Minutos antes de las tres de la madrugada de este jueves, en La Moneda se encendieron las alertas. Presidencia confirmó que las cuentas personales del Presidente José Antonio Kast en X e Instagram habían sido “comprometidas por terceros”, dando paso a una madrugada de gestiones contrarreloj para recuperar el control de ambos perfiles.

El episodio tuvo su punto más visible en X. En la cuenta @joseantoniokast apareció un mensaje que aludía al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con duras críticas y una imagen intervenida que lo mostraba con el bigote característico de Adolf Hitler.

“Chile ha cambiado su postura respecto al presidente Trump tras sus recientes acciones, que han causado graves daños a nivel mundial. Ha traicionado sus promesas a Chile, y esto se ha prolongado demasiado. Donald Trumpler (sic) es peor que Hitler”, decía el mensaje. El texto fue borrado minutos después.

En paralelo, el perfil personal del Mandatario en Instagram también fue vulnerado, aunque en esa plataforma no se alcanzaron a publicar contenidos. Según conocedores de las gestiones, la recuperación del control fue más expedita en la red social de Meta que en X, donde los protocolos resultaron más engorrosos en las primeras horas.

Pero más allá del incidente, el episodio abrió un flanco administrativo en Palacio. Desde el arribo de Kast a La Moneda, se definió que las cuentas oficiales del Presidente serían @Oficina_Pdte en X y @presidente_kast en Instagram, dejando sus perfiles personales fuera del uso institucional.

La decisión no fue casual. En particular en X, el Mandatario arrastraba un número significativo de usuarios bloqueados desde antes de asumir, lo que choca con el instructivo de la Contraloría General de la República sobre el uso de redes sociales por parte de autoridades. Ese lineamiento establece que, tratándose de canales oficiales de información pública, no está permitido bloquear cuentas, dado el carácter de servicio público que cumplen.

“Debido a que las instituciones y autoridades de Gobierno realizan un servicio público, no está permitido el bloqueo de cuentas. Esto rige a las autoridades que utilicen sus redes sociales como un canal de información de primera fuente”, dice el documento.

Así, para evitar conflictos con esa normativa, en el Ejecutivo optaron por separar aguas: las cuentas institucionales para informar actos de gobierno y las personales para un uso distinto, más cotidiano. Sin embargo, el hackeo de estas últimas dejó en evidencia una “zona gris” incómoda en Palacio.

La principal interrogante fue qué hacer frente al incidente. Pese a la gravedad del episodio -que implicó la difusión de contenido falso y ofensivo-, en Presidencia han evitado confirmar si se presentó (o se presentará) una denuncia o se iniciarán acciones legales. La razón, explican, es que se trata de cuentas personales del Mandatario, lo que en estricto rigor no obligaría a una reacción institucional.

Esa cautela, sin embargo, tensiona el criterio adoptado por el propio gobierno. Aunque las cuentas hackeadas no son las oficiales, su alto alcance y visibilidad pública las sitúan, en la práctica, en un espacio intermedio entre lo privado y lo institucional.

Por ahora, en Palacio han optado por intentar cerrar el episodio, señalando que las cuentas fueron recuperadas.