Kast y el presidente del partido, Hernán Larraín Matte. En esas instancias, la colectividad estuvo centrada en un debate en privado y que se prolongó por dos semanas.

Al interior del partido reconocen que la decisión de la UDI y RN de presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional contra el reglamento sobre objeción de conciencia, en el marco de la ley de aborto, los complicó: Evópoli -admiten sus parlamentarios y dirigentes- no tenía claro si acudir también al TC, porque la acción -explican- se podía interpretar como acudir en contra de la ley de aborto, que varios en la colectividad apoyan.

Así, en un primer momento la presidenta UDI, Jacqueline van Rysselberghe, le consultó al senador Kast si ellos se sumarían al recurso que los miembros de Chile Vamos en la Cámara Alta preparaban para ir al TC. La respuesta de Kast fue que eso estaba en evaluación. La misma respuesta le dio el jefe de bancada de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, a su par gremialista en la Cámara, Javier Macaya.

En ese marco, y cuando la UDI y RN ya hicieron pública su intención, Evópoli discutía qué hacer. Al principio, según describen al interior del partido, había opiniones divididas, aunque otros en la colectividad sostienen que pronto se convencieron de la necesidad de actuar. Así, la idea inicial de Evópoli era presentar únicamente un "téngase presente" al TC y no sumarse a un requerimiento como el que preparaban la UDI y RN. Esto, para no aparecer como intentando atacar la ley de aborto con una ofensiva mayor ante ese organismo. Sin embargo, en la discusión hubo varios que advirtieron la necesidad de recurrir al TC para "defender un principio", mientras otros hacían ver sus aprensiones.

El dilema en el que estuvo centrada durante dos semanas la discusión interna era si ir al TC para defender el principio de la libertad de los cuerpos intermedios de la sociedad o evitar esa acción para no generar un mensaje "confuso" ante la ciudadanía. Esa fue la principal complejidad que se abordó internamente y sobre la que se terminó, finalmente, decidiendo por sumarse al requerimiento. Para eso pesó -dicen- la declaración de principios de Evópoli, específicamente el punto número 2: "El Estado siempre está al servicio del ser humano. El orden social desde los individuos y la sociedad civil hasta el Estado deben regirse por los principios de subsidiaridad activa y solidaridad".

La idea, en todo caso, fue asegurar que el requerimiento no se vea como una ofensiva contra el aborto. Esto, asumiendo que habría una confusión en la opinión pública sobre el verdadero carácter "liberal" que ha impulsado Evópoli . Y así lo graficó la discusión que se abrió tras las críticas del rector de la UDP, Carlos Peña.

La advertencia se la planteó Cruz-Coke a Macaya y al jefe de bancada de RN, Leopoldo Pérez. A ellos se les hizo ver la necesidad de que el escrito estuviera centrado en la defensa de la libertad de los cuerpos intermedios y en el principio de subsidiariedad.

"Efectivamente hubo un debate interno. La conclusión fue que, independiente de una posible confusión en el mensaje, debíamos defender un principio fundacional para Evópoli, y también de Chile Vamos: la libertad de asociación y la autonomía de la sociedad civil", explica Larraín Matte, mientras que Cruz-Coke sostiene que "teníamos que definir si estábamos dispuestos a correr el riesgo de que se interpretase que defender que la objeción de conciencia se trataba de incumplir una ley, como en este caso es la ley de aborto, o defender con total decisión que la autonomía de los grupos intermedios y su libertad estaba puesta en tela de juicio por un dictamen de Contraloría que consideraba que por el mero hecho de tener un convenio de transferencias de recursos con el Estado, ello habilitaba a obligar a cualquier prestación que dispusiera". Según relata, "sabíamos que podía confundirse como un giro conservador, que no es tal, y que esta decisión implicaría dedicar parte importante de la discusión pública a ser muy didácticos acerca de que estamos recurriendo al TC por las razones precisas que señalamos y no para impedir que una ley legítimamente aprobada en el Congreso se realice".

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