Este jueves la Contraloría General de la República (CGR) dio a conocer su dictamen sobe la actuación de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, luego de que los diputados Raúl Leiva (PS) y Patricio Pinilla (DC) solicitaran un pronunciamiento sobre el requerimiento formulado por la entonces titular de la cartera, mediante un oficio reservado dirigido a la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), por cuanto, a su juicio, contravendría el principio de juridicidad de las actuaciones públicas.

Además, los parlamentarios solicitaron a la CGR pronunciarse respecto de la juridicidad de la desvinculación de la Prefecta General de la PDI, Consuelo Peña, mientras que Leiva y la diputada Tatiana Urrutia (FA) pidieron un pronunciamiento sobre la legalidad de lo que, según señalan, sería la disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y que, en su caso, se determinen las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivar de ese hecho.

En concreto, el texto concluyó que la otrora jefa de cartera excedió sus facultades al pedir información sobre la autoridad policial. Y, por otro lado, que tal unidad se mantiene en la estructura orgánica y sigue dependiendo directamente del Ministro de Seguridad Pública.

Al respecto, los diputados Leiva y Urrutia reaccionaron ante el dictamen del ente contralor.

Por su parte, Leiva -en conversación con 24 Horas- dijo que la acusación constitucional es una herramienta de última ratio, y que por lo mismo, él se inclina por la creación de una comisión especial investigadora.

Urrutia, en tanto, de manera más cautelosa aseveró a La Tercera que “junto a diputados de distintas bancadas analizaremos los pasos a seguir”.

“Eso sí, emplazamos al gobierno a pronunciarse por el dictamen de Contraloría, que determinó que la exministra Steinert excedió sus atribuciones al solicitar nóminas de funcionarios y que debía abstenerse por eventual conflicto de interés”, planteó.

“El Presidente Kast no puede evadir su responsabilidad, porque cuando la autoridad a cargo de la seguridad pública no conoce los límites de su propio cargo, el problema es jurídico y también es de conducción. Durante dos meses advertimos esta grave falla de conducción, sin embargo, el Presidente prefirió blindar a su ministra antes que hacerse cargo”, continuó.

“Hoy la Contraloría confirma que el gobierno no sabe de la materia y llegó a improvisar con la seguridad del país”, cerró la diputada frenteamplista.