La ministra (s) vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, se refirió a las filtraciones que han surgido relacionadas con el caso ProCultura y la acusación del Frente Amplio de que se trataría de “espionaje político”, señalando que "la legalidad o ilegalidad de una diligencia de investigación la tiene que determinar la propia justicia".

Según comentó la ministra durante la mañana de este lunes “hay una acción y un recurso que se está viendo en sede judicial precisamente para determinar aquello, y nosotros como Ejecutivo no nos compete ningún rol en ese proceso, simplemente lo observamos igual como lo observan ustedes o cualquier otro”.

Cabe recordar que durante la jornada del sábado el Frente Amplio emitió un comunicado señalando que “la magnitud de las intercepciones-más de 42 teléfonos intervenidos, incluidas conversaciones de 2022 pinchadas a fines de 2024- no responde a una auténtica búsqueda de pruebas, sino que parece más bien una estrategia de espionaje con fines políticos, que rechazamos categóricamente”.

De acuerdo a lo que complementó la vocera (s), “el presidente Gabriel Boric no tiene absolutamente ningún vínculo con esta causa, ni siquiera aparece en calidad de testigo. Es más, el propio Juzgado de Garantía, no una sino que dos veces, rechazó la solicitud de iniciar una diligencia intrusiva, para poder investigarlo. Es decir, no hay ningún vínculo entre el presidente y este caso en particular”.

A la vez, respecto a las sospechas de financiamiento irregular en la campaña del mandatario, la ministra vocera agregó que “el financiamiento de las campañas, eso es algo que radica en los partidos, son los que están a cargo de hacer las rendiciones al Servel y llevar adelante esa materia”.

Según señaló la ministra, “creo que es súper importante aclarar ese punto: Aquí se pueden hacer muchas acusaciones y todas las personas pueden tener una opinión, pero lo relevante es lo que determina la justicia”, enfatizando que “y respecto de esas investigaciones, no sólo hemos estado permanentemente disponibles, el caso del Presidente yendo incluso más allá en algunas ocasiones de lo que son sus obligaciones constitucionales en materia de entregar información”.

“Quien determina si es que existieron situaciones irregulares o si es que hay delitos es la justicia, y la justicia hasta la fecha, de la información que conocemos por trascendido, ha descartado cualquier necesidad de vinculación del presidente con estas materias, no se ha pronunciado respecto de sentencias, hasta la fecha no conocemos formalizaciones y eso es algo que le corresponde a la Fiscalía”, expresó.

“No nos podemos referir a lo que son hoy día hipótesis que se construyen en torno a filtraciones respecto de una causa que está en curso. Nosotros estamos enfocados en seguir gobernando y que las instituciones hagan su trabajo, detalló la vocera.