En los próximos días la nueva administración de Gastronomía & Negocios (Grupo G&N), liderada por la inglesa Carlyle, concretará su primer logro en Chile: cerrar la disputa legal que mantenían la matriz de la cadena de comida rápida Doggis con sus franquiciados en el Tribunal de Defensa de Libre Competencia (TDLC).

El lunes un grupo de franquiciados presentó una serie de desistimientos convenidos tras la última oferta de G&N para poner fin a la disputa por abuso de posición dominante que acusaban. Según altas fuentes ligadas al caso, hace unos días el grupo cerró un acuerdo con el franquiciado Carlos Larraín, quien mantiene el mayor número de locales. El avenimiento del dueño de 25 locales se convirtió en pieza clave para lograr convencer al resto de los franquiciados que se mantenían en disputa.

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Si bien, el acuerdo es confidencial, éste incluiría una extensión importante de sus contratos de franquicias y mejoras comerciales a futuro. Esto no es menor, puesto que si hoy los contratos duran diez años, el acuerdo extendería por más de 15 años su relación contractual con G&N.

Fuentes ligadas al proceso destacan que el avenimiento se gestó y tomó fuerza durante la nueva administración de la matriz de Doggis, que a fines de diciembre del año pasado logró un acuerdo con los fundadores de la compañía (Ricardo Duch y Óscar Fuenzalida) y cedieron el control del holding que maneja también las cadenas Juan Maestro, Bob's, Mamut, Popeye´s y Tommy Beans a la estadounidense Carlyle.

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Conocedores del proceso precisan que próximamente se suscribirá el acuerdo con el resto de los demandantes, que también se convencieron de las mejoras ofrecidas por G&N.

En total son 37 los dueños de locales que -representados por el abogado Rodrigo Díaz de Valdés (socio del estudio Baker&McKenzie)- presentaron una demanda en contra de G&N, Ariztía, Alifrut y las embotelladoras de Coca-Cola Andina y Embonor, acusando a la matriz de Doggis de negociar con esas marcas los precios que debían cobrarles. Dado ello, los franquiciados denunciaron, ante el TDLC, a G&N de impedir el acceso a precios de mercado en la compra de insumos.

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