Pasadas las 11 de esta mañana, detectives de la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta la Municipalidad de Peñalolén para incautar una serie de computadores, entre ellos el equipo que perteneció a la exalcaldesa de la comuna, Carolina Leitao.

Esto, en el marco de la querella interpuesta por los abogados de la municipalidad -que ahora conduce Miguel Concha (FA)- por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público en contra de Leitao y otros tres exfuncionarios del ente municipal.

Junto con la exalcaldesa, también fueron querellados Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quien está suspendida por un sumario en su contra; y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

Tanto Leitao como los otroras funcionarios son acusados de elaborar un mecanismo que permitió defraudar al menos en $ 12.223 millones de las arcas municipales.

En particular, se acusa que la administración de Leitao sobreestimó el presupuesto, autorizó y ejecutó gastos sin respaldo financiero, omitió la deuda, presentaron balances incorrectos a la Contraloría y se utilizaron fondos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional para proyectos como canchas y plazas en fines distintos establecidos por la ley.

El delito de fraude al Fisco, señala la querella del municipio, se habría concretado toda vez que “durante la administración de Carolina Leitao diversos funcionarios municipales, bajo la dependencia de la exalcaldesa, participaron a sabiendas en una trama de defraudación, ocultando el déficit municipal generado para dar una apariencia de solidez financiera, que no tenía sustento real. Este ocultamiento del déficit fue lo que finalmente ayudó a consolidar y amplificar el perjuicio económico al municipio durante más de cuatro años”.

La investigación la lleva adelante el fiscal adjunto de la Fiscalía de Las Condes, Juan Pablo Araya.

Hace poco más de un mes, la administración de Concha emprendió medidas administrativas, abriendo una investigación interna respecto a lo sucedido. En esa ocasión la indagatoria apuntó a la directora de Administración y Finanzas (DAF), Tamara Rubio, quien presuntamente tendría responsabilidad en lo ocurrido en el millonario déficit, lo que finalmente fue comprobado por el municipio tras un sumario abierto en diciembre de 2025, el que ordenó destituir a la funcionaria.

La remoción se da luego de que la fiscal del sumario, Catalina Bezzenberger, decidiera suspender a Rubio en diciembre del año pasado. Desde entonces y hasta su remoción, la directora de la DAF se encontraba alejada de sus funciones en el edificio de avenida Grecia 8735.