PC respalda a Jadue tras fallido viaje a Venezuela y acusa “acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos del alcalde”

A través de una declaración pública, la comisión política del Partido Comunista (PC) respaldó al alcalde de Recoleta y militante de sus filas, Daniel Jadue, luego de que acusara que fue impedido de salir del país para viajar a Venezuela. Esto, a un mes de su formalización -el próximo 29 de mayo- por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal, asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

“El alcalde Daniel Jadue se encontraba en el Aeropuerto Internacional (de Santiago), tras haber efectuado el control migratorio correspondiente, un funcionario de Policía Internacional (PDI) le solicitó acompañarlo a una cabina. Al preguntar por el motivo, se le informó de un problema con su salida del país. Pese a no estar detenido, el alcalde Jadue fue retenido en la cabina y se le indicó que ‘debía resolver algunos asuntos’”, parte acusando el escrito.

Bajo una “alerta”, la PDI se comunicó con el Ministerio Público, que a su vez hizo lo propio con la defensa de Jadue, Ramón Sepúlveda. Esta acción, denuncian desde el PC, “constituye un acto discriminatorio y una flagrante violación de los derechos del alcalde Daniel Jadue”, dado que el jefe comunal habría realizado “sin problema el primer control migratorio y también realiza sin problema la correspondiente revisión de su equipaje”.

“Esto fue así debido precisamente a que no existe actualmente ninguna petición de medida de arraigo nacional por parte del Ministerio Público, ni mucho menos ésta ha sido decretada, no siendo posible, de ninguna manera, restringir el libre tránsito de una persona, pues este es un derecho garantizado constitucionalmente y parte de la libertad personal”, esgrimieron.

En esa línea, la alerta que impidió que el jefe comunal viajara a Caracas constituiría -a juicio de la colectividad- “una vulneración a las garantías establecidas en la Constitución: en primer lugar, el debido proceso, consagrado en nuestra legislación como aquel proceso previo legalmente tramitado, debido a que no existe ninguna resolución que decreta el arraigo nacional, pero que fue, en los hechos, aplicada”.

“En segundo lugar, a la libertad personal y el derecho a la libertad de tránsito, lo que corresponde a un derecho fundamental que garantiza el derecho de las personas a moverse libremente dentro del territorio nacional, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Este derecho solo puede ser restringido en los casos y condiciones establecidos por la ley”, agregaron.

Desde el PC expresaron su “solidaridad” con el alcalde de sus filas y llamaron a “relevar la presunción de inocencia del alcalde, quien ha colaborado activamente en el proceso en curso, incluso abriendo de manera voluntaria sus cuentas bancarias”.

“Creemos que situaciones de este tipo, con una persona de alta figuración pública, exponen y agravian la legítima defensa que Daniel ejercerá”, cierra la declaración.