Desde Copiapó, en la Región de Atacama, el Presidente José Antonio Kast reabrió un debate que la izquierda creía cerrado. Anoche, en medio de su gira en la zona, el Mandatario planteó que “había un consenso que había recintos penales solo para las personas que hayan sido miembros de las fuerzas o policías. El gobierno anterior no respetó eso y empezó a mezclar poblaciones penales, no corresponde”.

Con sus palabras, dio espacio a la posibilidad de que el penal de Punta Peuco regrese a ser un recinto exclusivo para condenados por crímenes de lesa humanidad, en lugar de la cárcel común gestionada por Gendarmería que es hoy, por decisión del expresidente Gabriel Boric (Frente Amplio).

Esta tarde, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, reforzó los dichos de Kast. “El Presidente lo que ha manifestado es que la decisión que se tomó el gobierno anterior (convertir Punta Peuco en un penal común) no es una decisión que a él le satisfaga y que está disponible para evaluar, analizar y revisar. Cuando se tome una decisión se comunicará oportunamente”, afirmó.

Desde el Partido Republicano, defienden la apertura del Presidente. “Debemos resguardar la dignidad, la integridad y la vida de las personas privadas de libertad. Mezclar poblaciones penales por revancha política es una irresponsabilidad. Es de sentido común entender que no se puede juntar a expolicías con miembros de bandas delictuales; la segmentación por perfiles de riesgo es una regla básica de seguridad para proteger a los gendarmes y mantener el control de los recintos”, sostuvo el diputado Juan Irarrázaval.

“La izquierda en cambio nos heredó un sistema penitenciario en colapso y con hacinamiento. Por eso lo que hoy realmente nos ocupa es avanzar con urgencia en la construcción de la mega cárcel de alta seguridad para aislar a los líderes del crimen organizado y el narcotráfico. Un Estado serio construye infraestructura, ordena y segmenta por estricta seguridad nacional, no por caprichos políticos”, agregó.

Sin embargo, no para todos en el oficialismo el debate es cómodo. De eso da cuenta que distintos dirigentes de Evópoli y Renovación Nacional, consultados por este medio, optaron por no referirse al tema. En parte de la centroderecha, se alejan de la idea de hacer gestos a la base de apoyo más dura del gobierno.

Donde también se respalda el eventual cambio del régimen del penal es en el Partido Nacional Libertario (PNL). El diputado Hans Marowski, quien es vicepresidente de la colectividad, afirmó que “el Presidente Kast tiene razón cuando dice que no corresponde mezclar poblaciones penales distintas dentro de Punta Peuco. Este recinto fue creado bajo ciertas condiciones específicas y cambiar eso sin ninguna política penitenciaria clara va a terminar afectando el orden y la seguridad interna”.

Sin embargo, Marowski advirtió que el debate no puede quedarse solo en eso. “Muchos de los internos son adultos mayores, varios de ellos no son autovalentes. Y algunos, no pocos, tienen enfermedades incluso terminales. En campañas anteriores, el presidente Kast prometió soluciones humanitarias para esos presos de avanzada edad, y mucha gente esperaba avances concretos en esa línea. En su última campaña, también se comprometió con apoyo para policías y militares condenados por hechos ocurridos desde el 18 de octubre en adelante”, sostuvo el parlamentario.

“La pregunta que nos hacemos es cómo queremos recuperar la seguridad y respaldar a quines enfrentan al crimen y al terrorismo en las calles si todos los días esas personas, esos funcionarios, ven a sus camaradas presos”, agregó.

Ayer, el Presidente Kast también se refirió a la posibilidad de otorgar indultos presidenciales. “Nosotros, al menos en campaña,no hicimos una promesa absoluta de que se iban a indultar a todas las personas y en eso soy muy transparente, tengo la conciencia tranquila”, dijo.

El exministro de Justicia Jaime Gajardo (Partido Comunista) criticó los dichos de Kast a través de su cuenta de X. “Una de las condiciones de una democracia constitucional es que no existan personas o grupos privilegiados. Por lo mismo, no corresponde ni es razonable que los peores criminales de la historia de Chile, aquellos que están condenados por delitos contra la humanidad, tengan una cárcel especial”, escribió.

Además, Gajardo destacó que “tanto el Presidente Piñera cuando cerró el penal Cordillera (2013), como el Presidente Boric cuando transformó el expenal Punta Peuco en un recinto común (2025), actuaron honrando la igualdad ante la ley, el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho”.

“Es inaceptable que nuestro país retroceda y vuelva a consagrar privilegios para los criminales violadores de los derechos humanos”, concluyó.