La decisión de José Antonio Kast de poner término al proceso de traspaso con el gobierno de Gabriel Boric no fue solo una determinación inédita desde el retorno a la democracia. Fue, también, el punto de partida de una estrategia que en el entorno del mandatario electo venían anunciando desde la campaña: reinstalar la idea de una revisión exhaustiva a la administración saliente.

El quiebre se produjo tras una reunión a solas que no alcanzó a durar ni 25 minutos en La Moneda y que terminó con versiones contrapuestas sobre el contenido de la llamada telefónica del 18 de febrero, en la que el Presidente aseguró haberle informado al entonces candidato sobre el proyecto de cable submarino chino y las advertencias de Estados Unidos.

Mientras el Mandatario sostuvo que entregó antecedentes y que no estaba dispuesto a retractarse, el presidente electo replicó que solo se le “enunciaron” situaciones generales, sin detalles ni documentación concreta.

Esa discusión marcó el punto de no retorno. Según relató el propio Jefe de Estado -en una improvisada declaración desde La Moneda-, la cita se dio por terminada luego de que se negara a la petición de Kast de rectificar sus dichos. Dos horas y media más tarde, el mandatario electo confirmó que daba por finalizado el proceso de traspaso y, por consiguiente, el resto de reuniones bilaterales en agenda, acusando falta de información por parte de la administración saliente.

De hecho, durante la tarde del martes, se reforzó el mensaje a todas las autoridades, futuros jefes de división y asesores de la Oficina del Presidente Electo (OPE): cualquier reunión con la administración Boric está suspendida.

La auditoría completa a La Moneda, en todo caso, no es una medida improvisada. Kast ya la había anunciado durante la campaña como uno de los pilares de su programa, con foco en eventuales irregularidades, uso de recursos fiscales y decisiones administrativas adoptadas en la recta final del gobierno. Pero este martes, tras la abrupta ruptura del traspaso, la propuesta dejó de ser una promesa electoral.

En su declaración a la prensa -que se extendió por más de media hora-, el presidente electo delineó los primeros pasos. Informó que instruyó al futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, y a quien encabezará el Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval, a conformar desde ya una “fuerza de tarea administrativa” destinada a recopilar antecedentes por fuera de los canales formales del traspaso.

La idea, según explicó, es levantar información desde los propios ministerios, pero también acudir a mecanismos institucionales disponibles: requerimientos vía Consejo para la Transparencia, revisión de antecedentes en la Contraloría, análisis de causas en tramitación en el Poder Judicial, entre otras fuentes.

Con ello busca sostener la tesis que justificó la suspensión del proceso: que existe “falta de información” por parte de la administración saliente, más allá -incluso- del impasse del cable chino. Por otro lado, prepara el terreno para un diagnóstico inicial severo que permita enmarcar el inicio del nuevo gobierno bajo la lógica de una gestión “de emergencia”.

La tarea también incluye a los parlamentarios. Kast señaló que se le planteará a las distintas bancadas revisar solicitudes de información ya realizadas, cruzar respuestas entregadas por los ministerios a los oficios de fiscalización y, si es necesario, activar nuevas herramientas fiscalizadoras desde la Cámara de Diputados. La instrucción apunta a mantener alineado al sector y a convertir el Congreso en un “brazo armado” de la revisión administrativa.

Desde el equipo de Kast confirman que, una vez finalizado ese proceso, la información será puesta a disposición de la ciudadanía. Y de los tribunales, la Contraloría y el Congreso, según corresponda.

En términos comunicacionales, en la OPE también se han encargado de coordinar una bajada con los parlamentarios para evitar descuelgues en el sector, donde -hasta ahora- solo algunos se han desmarcado del diseño del republicano.

Según fuentes de la bancada del Partido Republicano, tras la declaración de Kast, recibieron una minuta en la que se explicaba parte de la cronología de la controversia con el gobierno y también los fundamentos del futuro mandatario para poner fin al período de traspaso.

En el documento -que también se le hizo llegar a algunos parlamentarios de Chile Vamos- no solo se apunta a la controversia por el cable chino, sino también a un “proceso de traspaso poco transparente y de mala fe por el gobierno saliente” en el que -recalcan- “se ha entregado información incompleta”.

En ese sentido, por ejemplo, entre las bajadas sugeridas se menciona que “esta crisis no nace como respuesta a un caso concreto” y que “la decisión de no continuar con las reuniones bilaterales es porque no es posible confiar en este gobierno”.

Respecto a la información entregada por La Moneda en torno al cable chino -y en línea con la declaración de Kast durante la mañana- se afirma que “hay una diferencia muy grande entre informar y enunciar un titular” y que se está buscando “involucrar al presidente electo y a su equipo en una crisis que no les corresponde”.

El riesgo -admiten en privado algunos dirigentes de la derecha- es que la confrontación se prolongue más allá del 11 de marzo y termine tensionando la relación con la futura oposición en el arranque del mandato.