Continúa la polémica por la norma que incluyó el gobierno en el reajuste público para restringir el despido de trabajadores, la cual va en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector.

Dicha iniciativa ha molestado a la oposición, sobre todo a los integrantes del nuevo gobierno que se instalará en La Moneda a partir de marzo marzo. Es que la idea va en contra de una de las grandes promesas de la futura administración de José Antonio Kast: eliminar a los denominados “apitutados políticos” -que según la colectividad republicana- trabajan en el Estado.

Así lo manifestaron a lo largo de la campaña. De hecho, uno de los principales asesores del ahora presidente electo, Cristián Valenzuela, los calificó como “parásitos” en una columna de La Tercera hace unos meses atrás.

Bajo ese marco, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, advirtió hace unos días que este tema estaría “dinamitando” su relación con el gobierno saliente. Esta jornada el también senador electo por Valparaíso volvió a manifestar su molestia, esta vez con un tono más alto.

“Al parecer el amiguismo y la instalación de operadores políticos va a acompañar a este gobierno hasta el último día de administración”, reprochó.

“Tal como hemos sabido van a insistir en la fórmula del amarre vía reajuste del sector público, esto es realmente inaceptable e independiente que no tengan los votos está dando a conocer verdaderamente cuál es la intención de quienes nos han gobernado durante cuatro años”, agregó.

Más tarde, el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter (Ind.-Rep), también plasmó su desacuerdo con la norma.

“A mí me parece que es el último resabio de la dictadura de Pinochet aplicado al gobierno de Gabriel Boric. Ni Pinochet se atrevió a tanto. Es una vergüenza lo que están haciendo, dejando amarrados a los funcionarios”, reclamó.

“Antes de irse dejan todo amarrado y bien amarrado. Es una vergüenza”, remató el exalcalde de La Florida.