El proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica fue aprobado este jueves en su segundo trámite constitucional por la Sala de la Cámara de Diputados, incluyendo el artículo que autoriza a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) a levantar el secreto bancario bajo circunstancias específicas.

En concreto, la medida autoriza a la UAF a requerir la información sujeta a secreto bancario a una institución bancaria sin previa autorización judicial, siempre que la información sea necesaria para desarrollar o completar el análisis de una o más operaciones sospechosas previamente reportadas que se refieran a personas jurídicas, a funcionarios públicos, o que hubieren sido reportadas por un banco, que se vinculen con los delitos de su competencia.

Las restricciones para levantar el secreto bancario ya es algo que había sido acotado durante su tramitación en instancias previas, no obstante en enero la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara rechazó el artículo, el cual fue repuesto por el Ejecutivo para su votación en Sala.

Tras la aprobación el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló que la iniciativa “permite que el Estado tenga herramientas más eficientes para seguir la ruta del dinero de los grupos y organizaciones de crimen organizado”.

Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, detalló que “este proyecto genera un Sistema de Inteligencia Económica en el que participan activamente la UAF, el Servicio Impuestos Internos y Aduanas, que en conjunto con su información se la entregan a la UAF para que pueda hacer mejor análisis y perseguir la ruta del dinero”.

Junto con ello, destacó que “este proyecto también incluye muchas herramientas para la UAF, pero en particular una muy importante, que es el levantamiento del secreto bancario, no en sede judicial, sino que en sede administrativa, para poder tener análisis más apropiado y en menor tiempo posible, solo en tres casos: uno, en el caso de que el reporte de operación sospechosa provenga de un banco; dos, cuando ese reporte de operación sospechosa se refiere a un funcionario público; y tercero, cuando el reporte de operación sospechosa viene de una entidad jurídica, es decir, no de las personas”.

“Este proyecto ley en ningún caso vulnera la privacidad de personas comunes, sino que lo que busca es a aquellos que efectivamente están en la lógica de la ruta del dinero contra el crimen organizado y por eso se levantan lo que se llaman los reportes de operación sospechosa de parte de los distintos sujetos obligados, entre ellos bancos, compraventas de autos, etc”, enfatizó la subsecretaria.

La medida también establece que la información obtenida mediante el levantamiento del secreto bancario “tendrá el carácter de secreta y sólo podrá ser utilizada para los fines del análisis correspondiente y respecto de la o las personas y la o las entidades determinadas en la solicitud respectiva”.

Además, se establece que, en el mes de marzo de cada año, la UAF deberá publicar información agregada sobre la cantidad de veces que ejerció la facultad en el año calendario precedente y la cantidad total de personas a cuya información accedió.

Entre otras cosas, también se aprobó la posibilidad de que la UAF presente una sola solicitud a la Corte de Apelaciones de Santiago para acceder a información de varias personas involucradas en la misma operación sospechosa.

Junto con ello, se visó la indicación presentada para su votación en Sala para incrementar la dotación en cinco cupos en el SII, Aduanas y la UAF, aumento que había sido rechazado en la Comisión de Hacienda de la Cámara.

A pesar de la aprobación en la sala de la Cámara, el proyecto de ley deberá sortear un tercer trámite en la Sala del Senado. Sin embargo, considerando los plazos, poner el proyecto en tabla dependerá de las nuevas autoridades, puesto que el próximo 11 de marzo se producirá el cambio de mando presidencial así como también la renovación de los 155 diputados de la Cámara y de 23 senadores.