Accionistas minoritarios de Clínica Las Condes han manifestado disconformidad con las condiciones en las cuales se aprobó en enero un aumento de capital por $80 mil millones mediante la emisión de 8 millones de nuevas acciones a un precio de $10 mil por papel.

El 5 de enero, el directorio de la clínica acordó unánimemente citar a una junta extraordinaria de accionistas para el 30 de enero para votar la capitalización por hasta $80 mil millones. Casi un año antes, en marzo de 2025, la compañía había aprobado otra emisión de capital por $45 mil millones que completó en agosto de 2025.

Sin embargo, en diciembre del año pasado la clínica anunció que había descubierto algunas irregularidades e inconsistencias contables que calificó de “ajustes manuales” heredadas de la administración anterior, que encabezaba su expresidente Alejandro Gil, por cerca de $73 mil millones. Debido a ello, se vio obligada a aplicar un enorme ajuste en los estados financieros de 2025, que implicaron una pérdida anual de $66 mil millones.

En ese contexto, fue convocada la asamblea extraordinaria que dio luz verde a elevar el capital desde $154.299 millones hasta $234.299 millones, dividido en 23.079.595 acciones.

El 27 de abril, el directorio informó que había acordado que los accionistas, con derecho a opción preferente de compra de acciones, podrían ejercerla a partir del 11 de mayo hasta el 9 de junio. Tres días después, se llevó a cabo la junta ordinaria de accionistas de la empresa.

En la junta de accionistas de enero, el representante de Indisa, el segundo mayor accionista de la clínica, planteó que hubiese sido mejor un aumento de capital de un mayor número de acciones, en torno a las 8,5 millones, para recaudar los mismos $ 80 mil millones requeridos. Aquello habría dado lugar a una colocación a un precio cercano a los $ 9.400 por papel. La propuesta de Indisa obtuvo el 48,66% de los votos y la del directorio ganó, con la emisión de 8 millones de papeles, con el 51,29% de los votos.

En las dos últimas juntas ha intervenido el histórico accionista minoritario de la CLC, el médico anestesiólogo Herbert Spencer, quien aunque originalmente apoyó la moción del directorio, ha ido variando su posición pues reclama por el alto valor de la acción que se puso en el mercado, dado que podría generar una mayor dilución de los minoritarios que, dado el alto precio, no suscribieran el aumento de capital.

Como sustento de lo afirmado, Spencer, quien posee más del 1% de la propiedad, recordó que la clasificadora de riesgo Humphreys el 29 de diciembre había rebajado la calificación de los bonos de la clínica desde categoría “B” hasta “E”, la más baja, debido al alto riesgo de incumplimiento por falta de información, y la calificación de sus acciones la estableció “en observación” desde “estable” por no contar con información suficiente, tras la auditoría forense que detectó los registros contables irregulares por $73 mil millones.

A cuatro meses de la aprobación del aumento de capital, Spencer, respaldado tácitamente por otros minoritarios, pasó a la ofensiva y este lunes 25 de mayo envió sendas cartas oficiales con la clara intención de frenar la emisión de acciones.

En la primera misiva, dirigida al presidente del directorio de Clínica Las Condes, Carlos Kubick, el doctor Spencer señala que el precio del aumento de capital no se justifica porque la empresa se encuentra en peores condiciones financieras que el año anterior, dado el obligado ajuste contable realizado.

Además, plantea un evidente perjuicio a los accionistas minoritarios por lo que llama “una dilución forzada”, más todavía en un ambiente bursátil adverso, dado que la acción ha caído persistentemente desde el anuncio de capitalización en enero, cuando se transaba sobre los $16 mil, después de anunciar los registros contables irregulares, hasta los actuales $10.600, casi en línea con el precio del aumento de capital. Y además acusa al accionista controlador, el grupo Euroamérica, de apuntar con esto a consolidar un porcentaje aún mayor de la propiedad de la empresa, mediante lo que llama “una OPA encubierta”, a un valor real de castigo, licuando a los minoritarios sin pagar un premio de control por eso.

Por ello, dice que se reserva el derecho a ejercer acciones legales tanto administrativas como civiles o penales en caso de que el aumento de capital se realice en las actuales condiciones.

En paralelo, el mismo lunes, presentó ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) un “téngase presente” con los mismos argumentos planteados al directorio de la clínica y solicitó una medida cautelar de suspensión urgente del aumento de capital en curso, fundado en lo que considera “un diseño societario abusivo y una grave distorsión financiera que lesiona la fe pública”.