La candidata presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, este lunes presentó una serie de medidas incluidas en su programa de gobierno para combatir la delincuencia y el crimen organizado.

En el documento en el que se detallan las propuestas en materia de seguridad, se presenta previamente un diagnóstico sobre la situación en el país.

En el texto que señala que “barrios enteros han sido tomados por el narcotráfico y el crimen organizado”, que “los homicidios crecen 62% en 7 años; secuestros 104%; extorsiones 1.296%”, que “7 de cada 10 chilenos dejó de salir a ciertos lugares”, que “más de 60% de las causas se archivan sin investigación real” y que “el Estado ha perdido presencia local. Los chilenos se sienten abandonados”.

Al respecto, Matthei sostuvo que “llegó la hora de poner mano durísima con los delincuentes. La impunidad termina ahora. En mi gobierno, el que las haga, las paga. Mi compromiso es una aplicación estricta de la ley, y respaldo a las policías y Fuerzas Armadas”.

“Los barrios no serán más del narco ni del miedo: volverán a ser de las familias. Quiero que los niños jueguen tranquilos, las mujeres caminen seguras y los adultos mayores disfruten de sus barrios”, agregó

“5 medidas contra la impunidad: la mano firme”

La primera propuesta establece 10.000 nuevos efectivos de Carabineros en las calles; presencia permanente en los 40 barrios más peligrosos del país; y reglas de uso de la fuerza claras y respaldo político para proteger a la policía uniformada.

Además, incluye una defensoría para Carabineros, PDI y Fuerzas Armadas (FF.AA) que asesore y patrocine en forma gratuita a todos quienes enfrenten una causa judicial por cumplir con su deber.

En segundo lugar, se propone el uso de la tecnología contra el delito. Para ello se apuesta por cámaras inteligentes con reconocimiento facial en todo el país; pórticos de lectura de patentes y drones con alta capacidad operativa; iluminación de plazas y veredas, botones SOS y cámaras de vigilancia; y una plataforma centralizada para rastrear, atrapar y condenar a los delincuentes.

Como tercera medida, se señala la coordinación de municipios con carabineros, Fiscalía y programas sociales; articulación entre gendarmería y municipios para prevenir reincidencia de presos próximos a cumplir su condena que residan en sus comunas; más recursos para que los vecinos organizados se protejan, comités de seguridad barrial con radios, alarmas y aplicaciones de denuncia rápida; y alianzas con comerciantes y feriantes para patrullajes y protección de barrios comerciales.

En el cuarto punto se apunta a un mayor rigor en el régimen penitenciario: asegurar que cada condena se cumpla efectivamente; pérdida de beneficios penitenciarios para delitos graves y quienes reinciden, para lo cual se eliminará el acceso a salidas dominicales, de fin de semana o redención de pena por trabajo o estudio para condenados a delitos graves como violación, homicidio calificado o secuestro, reincidentes no podrán postular a la libertad condicional, no pueden aplicarse penas sustitutivas en los delitos antes mencionados, regímenes carcelarios estrictos para jefes narco, con visitas limitadas sólo a través de locutorio y aislamiento total.

La quinta medida establece persecución penal sin excusas: ninguna denuncia se archiva sin diligencias previas, se limitarán facultades que tiene hoy el Ministerio Público para cerrar causas sin investigar; equipos ECOH (especializados en crimen organizado y homicidios) en todas las fiscalías regionales, protección a detectives, agentes encubiertos y fuentes de información, testigos, permitiendo la declaración con identidad ficticia bajo criterio judicial.

Se propone también fortalecer la Fiscalía: además del proyecto de ley que se discute en el Congreso que aumenta 250 fiscales en 4 años, se establece un reforzamiento con 250 persecutores adicionales.

Además, se apuesta a implementar la Defensoría de Víctimas del Delito, “una de las mayores aspiraciones de la ciudadanía, que ve con rabia cómo los delincuentes son defendidos gratuitamente, mientras a las víctimas nadie las acompaña ni asesora”.