El protocolo de acuerdo que estableció Hacienda con los trabajadores de la mesa del sector público en el marco del proyecto de reajuste que ingresará al Congreso el lunes 5 de enero, abordó temáticas más amplias que el solo guarismo de la mejora salarial -que es de 3,4%- y la conocida como “ley de amarre”, norma que restringe el despido de los trabajadores del Estado a contrata en el contexto de la llegada de la administración de José Antonio Kast.

Entre esos temas está una modificación a la Ley de Presupuestos por traspaso de honorarios a la contrata. En este caso, se busca establecer que el jefe superior de cada servicio implemente un mecanismo informativo con las asociaciones de funcionarios, para efectos de dictar la resolución que determinará los criterios de priorización del personal que cambiará de calidad jurídica de honorario a contrata.

También hay una norma para el incentivo al retiro para pensionados por invalidez. Se permite el acceso a quienes cumplan la edad de 60 y 65 años, para mujeres y hombres respectivamente, dentro de los tres años siguientes a la obtención de pensión de invalidez, cumpliendo los otros requisitos requeridos.

Otro tema que se establece es la entrega de un bono postlaboral. Se precisa que la postulación aplicaba para el año 2025, permitiendo que el cese de funciones se materializara con posterioridad al 31 de diciembre de 2024. Así, se regulan los casos especiales para los que no pudieron acceder por no haber hecho efectiva su renuncia en la fecha antes indicada, y se otorga un plazo excepcional de postulación a quienes no presentaron su solicitud con posterioridad al 31 de diciembre de 2024.

Además, se extenderá el teletrabajo hasta 2028: para instituciones piloto y para el resto de las instituciones del gobierno central que aplican la facultad de trabajo híbrido se agrega como requisito el deber de informar a la Dipres (Dirección de Presupuestos) la regulación de la modalidad. Esto aplica también para gobiernos regionales y universidades estatales.

Se fijan cupos adicionales para el incentivo al retiro en universidades estatalesen 2026 y 2027: 80 cupos para académicos y directivos, y 20 cupos para profesionales no académicos en 2028.

En otra área, se fija una protección penal reforzada ante agresiones a funcionarios públicos, extendiendo la aplicación prevista en la ley N°21.188 para personal de salud y educación.