Las próximas semanas serán claves para Andes Iron, compañía de propiedad de la familia Délano, y el desarrollo de su proyecto Dominga en la región de Coquimbo, que considera una inversión de US$2.500 millones, pero que enfrenta una fuerte oposición de parte de la comunidad de pescadores y organizaciones ambientalistas.

Actualmente la iniciativa es debatida en la Corte Suprema, luego que el presidente de la Tercera Sala del máximo tribunal del país iniciara un proceso de conciliación. El pasado 12 de enero se llevó a cabo la primera de las audiencias, con las que se busca poner fin al conflicto con un acuerdo que satisfaga a todos los involucrados.

Para ello, la compañía puso sobre la mesa una batería de medidas, cuyo costo total asciende a US$400 millones. Entre ellas destaca el compromiso de garantizar la entrega de agua gratis a los habitantes de la comuna de La Higuera (4.271 personas), además de una fuerte reducción de las áreas de tráfico naviero a solo un 15% de las contempladas inicialmente. Así, se eliminarían 55 kilómetros de trayecto actualmente contemplados por el proyecto, desde el puerto de Coquimbo a Totoralillo Norte.

En la reunión no hubo acuerdo y una de las abogadas no contaba con los poderes amplios de representación. Los sindicatos de pescadores y las organizaciones ambientalistas mantienen firmemente su rechazo a la iniciativa que proyecta la explotación de un yacimiento minero de hierro durante los próximos 25 años.

Si bien el futuro del proyecto es incierto debido a la oposición de parte de las comunidades, el ministro Jean Pierre Matus fijó una nueva audiencia de conciliación que se llevará a cabo el próximo día miércoles 16 de marzo, a las 13:30 horas.

Sin embargo, desde el pasado 13 de enero la causa se encuentra en estado de “acuerdo” en la Tercera Sala del máximo tribunal. Con ello, los escenarios que se abren para el proyecto son básicamente dos: sentencia con conciliación o sin acuerdo.

En el escenario más favorable para la empresa, los opositores se abrirían a lograr un acuerdo, considerando los puntos de mitigación planteados, pero también existe la posibilidad de que finalmente los reclamantes persistan en su rechazo.

“Hemos hecho un enorme esfuerzo para diseñar nuevas propuestas que respondan a todas preocupaciones de las partes. Esperamos abrir un diálogo transparente, pensando en armonizar el desarrollo y la protección del medioambiente y el progreso de las personas. Todos debemos estar disponibles a ceder y hacer esfuerzos para alcanzar grandes acuerdos en beneficio del país”, explicó Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de Andes Iron.

Entre los incumbentes también existen posiciones divergentes sobre la realización del proyecto. Ejemplo de esto es que en la última audiencia de conciliación el abogado Carlos Claussen, que representa a la Asociación Gremial Minera de La Higuera, solicitó que “quede constancia del compromiso del titular de formalizar la oferta realizada preliminarmente por la empresa, en el sentido de que iniciada la faena principal, se genere un poder de compra de los minerales que se producen o produzcan en la zona a nivel de pequeña y mediana minería”.

Detrás de la oposición a Dominga se encuentran dos Organizaciones No Gubernamentales con profundo apego al ecologismo: Oceana y FIMA. La primera es una entidad internacional que busca la conservación marítima y la segunda es una agrupación que reúne a un destacado grupo de abogados litigantes. De hecho, tres de los nueve juristas que forman parte del litigio están vinculados a dicha agrupación.

Se trata de Ezio Costa, director ejecutivo de ONG FIMA y representante de Oceana; Antonia Berrios, abogada de Acceso a La Justicia de ONG FIMA y en el juicio representa a la Asociación Gremial de Mariscadores y Pescadores de Los Choros, pero también a tres personas de manera individual: José Aliro Zarricueta Campusano, Ernesto Alfonso Fredes Aguirre y Cristóbal Díaz de Valdés.

A ellos se suma Marcos Emilfork, quien al igual que Antonia Berrios es abogado de Acceso a La Justicia de la misma ONG. Este último explicó que su representada (Javiera Espinoza) no vive en La Higuera, sino que en Viña del Mar y que no está dispuesta a alcanzar una conciliación con Andes Iron, ya que -a su parecer- el proyecto no se hacía cargo de impactos sobre cetáceos por las rutas de navegación.

Consultado si existe un ánimo de rechazo total a la iniciativa por parte de los abogados de FIMA, respondió: “Nos oponemos a un proyecto que fue ingresado al SEIA de una manera concreta y salió del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) de una manera concreta. Para tener un ánimo convergente con la ejecución del proyecto, estimamos que deben respetarse las reglas e ingresar nuevamente al SEIA”.

En conversación con Pulso PM, el alcalde de la comuna de La Higuera, Yerko Galleguillos, se mostró favorable a la realización del proyecto de Andes Iron por los beneficios a los que se comprometió la empresa, como la entrega de agua durante los próximos 25 años.

“Esta medida, al igual que muchas otras, son temas que la gente en La Higuera busca. La idea es poder complementar las ofertas que ofrece la empresa, que son oportunidades laborales y desarrollo, con el cuidado del medioambiente. Esta nueva medida, como el abastecimiento de agua potable, es un beneficio muy grande. La mejora en el sistema de navegación claramente también mejora lo propuesto inicialmente y se resguarda el medio marino”, sostuvo el jefe comunal.

“Es el momento en el que los ambientalistas y ONG nos sentemos a conversar con la empresa y también el gobierno, para ver de qué manera se logran las sinergias entre todos. El proyecto se puede desarrollar en estándares medioambientales altos. Creo que de una vez por todas debemos dejar de pensar y hablar en pajaritos, pingüinos y pescados, y debemos preocuparnos de las personas y de su subsistencia”, concluyó.

El alcalde también contó que con camiones aljibe suelen repartir agua: dos de ellos son del gobierno regional y uno de pertenece a la municipalidad.

En tanto, el abogado Fernando Roco de la Asociación Comunal de la Higuera, que representa a más de 600 personas, indicó que la propuesta más valorada por sus representados es la de acceso al suministro hídrico.

“En La Higuera es común que se corte el agua por lo menos dos veces a la semana y la propuesta de suministro de la empresa es la más relevante que se plantea en este proceso de conciliación”, manifestó el abogado que también representa a un grupo 240 personas.

A su parecer, Oceana y la ONG FIMA representan intereses legítimos y “tienen una mirada medioambiental muy férrea y nuestros representados no se oponen al cuidado ambiental por una razón muy lógica: ellos viven en la zona”.