15 proyectos parlamentarios en 20 días.

Ese es uno de los saldos que han dejado los primeros días de este primer año de la legislación en materia de proyectos de ley. Quien ha ingresado la mayor cantidad de iniciativas es Cristian Contreras (PDG), conocido popularmente como Dr. File, con 8 proyectos.

Entre las iniciativas que fueron presentadas, destacan tres que buscan eliminar la facultad presidencial de otorgar indultos.

Esta ofensiva surgió en respuesta a lo expuesto por el Presidente José Antonio Kast, de que va a hacer uso de esa prerrogativa durante el ejercicio de su mandato.

El anuncio alertó a las bancadas de oposición y se activaron para impedir, mediante una reforma constitucional, que Kast pueda echar mano a la herramienta que le otorga la Carta Fundamental.

Sin embargo, la arremetida opositora fue por separado y presentaron tres proyectos distintos.

Por un lado, la bancada del PPD -que para este proyecto fue encabezada por el diputado Carlos Cuadrado- presentó la iniciativa en el hall de la Cámara.

El contenido son tres artículos. El primero busca eliminar la última frase del artículo 9 de la Constitución, que dice que “no se procederá respecto de ellos (delitos terroristas) el indulto particular, salvo para conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo”.

Luego, propone suprimir el numeral 14 del artículo 32. Este artículo fija las atribuciones del Presidente de la República, y el numeral se refiere a la de “otorgar indultos particulares en los casos y formas que determine la ley”.

Además, propone un nuevo numeral 16 del artículo 63, el que habla de las materias de ley.

“Las que concedan indultos generales y amnistías, y las que fijen las normas generales sobre pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. No obstante, este quórum será de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9°”, proponen.

Por el lado del Frente Amplio, presentaron su propio proyecto. A diferencia del PPD, la iniciativa que encabeza la diputada Lorena Fries solo busca suprimir el numeral 14 del artículo 32.

La tercera iniciativa es del senador Vlado Mirosevic (liberal) y es del mismo tenor que la del FA.

Acoso

De manera solitaria, la diputada Marlene Pérez (Ind.-UDI) presentó un proyecto para sancionar a padres y apoderados cuyos hijos o pupilos participen en hechos de acoso escolar.

Las sanciones, según estipula la iniciativa, las dictará el establecimiento.

“En caso de incumplimiento de dichas medias por causas imputables al padre o apoderado a cargo del cuidado del menor, el director del recinto deberá remitir los antecedentes al Juzgado de Policía Local competente, previa notificación a la parte involucrada”, añade más adelante.

De acuerdo al proyecto, el juez podrá aplicar una multa de 5 a 20 unidades tributarias mensuales.

Además de ese proyecto, la diputada gremialista presentó otra iniciativa para incorporar en la ley de Bases Generales de la Administración del Estado, una nueva infracción al principio de probidad administrativa.

En concreto, busca que sea considerada como infracción “participar, directa o indirectamente, en el proceso de contratación o nombramiento de una persona inhabilitada para trabajar con menores de dieciocho años de edad en algún cargo que involucre una relación directa y habitual con ellos”.

Proyectos colectivos

No todas las propuestas son aventuras aisladas. Al menos tres mociones surgen de un espíritu colectivo y transversal desde el PC y la UDI. En su mayoría se trata de iniciativas impulsadas por la presidenta del Senado, Paulina Núñez.

Por ejemplo, una iniciativa, presentada por un grupo transversal de senadores -Iván Flores (DC), Carlos Kuschel (RN), Iván Moreira (UDI), Paulina Núñez (RN) y Gastón Saavedra) (PS)- modifica el Código Procesal Penal para fortalecer la persecución penal del crimen organizado y regular el juicio oral en ausencia del imputado.

Otra iniciativa, también presentada de forma transversal por los senadores Yasna Provoste (DC), Paulina Núñez (RN), Claudia Pascual (PC), Luciano Cruz Coke (Evópoli) e Iván Moreira (UDI), establece el reconocimiento y protección integral de los derechos de las personas con síndrome de Down.

Un tercer proyecto presentado en el Senado, que igualmente contó con la firma de representantes de distintos partidos -Karol Cariola (PC), Juan Luis Castro (PS), Sergio Gahona (UDI), Enrique Lee (Ind.-RN) y Paulina Vodanovic (PS)- busca exigir a los establecimientos que expendan alimentos preparados para el consumo humano, que informen si contienen o han sido elaborados con soya, leche, maní, huevo, mariscos, pescado, gluten o frutos secos.

La batería de proyectos de “Dr. File”

El diputado Cristian Contreras (PDG), a la semana siguiente de haber asumido el cargo presentó una batería de ocho proyectos. Uno de ellos busca establece un plebiscito nacional vinculante y de carácter obligatorio donde los ciudadanos podrán votar “Sí” o “No” a la propuesta de restablecer la pena de muerte.

Una segunda iniciativa tiene como objetivo establecer un “Proyecto Educativo Nacional”.

Otra iniciativa, también de reforma constitucional busca “garantizar la autonomía estratégica en inversiones relevantes”.

Uno de los proyectos más polémicos que presentó Contreras es reconocer constitucionalmente el derecho “de todas las personas a la autodeterminación en materia de inmunización”. Es decir, declarar como voluntaria la vacunación. En esa misma línea, el diputado presentó otra iniciativa para exigir que el etiquetado de los medicamentos y las vacunas contenga información sobre precauciones y efectos adversos.

Otro proyecto del diputado PDG, que según el título es “para resguardar la soberanía nacional en la ejecución de políticas públicas”, asegura en su artículo 1 que “los instrumentos, agendas, declaraciones o marcos de acción emanados de organismos internacionales o entre Estados, y que no hayan sido ratificados como tratados internacionales por el Congreso Nacional, poseerán un carácter meramente programático y orientador”.

El último proyecto, también de reforma a la Carta Fundamental busca que las Fuerzas Armadas colaboren de forma permanente en el mantenimiento del orden público y la seguridad interior, particularmente en el resguardo de zonas fronterizas, el control de rutas y zonas rurales, y la custodia perimetral de recintos penitenciarios.

Temido retiro

Aunque fue ingresada en enero de este año, en la lista de nuevas mociones parlamentarias aparece también una nueva reforma constitucional de la diputada Pamela Jiles (PDG) para permitir un nuevo retiro de ahorros previsionales, pero de parte de extranjeros que abandonen el país.

La misma diputada del PDG -que con esta moción ya suma 11 iniciativas relacionadas con retiros- pidió en la sesión del martes pasado de la Comisión de Constitución reactivar este debate ante la crisis energética que derivará en un alza de precios generalizada. Lo curioso es que ese día, tras las palabras de Jiles, ninguna de las autoridades presentes quiso opinar en la sesión, ni a favor ni en contra. Todos guardaron silencio y cambiaron de tema.

La razón, explican en privado algunos legisladores, es que los retiros son un asunto delicado del que es muy difícil salir airoso: oponerse tiene un costo de popularidad y apoyarlos también afecta a la imagen del parlamentario.