El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, señaló este viernes que no existen indicios de que el próximo gobierno, que será encabezado por José Antonio Kast, pretenda abandonar el Plan Nacional de Búsqueda, una de las iniciativas emblemáticas de la cartera, creada para recoger las trayectorias de los detenidos desaparecidos en dictadura.

En conversación con Radio UCHILE, el secretario de Estado fue consultado sobre el cambio de mando y la política de derechos humanos que esta administración ha llevado adelante. En primer lugar, Gajardo lamentó que en la última elección presidencial que surgieron voces que relativizaron que “la dictadura haya sido una dictadura, la tortura, que la justificaron o que consideraron que era necesario o imposible de impedir. Entonces, lamentablemente, hemos tenido un retroceso en el discurso público”.

Luego al ser requerido sobre si creía que el Plan Nacional de Búsqueda podría estar en riesgo teniendo en cuenta que el próximo ministro de Justicia, Fernando Rabat, fue uno de los defensores de Augusto Pinochet y que organizaciones de derechos humanos criticaron ese nombramiento, Gajardo señaló: “No hemos visto ningún indicio del nuevo gobierno de que no vaya a mantener el Plan Nacional de Búsqueda. Y eso yo creo que es una buena noticia. Ni lo vimos durante la campaña”.

“Y cuando nosotros hagamos el traspaso con el nuevo gobierno, en particular con el nuevo ministro de Justicia, nosotros le vamos a entregar todos los antecedentes y no tengo ningún indicio de que no vaya a continuar. Y respecto al nombramiento del nuevo ministro, yo ya conversé con él telefónicamente, tuvimos una primera conversación. Con esa conversación me quedo con una excelente opinión respecto de él. Y además, a nosotros no nos corresponde referirnos a quién nominó o no el Presidente de la República", añadió.

Gajardo responde a Campos

El titular de Justicia también se refirió a las declaraciones de uno de sus antecesores en el ministerio y próximo ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien señaló que el cambio que hizo el gobierno para que Punta Peuco sea un penal común y no un penal exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos fue una modificación “cosmética”.

“Sin polemizar con el nuevo ministro de Agricultura, está muy lejos de ser un cambio cosmético o un cambio simbólico”, respondió Gajardo.

“En nuestro caso, las cosas son como son y no como uno quiere que sean y nosotros no teníamos ninguna posibilidad de cerrar ningún establecimiento penal. De hecho, la prueba de ello es que hemos reaperturado, ampliado y estamos construyendo más cárceles. Dicho eso, lo que sí podíamos hacer es terminar con la condición especial del establecimiento Punta Peuco y que en ese lugar hayan personas que cumplan ciertas características, por ejemplo, personas mayores, pero no por el tipo de delito”, argumentó.