Tras reconocer la falta de experiencia para enfrentar el caso de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior acusado de abusar sexualmente de una de sus asesoras, el gobierno del Presidente Gabriel Boric se dispuso a trabajar en la creación de un protocolo para enfrentar denuncias de ese calibre.

La idea fue propuesta por la entonces ministra del Interior, Carolina Tohá, ante el Mandatario y el resto del comité político. Sin embargo, su éxodo del gobierno, para representar al Socialismo Democrático en la primaria presidencial de este 29 de junio, llevó a que fuera el ahora jefe de gabinete, Álvaro Elizalde, quien el 22 de mayo estampara su firma en el documento titulado “Protocolo de actuación en caso de imputación de simples delitos y crímenes”.

El escrito, al que tuvo acceso La Tercera, consta de cinco páginas y tres capítulos, donde se hacen recomendaciones para enfrentar acusaciones como las que se presentaron contra Monsalve: la interposición de una denuncia ante sede penal, la iniciación de un procedimiento disciplinario interno y la solicitud de renuncia al cargo.

La idea comenzó a ser trabajada por la división jurídica de la cartera, que en ese momento lideraba de forma subrogante el abogado José Ignacio García.

La reacción del gobierno de Boric para enfrentar el caso Monsalve fue, a todas luces, errática, lo que desencadenó una de las crisis más importantes para esta administración, que llegó al poder bajo la idea de un sello feminista.

Por eso, fue la propia Tohá, el 25 de noviembre en la comisión investigadora de la Cámara, quien protagonizó la autocrítica más dura, al advertir que no estaban preparados para una polémica de esta magnitud y que como gobierno “improvisamos, no estaba en nuestros planes”.

Un cortafuegos para el Presidente y fin del “criterio Tohá”

Uno de los errores por los que más se ha emplazado al gobierno ante el caso Monsalve es la decisión de Tohá de llevar la polémica hasta la oficina del propio Boric. Esta idea se la han enrostrado a la exministra incluso en el marco de la campaña presidencial.

Por ejemplo, en el debate organizado por La Tercera y radio Duna, el abanderado Jaime Mulet (FRVS) afirmó que “el hecho de que le llegue el tema a su escritorio (de Boric) sin solución, yo creo que ahí el gobierno cometió un error y creo que es una oportunidad también de señalarlo. Es un tema que debe resolver el ministro del Interior (...). Al Presidente se le tiene que llegar con la solución tomada, porque creo que de alguna forma esto perjudicó al Presidente”.

Frente a las críticas, cuando el protocolo fue presentado se planteó que el documento serviría como un cortafuegos para evitar que estas polémicas lleguen hasta el Presidente y afecten a su figura, como ocurrió con el caso Monsalve, donde el Mandatario incluso terminó dando una errática conferencia de prensa de 53 minutos.

Por eso, el texto establece que los casos de denuncias serán manejados por la repartición a cargo y se dará la posibilidad de solicitar la renuncia a la autoridad acusada “antes de que se produzca la formalización, debiendo, en todo caso, asegurarse que, al momento de la renuncia, ya se haya iniciado el procedimiento disciplinario correspondiente”.

Esto implica un cambio con respecto al denominado “criterio Tohá”, en el que se determinó que una autoridad acusada ante la justicia dejaría el cargo solo en caso de que sea formalizada. Esta instrucción permitió, por ejemplo, que el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez permaneciera en su puesto hasta su retiro, pese a ser investigado por el Ministerio Público por omisión de delitos en el marco del estallido social.

La nueva forma de enfrentar las denuncias contra autoridades es parte del tercer capítulo del protocolo del Ministerio del Interior.

En el primero, por otro lado, se especifica qué debe hacer la autoridad a cargo, o cualquier funcionario de la repartición, en el caso de tomar conocimiento de un posible delito o crimen.

“Los funcionarios públicos tienen la obligación legal de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus funciones dentro del plazo máximo de 24 horas desde conocidos los hechos”, narra el documento, el que también detalla que esa acusación se presentará ante la PDI, Carabineros o el Ministerio Público y que se tendrán que remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado.

Además, en caso de que se estime “que no existen suficientes antecedentes o claridad al respecto para efectos de interponer una denuncia penal”, se tendrá que “instruir inmediatamente la apertura de un procedimiento disciplinario, para que, una vez que se tengan antecedentes suficientes, se presente la denuncia”.

La acusación tendrá que contener la identificación y el domicilio del denunciante, de quien haya cometido el delito y la narración de los hechos.

El segundo capítulo del protocolo se centra en las labores administrativas que se deberán emprender para encauzar institucionalmente la polémica.

Esto, principalmente pensando en el inicio de un sumario administrativo para enfrentar el caso internamente. En este apartado se distinguen los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, donde se tendrá que “analizar la plausibilidad de los hechos denunciados”, y los que se cometen fuera de las funciones, ante lo que se dictamina que “se deberá analizar la gravedad de los mismos, y si estos comprometen alguno de los deberes funcionarios”.

Además, este apartado apunta a que también se tendrá que solicitar a la Contraloría “que instruya y tramite el respectivo procedimiento disciplinario y proponga la sanción, absolución o sobreseimiento de la autoridad sumariada”.