La propuesta del ministro Sergio Muñoz para que jueces del Poder Judicial integren el TC y que ha tenido eco en la Convención

Ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, presidente de la Tercera Sala.

El magistrado, a título personal, es partidario de que el Tribunal Constitucional sea integrado por al menos dos magistrados de las altas esferas del Poder Judicial. Los jueces durarían cuatro años, se pueden renovar por un periodo y luego volverían a la judicatura. El objetivo, comentó el ministro en 2019 a un grupo de abogados que pensó una reforma a la justicia constitucional, era facilitar el diálogo jurisprudencial entre ambas instituciones y también neutralizar los efectos políticos de este tipo de nombramientos. Una idea similar fue ingresada esta semana por algunos convencionales.




El influyente ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz hace varios años que tiene una idea en su mente. El presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal ha pensado, a título personal y no como representante de la alta esfera de la judicatura, de qué forma se puede solucionar la alta “deslegitimidad” que, plantean algunos expertos, tienen algunas de las nominaciones de ministros que integran el Tribunal Constitucional (TC) y que no necesariamente tienen que ser expertos en las materias que les toca revisar. En concreto, postula que jueces del Poder Judicial transiten por esa sede especializada, idea que esta semana tuvo eco en un grupo de integrantes de la Convención Constitucional.

Su idea la compartió en marzo de 2019 a un exclusivo grupo de abogados que se reunieron para pensar una reforma al TC para el siglo XXI. La instancia fue convocada por constitucionalistas, de sensibilidades de izquierda y derecha, que quisieron tomar el guante y consensuar los cambios necesarios para hacer frente a las duras críticas que ha recibido el TC en los últimos años. El grupo estuvo integrado por 17 reconocidos abogados, como Gastón Gómez, Patricio Zapata, Luis Cordero, Arturo Fermandois, Miriam Henríquez, Natalia González, Gloria de la Fuente, entre otros. La instancia invitó a una serie de personas para reflexionar sobre los cambios necesarios. Uno de ellos fue Muñoz.

Fue el 19 de marzo de 2019 cuando el magistrado llegó hasta la sala de consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para exponer. Testigos de ese encuentro recuerdan que la participación de Muñoz duró cerca de dos horas y media. En esa conversación, el juez reveló cuál era la idea que, a su juicio, podría ayudar a tener un mejor TC, contar en la justicia constitucional con jueces profesionales y neutralizar los efectos políticos de este tipo de nombramientos.

Muñoz puso la siguiente propuesta sobre la mesa: que dos ministros de la Corte Suprema por un periodo de cuatro años pasen a ser parte del TC. Esos magistrados pasarían a integrar cada una de las dos salas del organismo. Los jueces podrían renovar una vez su periodo y, al terminarlo, volverían a sus funciones en el Poder Judicial. De prosperar la medida, agregó, habría que hacer una revisión del número de ministros del máximo tribunal o el régimen de suplencias, para no dejar cupos vacantes que obstaculicen su funcionamiento.

La justificación de Muñoz, comentó el magistrado aquella vez, apuntaba a que este tipo de integración permitiría un diálogo institucional que enriquecería a ambas jurisdicciones. Los jueces de carrera que llegarían al TC aportarían con la doctrina que se lleva adelante en el máximo tribunal y al retornar traerían al Poder Judicial los razonamientos del organismo que vela por el cumplimiento de la Carta Fundamental.

El antecedente que inspiró al ministro se remonta al tipo de TC que existía en la década de los ‘70s. Ese tribunal era integrado por cinco ministros, de los cuales dos eran de las altas esferas del Poder Judicial. Pese a que Muñoz solo limitó la opción a que fueran magistrados del máximo tribunal, el grupo de abogados acogió la propuesta, pero haciendo la salvedad de que también se podía incorporar a ministros de cortes de Apelaciones. De esta manera aumentaría el “pool de jueces potenciales y la consecuente diversidad de enfoques”.

Luego de exponer, Muñoz recibió preguntas de los presentes. “¿Usted cree razonable que las competencias de las inaplicabilidades vuelvan a la Suprema?”, le consultó uno de los abogados. El magistrado respondió haciendo una autocrítica. Esto, dado que las inaplicabilidades estuvieron a cargo del máximo tribunal hasta la reforma constitucional del expresidente Ricardo Lagos en 2005. Quienes recuerdan su respuesta dicen que afirmó que el TC ha sabido sacarle lustre y utilidad al recurso de inaplicabilidad, algo que el máximo tribunal no fue capaz de lograr. Parte de sus palabras estuvieron marcadas por su historia como juez. Antes de ser supremo, de hecho, le tocó relatar una de los pocas inaplicabilidades que décadas atrás acogió el máximo tribunal.

Discusión en la Convención

Una idea similar a la de Muñoz fue presentada esta semana por algunos convencionales de distintos colectivos y partidos políticos. La fórmula de ambas iniciativas de norma incluyen terminar con el TC, pero creando una nueva Corte Constitucional integrada por nueve ministros. Tres serían designados por el Ejecutivo, tres por el Congreso y tres por el Poder Judicial.

A diferencia de Muñoz, que daba esta opción solamente para supremos, los convencionales optaron por dejarlo apto a cualquier juez de carrera. ¿Cómo se eligen? Por votación popular entre sus pares. Al ser electos, sus cargos judiciales quedan suspendidos.

Este tipo de iniciativas son una salida intermedia a otra propuesta que ha ido tomando vuelo, sobre todo en convencionales del Frente Amplio. Los constituyentes de ese sector son partidarios de abolir el TC y crear una nueva justicia constitucional a cargo de una sala especial de la Corte Suprema. Esa instancia sería integrada por nueve magistrados elegidos por sorteo.

La discusión en particular está pronta a partir. Llegado ese momento será la Comisión de Sistemas de Justicia la encargada, en primera instancia, de dar el debate. De irle bien, luego pasará al pleno, donde necesitará de 2/3 de los votos para quedar aprobada como norma definitiva en el nuevo texto constitucional que se le ofrecerá al país para ser plebiscitado.

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