Luego de que la semana pasada el gobierno informara que apoyará jurídicamente al exministro de Energía Diego Pardow, para hacer frente a la acusación constitucional en su contra por los errores en el cálculo de las cuentas de luz, un grupo de diputados UDI pidió a la Contraloría que se pronunciara sobre la legalidad de que se pague con recursos públicos la defensa de una persona que ya no se desempeña como funcionario estatal.

Y ante esto, este lunes se conoció que, en un documento fechado el 30 de octubre, la entidad fiscalizadora otorgó un plazo de 10 días hábiles a las carteras de Interior, Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Hacienda y Energía para justificar tal financiamiento.

Al respecto, en su resolución la Contraloría destaca que “dicho informe deberá ser preparado con intervención de la Asesoría Jurídica o abogado de esa entidad, a menos que el asunto planteado sea ajeno a la aplicación o interpretación de normas jurídicas o reglamentarias o que ese organismo no cuente con ese profesional”.

“Además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, agrega el ente contralor.

La solicitud a Contraloría

El pasado lunes 27 de octubre, las bancadas de oposición ingresaron la AC contra el exministro Pardow, quien había sido cesado de su cargo debido a los errores en el cálculo de las cuentas electricidad, que generaron cobros indebidos a millones de usuarios.

Ese mismo día, la titular de la Segpres, Macarena Lobos, anunció que el Ejecutivo prestaría ayuda a la renunciada autoridad, aduciendo que “aquí lo que se está defendiendo es un principio. Hay una acusación que no se justifica. No se trata de una defensa personal, se trata de un tema institucional respecto de una exautoridad que ya asumió sus responsabilidades políticas”.

Y horas más tarde, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, anunció que parlamentarios de la colectividad irán a la Contraloría por el gasto que tendrá el gobierno en la defensa del exministro.

Al respecto, Leal sostuvo que “creemos que no corresponde que con recursos de todos los chilenos se pague una defensa jurídica a una persona que ya no es funcionario público, que es un privado”.

Leal emplaza al gobierno

Desde el Congreso, el diputado Henry Leal valoró la decisión al respecto de la contralora Dorothy Pérez y llamó al Ejecutivo a la prudencia.

“La contralora diligentemente, una vez más, en menos de una semana, le ha pedido vía oficio, al Ministerio del Interior, a Segpres, a Hacienda y Energía que se pronuncien y justifiquen el pago de esos recursos con fondos públicos, y le he dado 10 días para que respondan. Entonces la pregunta es: ¿el gobierno va a insistir en pagar los abogados con recursos públicos o luego de este informe va a esperar que se pronuncie a Contraloría? “, cuestionó el parlamentario.

Agregó que “nos parece que el informe se ha dictado con tal rapidez, y a cuatro ministerios distintos, que hacemos el llamado al gobierno a que sea prudente y que no siga adelante utilizando recursos públicos para pagar la defensa de una persona que hoy día es un privado y no es funcionario público”.

“Es de la mayor gravedad si siguen adelante luego del informe que le ha pedido de Contraloría a los cuatro ministerios y esperamos que se pronuncie prontamente y los emplazamos directamente a ello”, cerró Leal.