Un flanco interno abrió para La Moneda el debate presupuestario de los fondos que recibiría el Presidente de la República, Gabriel Boric, una vez que deje La Moneda a partir del 11 de marzo de 2026.

Además de la fuerte objeción que levantaron parlamentarios de oposición, diputados de la alianza de gobierno han comenzado a sincerar sus dudas y su eventual rechazo a estos recursos defendidos por el Ejecutivo.

El proyecto de la Ley de Presupuestos de 2026 agrega 151 millones a los dineros que tradicionalmente entrega el Estado a los exmandatarios (Michelle Bachelet, Eduardo Frei y Ricardo Lagos), que corresponden proporcionalmente a lo que recibirá Boric, entre el 11 de marzo y el 31 diciembre, con la posibilidad de que ese monto se renueve todos los años de por vida.

Son alrededor de 17,6 millones de pesos mensuales brutos (calculados por nueve meses para Boric), que se desglosan en 7,3 millones para una dieta (renta personal) y otros 10,3 millones para financiar oficinas, personal y viajes (asignaciones). Estas cifras, en todo caso, aún no son detalladas, además que especialmente las asignaciones son un fondo variable que se paga como reembolso.

El problema es que en la reciente discusión en la Cámara de la reforma constitucional que buscaba regular estos fondos, se reveló que solo las dietas (7,3 millones) están avaladas en la Constitución (la Ley 19.672, que creó el llamado “estatuto de expresidente”), pero las asignaciones (los otros 10, millones) dependen de la discusión anual de la Ley de Presupuestos.

Por lo tanto, según una interpretación asentada entre los diputados, que además está respaldada por la opinión técnica de las secretarías de la Cámara y el Senado, las asignaciones (también llamados gastos de secretaría o de representación) serían gasto variable y se podrían rechazar.

El Ejecutivo, sin embargo, en palabras de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), interpreta algo distinto y sostiene que todos los fondos para los expresidentes (dietas y asignaciones) están respaldados por la Ley 19.672. Jurídicamente eso implica que estos dineros no se podrían rechazar en la discusión presupuestaria al estar resguardados como “ley permanente”.

Desatada la polémica, algunos diputados oficialistas cuestionan la lectura expansiva del gobierno.

“El Presidente Boric debería dar una instrucción clara al ministro de Hacienda de no hacer leyes de amarre. Eso es propio del general (Augusto) Pinochet”, declaró molesto, en forma escueta y sugerente, el diputado Jaime Araya (independiente PPD), quien sería uno de los representantes oficialistas que no apoyarían al gobierno en esta oportunidad.

“Yo voy a votar en contra. Esto no corresponde... No es la realidad, sobre todo cuando estamos en tiempos de vacas flacas. Tenemos que cuidar nuestros recursos y destinarlos donde corresponden, en seguridad, en salud, en educación, y no en una dieta permanente o asignaciones permanentes para el Presidente de turno”, agregó el diputado Rubén Oyarzo (radical).

Otro de los miembros de la alianza gubernamental que ya anunciaron sus resparos es el diputado Tomás Lagomarsino (radical). “Los recursos tienen que estar para la atención de las personas. Aquello no responde claramente adonde se atienden las personas y donde finalmente tienen que estar los recursos fiscales. Los recursos fiscales no tienen que estar en un gabinete para un expresidente, sino que tienen que estar en un Cesfam, en la urgencia de un hospital, en un colegio”, dijo.

Conflicto constitucional

Hasta este año el gasto para los expresidentes estaba cuantificado en $679 millones anuales, por lo que, a partir de 2026, se añadieron 151 millones (un 22,3% adicional) para la nueva investidura de expresidente de Boric.

“Considera recursos de continuidad para el financiamiento de los tres expresidentes que actualmente existen (Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet), donde se incluyen dietas, traslados y funcionamiento de oficinas. Además, incluye recursos para el financiamiento por 9 meses del Presidente Boric, una vez concluido su periodo presidencial”, dice el documento de la Dipres en el que se detallan los recursos dispuestos en la partida del Congreso Nacional (N. del R.: desde el año 2000 estos fondos son parte del presupuesto del Senado, ya que antiguamente los presidentes de la República pasaban a ser senadores vitalicios).

Sin embargo, la mayor disposición de recursos, que ascenderán a $830 millones, provocará un conflicto constitucional, entre quienes creen que las asignaciones se pueden rechazar o reducir, versus la posición oficial de La Moneda que plantea que esos dineros no se pueden tocar.

“El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente”, dice la Carta Fundamental en su artículo 67.

El diseño jurídico del gobierno, además, fue reforzado por la ministra Vallejo. En su habitual vocería de los lunes, la portavoz de Palacio aseguró que “esto es un mandato constitucional, y es a través de la Ley de Presupuestos que se cumple el mandato. Aquí no hay ninguna innovación, todos los expresidentes por mandato constitucional tienen una dieta, y la ley tiene que aplicar ese mandato”.

No obstante, en 2020 mediante una reforma de la que Boric fue autor como diputado, eliminó el concepto “asignaciones” de la Constitución, junto con crear un nuevo mecanismo para rebajar las remuneraciones de las autoridades.

De hecho, un informe del entonces fiscal del Senado, Javier Norero, recomendó eliminar el pago de las asignaciones a los exmandatarios.

Sin embargo, el Senado reveló que ese mismo año se hizo un informe más acabado que concluyó que se podían seguir pagando esas asignaciones, en la medida en que hubiera un acuerdo administrativo de las bancadas, amparándose en la Ley de Presupuestos y en normas de la Ley Orgánica del Congreso que permiten administrar recursos.

“Él (Boric) hoy día quiere que sea una ley permanente para que esto no tenga discusión nunca más, se quiere asegurar de por vida”, aseguró el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, quien agregó que “si es que hay que ir al Tribunal Constitucional, iremos”.

El diputado Diego Schalper (RN), por su parte, calificó de “inaceptable” el diseño legislativo del gobierno. “Saben perfectamente que las asignaciones no tienen fundamento ni legal ni constitucional”, añadió. Y lanzó: “O lo cambian o tendremos un conflicto que podría terminar incluso en el Tribunal Constitucional”.