Molestia cundía entre algunos parlamentarios, particularmente en la UDI, respecto de la negativa del diputado Rubén Oyarzo (radical) -presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara- a votar el proyecto de reforma legal del gobierno que busca “promover la gobernabilidad y la representatividad del sistema político”, alojada en esa instancia.

La razón era porque la iniciativa contaba con urgencia inmediata, es decir, el mandato constitucional de despacharla en un plazo de seis días, que se vencía este martes.

Sin embargo, Oyarzo le dio un portazo a la urgencia impuesta por el gobierno del Presidente Gabriel Boric y la convocatoria para este martes fue solo para resolver el procedimiento de votación.

“Le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde. Vamos a dar la tramitación con indicaciones y como corresponde legislativamente, escuchando a los expertos y al Ejecutivo”, justificó en ese momento el diputado.

En ese contexto, desde la UDI estaban atentos a si el Ejecutivo renovaba la urgencia, con lo cual se reactivaba el plazo. Y así fue.

En el inicio de la sesión de este martes, el prosecretario de la Cámara informó que La Moneda renovó la urgencia del proyecto con la misma calificación: inmediata. Por lo mismo, la instancia que preside Oyarzo tiene hasta el próximo lunes para despachar el proyecto.

Con ese cuadro, la comisión acordó el calendario de sesiones. Esta jornada tendrán una sesión de 08.30 a 10.00. Y el próximo lunes tendrán la próxima audiencia, desde las 13.00 hasta total despacho.

Aunque se intentó tener una sesión en la sede legislativa de Santiago, ambas serán en la sede del Congreso de Valparaíso.

Comités y restricciones a partidos

El proyecto del gobierno, que fue despachado este martes por el Senado, eleva a rango legal a los comités parlamentarios y le entrega un mayor poder al jefe de bancada para coordinar, determinar la distribución en las comisiones, entre otras medidas. En otras palabras, el jefe de bancada tendría la potestad de “castigar” a los rebeldes.

Además, esta reforma que modifica las leyes orgánicas de Partidos Políticos y de Votaciones y Escrutinios, aplica otras medidas como cortar el trasvasije de financiamiento público a colectividades que “se llevan” parlamentarios de otras tiendas. Esa problemática se ha acentuado en el último periodo.

Otro aspecto controversial de la reforma, que es resistido por tiendas pequeñas, es la eliminación de los partidos regionalistas que podían constituirse con solo tres regiones contiguas. El mínimo para conformar una nueva colectividad sería de ocho regiones.

Además, se eleva la cantidad de afiliados por región para crear estas entidades. En vez del “0,25% del electorado que hubiere sufragado”, se exigiría “el 0,5% de los electores que conformaron el padrón electoral definitivo”, lo que implica cuadriplicar las firmas necesarias.

La Comisión de Gobierno, no obstante, dispuso una norma transitoria más flexible para los partidos constituidos, que en caso de no reunir ese 0,5%, tendrán 18 meses para juntar afiliados que representen el 0,25% del padrón.

Igualmente, se aprobó una norma que sube la exigencia para la presentación de candidaturas independientes. Los aspirantes a La Moneda, por ejemplo, deberían reunir patrocinios en todo el país.

Finalmente, se pone una medida para que los partidos condenen la violencia política.