60 reuniones de lobby en siete años: la nutrida agenda de Uber en Chile con ministros, subsecretarios y parlamentarios

An Uber sign is displayed inside a car in Palatine, Ill., Thursday, Feb. 10, 2022. As Uber pushed into markets around the world, the ride-sharing service lobbied political leaders to relax labor and taxi laws and used a “kill switch″ to thwart regulators and law enforcement. Uber also channeled money through Bermuda and other tax havens and considered portraying violence against its drivers as a way to gain public sympathy. That's according to a report released Sunday by the International Consortium of Investigative Journalists. (AP Photo/Nam Y. Huh)

El principal asesor de lobby en Chile de Uber fue la agencia Extend, hasta 2019, y su socio Felipe del Solar. "Jamás fuimos testigos ni promovimos prácticas como las que se han denunciado recientemente", dice Del Solar a propósito de los Uber Files, una filtración de prácticas globales reprochables de la plataforma. Autoridades cuentan aquí como fueron los contactos con la empresa durante los últimos años.


Uber está en el centro del lobby mundial. Una masiva filtración de documentos describió actuaciones frente a autoridades de diversos gobiernos y contactos con líderes mundiales. Son los “Uber Files”, una colección de más de 124 mil documentos de la plataforma que fueron trabajados en un reportaje por The Guardian y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que dieron origen a una completa investigación sobre cómo la plataforma se expandió a lo largo del mundo. La gigante estadounidense ejerció presiones al más alto nivel en reuniones con autoridades de Estados Unidos y Francia, describen esos reportajes que incluyen correos, mensajes de texto, presentaciones internas y otros archivos de 2013 a 2017.

En Chile, Uber llegó en 2014 y ha mantenido un activo rol de lobby. Reuniones con ministros, subsecretarios, alcaldes, diputados y senadores han sido parte de su agenda por la regulación a las plataformas de transporte de pasajeros.

Según Infolobby -portal administrado por el Consejo para la Transparencia- entre el 20 de julio de 2015 y el 23 de junio de 2022, Uber sostuvo 60 audiencia de lobby. El 25% de las reuniones registradas en dicha plataforma se llevaron a cabo con ministros y subsecretarios de las carteras de Transportes, Economía y Trabajo.

En los últimos siete años, 29 han sido los ejecutivos de agencias de comunicaciones y propios que han prestado servicios de representación de intereses para Uber.

La plataforma fichó los servicios de Extend, agencia de comunicaciones de las hermanas Pilar y Marilú Velasco -hijas del exministro DC, Belisario Velasco-, que ofrece los servicios de comunicaciones estratégicas y asuntos públicos. Entre sus clientes figuran Entel, BTG, Chilena Consolidada y Pizarreño, y gremios como SalmonChile.

De las 60 reuniones, 37 de ellas han sido lideradas por un experto en esta materia. Se trata del periodista Felipe del Solar, socio y director de Asuntos Políticos y Legislativos de Extend, ex asesor del Ministerio Secretaría General de la Presidencia durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Consultado si las prácticas denunciadas en el reportaje Uber Files pudieron replicarse en las gestiones de lobby en Chile, Del Solar respondió por escrito. “Durante el tiempo en que fuimos asesores de Uber en Chile jamás fuimos testigos ni promovimos prácticas como las que se han denunciado recientemente. Trabajamos con los equipos de Chile entre mayo de 2015 y octubre de 2019 para promover una legislación que regulara este tipo de servicios y mostrar a diferentes autoridades las características de los mismos”, indicó.

“Todas nuestras actividades y acciones de relacionamiento con autoridades y parlamentarios se realizaron cumpliendo estrictamente con el marco de la Ley de Lobby vigente, tal como hacemos para todos nuestros clientes. Testimonio de ello es que todas las solicitudes de reuniones fueron ingresadas formalmente para que las autoridades o sujetos pasivos cumplieran con su deber de publicar los contenidos y asistentes a las mismas”, agregó el periodista.

Sin embargo, las redes de Uber en Chile son más amplias en lobby: la empresa contrató también los servicios de Laso y Bernales Asociados, entidad que conformaron los abogados Luis Fernando Laso y Diego Bernales, y que posteriormente disolvieron. También el ex director del Servicio de Impuestos Internos, Ricardo Escobar, socio del estudio Bofill Escobar & Silva, acompañó a ejecutivos de Uber a dos reuniones, en 2019 y 2020, con el SII, y el ex diputado RN, Joaquín Godoy, quien participó en encuentros con el senador UDI Juan Antonio Coloma y el exministro del Trabajo, Nicolás Mockeberg.

En la discusión parlamentaria de la ley 21.43 que modifió el Código del Trabajo, regulando el contrato de trabajadores de empresas de plataformas digitales de servicios, Uber participó directamente, sin intermediarios, a través de su gerente de Asuntos Gubernamentales, Nicolás Sánchez. Según el informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, en enero de este año el ejecutivo manifestó que “en la propuesta legislativa se debe considerar incorporar la libertad de elección de los trabajadores de plataformas digitales, en su relación laboral, entre dependientes o independientes, además, indicó que para maximizar el potencial de la tecnología, las soluciones deben ser compatibles con el modelo de plataformas de intermediación y con las necesidades de las personas que se benefician de ellas”.

Sánchez manifestó que Chile, por medio de esta iniciativa, se estaría incorporando al estándar más alto y comparó la actualidad legislativa y jurisprudencial del estado de California en Estados Unidos y del Reino Unido en relación con el proyecto que se encuentra en estudio.

A raíz del caso de Uber a nivel internacional, ¿la ley de Lobby en Chile deja espacios para ese tipo de prácticas? El presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia responde: “Se requiere analizar si hay que elevar las sanciones en caso de incumplimiento. El lobby a veces es necesario, y existe y va a seguir existiendo. Pero es una actividad que debe ser transparente y de cara a la ciudadanía, para evitar situaciones de tráfico de influencias u otras malas prácticas. Un avance en este sentido podrían ser las reformas anunciadas por el Presidente”.

Amplio despliegue

Pulso consultó a una serie de autoridades que recibieron a ejecutivos que actuaron en representación de Uber. Ninguno dijo haber sido testigo de prácticas como las que reveló el reportaje de Uber Files, aunque algunos de ellos admiten que la estadounidense presionó por evitar la regulación en Chile.

El ex subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, recibió en dependencias del Ministerio del Medio Ambiente, el 31 de agosto de 2018 al director de public policy de Uber, Gonzalo Araujo, quien le manifestó “las alternativas que podría ofrecer y su experiencia en modelos de carsharing y carpooling”. Mena recordó que en el encuentro “nos presentaron estudios de los beneficios ambientales de los autos compartidos, pero como no soy pro auto, no los tomé mucho en serio. Trataron de presentar argumentos que los autos compartidos traían ventajas, pero cualquier persona sabe que la fracción de viajes compartidos en Uber es inexistente”, acotó.

El ex senador Juan Pablo Letelier (PS) –ex miembro de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado– añadió que cuando irrumpió Uber, hubo una tremenda inquietud de parte de gremios de taxistas. “Ellos (Uber) nunca quisieron ser regulados y algunos parlamentarios éramos muy partidarios de establecer una regulación”, cuenta.

“Ellos estaban siempre hablando de las bondades para los usuarios y beneficios a trabajadores que complementaban sus ingresos, pero hacían caso omiso del impacto que ocasionaban al transporte regulado, colectivos y taxis básicos”, añadió el ex parlamentario.

Una opinión contraria manifestó el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, quien explicó que “Uber al igual que otras plataformas de transporte de pasajeros siempre estuvieron por que se les regulase, pero que se hiciera evitando entrampar el negocio”.

Otra autoridad que recuerda contactos con la empresa es el ex subdirector jurídico del Servicio Nacional del Consumidor, Andrés Herrera, quien sostuvo que “en un tono amable y moderado, Felipe del Solar quería que el Sernac supiera qué estaban haciendo, explicar su modelo de negocio y conocer qué íbamos a hacer en materia de revisión de sus condiciones contractuales, en relación con los usuarios. O sea, más allá del tono de Felipe, era claro que querían ejercer alguna presión sobre lo que íbamos a hacer y conocer nuestras acciones, pero la actitud fue escucharlos y darle respuestas generales”, asevera. “El solo hecho que fueran a las reuniones con Extend manifestaba su estrategia de cierta presión a la autoridad”, concluyó.

El ex ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg explicó que “no fui presionado ni vi que nadie fuera presionado mientras fui ministro, más allá del legitimo derecho a ser escuchado que ejercieron los ejecutivos de las empresas de plataformas”.

La respuesta global

Uber Chile declinó efectuar comentarios sobre este artículo y remitió una declaración a nivel global sobre el caso Uber Files. “No han faltado los informes sobre los errores de Uber antes de 2017. Se han publicado miles de historias, se han escrito varios libros, incluso ha habido una serie de televisión. Hace cinco años, esos errores culminaron en uno de los ajustes de cuentas más infames en la historia de la América corporativa. Ese episodio condujo a una cantidad enorme de escrutinio público, una serie de juicios de alto perfil, múltiples investigaciones gubernamentales y el despido de varios altos ejecutivos”, respondió la empresa, que declinó comentar sus actuaciones en Chile.

Por ello Uber recuerda que contrató a un nuevo CEO, Dara Khosrowshahi, a quien se le encomendó la tarea de transformar la forma de operar de Uber. “Dara reescribió los valores de la empresa, renovó el equipo de liderazgo, hizo de la seguridad una prioridad principal de la empresa, implementó el mejor gobierno corporativo de su clase, contrató a un presidente de junta independiente e instaló rigurosos controles y políticas de cumplimiento necesarias para operar como una empresa pública”, consignó la firma.

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