El ajuste al Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) se convirtió en pocos días en el primer flanco político del gobierno. La combinación de impacto directo en el costo de vida y una implementación en fases mantiene en alerta a la oposición y ha tensionado el debut del equipo económico.

En La Moneda reconocen que se trata de una medida “incómoda”, pero inevitable principalmente por la naturaleza del conflicto: la guerra en Medio Oriente. “Cuando uno se ve sometido a una situación que no depende de uno y que lleva el valor, en este caso del petróleo, al doble de su precio por algún hecho inesperado, claro que uno tiene que tomar medidas de ajuste. Pero no, hay que hablar con la verdad. Una salida populista podría ser que vamos a mantener las cosas como están”, dijo el domingo en La Tercera el Presidente José Antonio Kast.

Así, aseguran que el rediseño del Mepco apunta a corregir distorsiones acumuladas y dar mayor sostenibilidad fiscal al instrumento, en un contexto de estrechez presupuestaria. El problema, admiten en privado, es el efecto inmediato: un alza en el precio de los combustibles que se transmite rápidamente a otros bienes y servicios.

La cara visible de ese ajuste ha sido el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Con apenas doce días en el cargo, el jefe de las finanzas públicas ha asumido sin matices el costo político de la decisión. “No es el rol del ministro de Hacienda ser simpático, ni hacer buenas migas con todo el mundo ni menos ser popular”, ha repetido en sus primeras intervenciones.

El diseño del Ejecutivo contempla dos carriles. Por un lado, los cambios estructurales al mecanismo se están ejecutando vía decretos. Este lunes se publicó en el Diario Oficial el primero de ellos, que modifica el período de cálculo del precio de paridad de importación -base para determinar los precios internos-, ampliándolo de tres a cuatro semanas para las gasolinas, el diésel y el gas licuado vehicular.

En paralelo, el gobierno prepara un paquete de mitigaciones que sí requerirá trámite legislativo. Entre ellas, apoyos focalizados para amortiguar el impacto en combustibles de uso doméstico, como la parafina, cuyo encarecimiento golpea con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. Esa parte del diseño será el eje de la negociación política en el Congreso.

Ahí entra en escena la Secretaría General de la Presidencia. El titular de la cartera, José García Ruminot, junto a la subsecretaria Constanza Castillo, iniciarán desde este lunes una ronda de conversaciones con parlamentarios oficialistas y de oposición para sondear apoyos y ajustar el contenido de las medidas.

En el oficialismo, además, subrayan que llevar las medidas de mitigación al Congreso no es inocuo: implica que cualquier rechazo o dilación tendrá costos, en la medida en que afectaría directamente a los sectores más golpeados por el alza de los combustibles, instalando presión sobre quienes se resten del acuerdo.

El despliegue comunicacional también está definido. A diferencia de otros anuncios sectoriales, en esta ocasión La Moneda optó por concentrar la vocería en Hacienda.

Esta noche, en horario prime, Quiroz detallará en extenso el rediseño del Mepco en una ronda de entrevistas simultáneas en televisión, replicando el formato utilizado por el Presidente en su primera semana de gobierno. La señal, dicen en Palacio, es que el costo -y la explicación técnica- debe ser asumido por el responsable económico.

Con ello, el Ejecutivo busca ordenar el relato en torno a una medida que, aunque impopular, consideran clave para estabilizar las cuentas fiscales y afrontar la contingencia derivada del escenario internacional.