El Congreso de Valparaíso. Esa es la sede que acordaron el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind.), para sostener, este lunes, la última conversación de cara a la votación en particular del proyecto que establece la multa por no votar y que es de autoría de Joanna Pérez (Demócratas).

Castro y la misma diputada Pérez habían sido mandatados por las bancadas de oposición como negociadores ante el Ejecutivo para tratar de lograr un acuerdo que permita destrabar esta iniciativa, que establece una sanción monetaria del orden de los $ 34 mil a $ 206 mil para los ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas.

Este proyecto, que será votado el próximo martes en la sala, excluye de la multa a los extranjeros habilitados para sufragar, tema que complicaba particularmente al oficialismo debido a la presunta incidencia que tendría la comunidad venezolana -mayoritariamente crítica de la izquierda- en los comicios.

No obstante, a pesar de la resistencia inicial de La Moneda a tramitar esta reforma, finalmente el gobierno, a través de la misma ministra Lobos, se allanó a la fórmula propuesta por la oposición.

La diputada Pérez señaló que “más que un acuerdo, yo diría que hay un convencimiento de parte del gobierno de que este es un proyecto que es necesario, porque hay un mandato constitucional que hay que aplicar el voto obligatorio”.

Una de las últimas señales del Ejecutivo la entregó la ministra vocera, Camila Vallejo (PC), en habitual comparecencia ante los medios de los lunes. Desde el Salón Azul de Palacio, la portavoz del gobierno sostuvo que “había una discusión legislativa importante, no fácil obviamente, por ver cómo se implementa el mandato constitucional del voto obligatorio que no está en cuestión, a través de la exigencia de multas a nuestros ciudadanos. Y, en ese diálogo, se ha tratado de llegar al mayor acuerdo y consenso posible en eso. El proyecto de la diputada Pérez ha jugado un rol, dado que el Ejecutivo, en conversación con otros parlamentarios, ha visto que ahí hay un camino de solución”.

Consultado por los dichos de la vocera, Castro consideró que eran una señal de que el oficialismo está embarcado ya en esta reforma. Sin embargo, agregó “que hay que entender que el gobierno, en múltiples ocasiones, dice una cosa, pero después sus parlamentarios votan en otro sentido”.

Ante el riesgo de una nueva revuelta oficialista contra el proyecto, el presidente de la Cámara es cauto. “Voy a esperar a tener una reunión el día lunes con la ministra Macarena Lobos, que es mi enlace en el gobierno, y ahí podremos saber si realmente el gobierno se va a allanar”, aseguró.

“Esperaría que intenten cuadrar sus votos para dar una señal de orden”, insistió Castro.

De esto da cuenta la postura del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien ha encabezado la resistencia a la iniciativa. De hecho, el legislador socialista fue quien forzó que el proyecto en cuestión fuera devuelto a la Comisión de Gobierno, donde ingresó más de una veintena de indicaciones para modificar su contenido.

“Nosotros tenemos una convicción en esta materia: el rumbo de Chile debe ser definido por los chilenos. Hoy no hay acuerdo en el Congreso, porque la derecha insiste en entregar nuestra soberanía democrática a extranjeros. No obstante, vamos a apoyar si se construye un acuerdo”, aseguró Manouchehri.

Voto extranjero

Lo que ha quedado despejado en estas semanas de discusión es que la modificación del padrón electoral para excluir a los extranjeros -como era la intención original de La Moneda- es que no habrá innovaciones en los comicios de este año, salvo la multa que solo se aplicaría a los chilenos.

Si bien el Servicio Electoral ya había afirmado a principios de agosto que la nómina de habilitados para sufragar ya estaba cerrada, el gobierno se había resistido a dar por desechada esa posibilidad.

No obstante, la primera en ratificar que el Ejecutivo renunciaba a esa apuesta, al menos para estas elecciones, fue la ministra Lobos. “El padrón ya está cerrado, este es un debate que tenemos que dar aun cuando se aplique a las próximas elecciones, no a las de aquí a noviembre, pero que es un debate que deberíamos dar”, señaló la titular de la Segpres.

Estas palabras fueron reforzadas por Vallejo, quien planteó la necesidad de "legislar hacia adelante sobre la composición del padrón para normalizar un poco más la situación de Chile respecto a las elecciones presidenciales y la participación de extranjeros en relación a la realidad del resto del mundo”.

Al respecto, la diputada Pérez sostuvo que el sufragio de los inmigrantes -quienes pueden participar de todos los comicios en Chile con solo 5 años de avecindamiento y sin estar nacionalizados- “es una discusión de largo aliento” y que hay que abordarla de manera más integral.