Casinos acusan falta de garantías en licitación y urgen frenar el proceso

El 2 de junio, el gerente general de Marina del Sol, Juan Ignacio Ugarte, mandó un oficio a la Superintendencia de Casinos (SCJ), pidiendo acceder a algún tipo de pase de movilidad para que sus profesionales pudieran visitar terrenos y ciudades para trabajar ofertas económicas para las plazas que les resulten atractivas. También pedía algún tipo de facilidad para que sus socios canadienses pudieran entrar a Chile en el marco del mismo proceso. “No es posible que esta superintendencia pueda acceder a su solicitud, dado que lo solicitado está fuera de sus atribuciones”, respondería la autoridad 13 días después.

El 24 de mayo, y tras 270 días suspendido, la SCJ reanudó el proceso de otorgamiento de doce licencias que vencen entre 2023 y 2024. Si bien las fechas y plazos que establece la normativa presionaron su reanudación, en la industria no existen diferentes opiniones: todos acusan que el proceso está teñido de un sinfín de aspectos que auguran un mal o débil resultado. Para el 18 de octubre está fijada la fecha de entrega de las ofertas económicas.

“La situación que enfrenta la industria de casinos de juegos en el proceso de licitación es compleja y decepcionante, porque lamentablemente la superintendenta Vivien Villagrán no ha dado las garantías básicas para la realización de un proceso transparente y competitivo”, sostiene el presidente de la Asociación de Casinos, Ricardo Abdala. Y añade: “Desde el año pasado hemos venido alertando que la autoridad está imponiendo a los operadores un modelo de licitación que no está apegado al marco legal vigente y que, además, ha resultado fallido, según queda en evidencia ante los acontecimientos vistos en el último tiempo. Sin embargo, no hemos sido escuchados, ni hemos visto un interés de diálogo por parte del regulador. Por el contrario, hemos sido empujados a participar de un proceso que se basa en un modelo de licitación que ha demostrado que no sirve”. Si en la licitación de 2005 compitieron 64 empresas locales y extranjeras por 17 plazas, en 2015 solo corrieron Enjoy y Dreams.

Desde la Superintendencia la visión es distinta. “La ley considera dar el tiempo necesario para que se otorguen nuevos permisos de operación o se renueven los vigentes, contando, asimismo, con el tiempo necesario para que se puedan instalar los proyectos, sin que se genere una vacancia entre el vencimiento de los permisos en funcionamiento y el inicio de los nuevos casinos en caso de que se lo adjudiquen sociedades operadoras nuevas”, dice la SCJ.

En 2005, se promulgó la Ley N° 19.995; bajo esa normativa se constituyeron 17 casinos a lo largo del país. El objetivo de la ley era dotar de infraestructura turística a las comunas. El sector invirtió US$ 1.500 millones.

Según señalan los operadores, en ese momento se establecieron mecanismos de renovación que, en líneas generales, permitían prácticamente una renovación automática de los permisos de operación al cabo de 15 años. Se planteaba que serían los titulares de los permisos los que activarían la solicitud de renovación entre 210 y 240 días antes del vencimiento y que de los 2.000 puntos necesarios para adjudicarse el permiso, los incumbentes ya partían con 1.550, una ventaja casi incontrarrestable. “Se hicieron grandes inversiones, pensando en un plazo de 30 años; así se conversó con los bancos”, señala un operador.

En 2015 se modificó la normativa y se estandarizó la regulación entre los casinos bajo supervisión de la SCJ y los permisos municipales. Con ello, todos quedaron bajo la Superintendencia. Se estableció una oferta técnica donde los proyectos debían obtener un 60% de los puntos para optar a la siguiente etapa, y una oferta económica adicional al impuesto original: el mayor monto se adjudicaba la licitación.

En el sector insisten en que esa normativa reconoció el derecho que tenían aquellos que habían obtenido sus permisos en 2005. En la misma ley se estableció un párrafo que estipulaba que “los permisos de operación otorgados con anterioridad a la modificación de la presente ley se regirán por las normas vigentes al tiempo de su otorgamiento, salvo que las normas posteriores impliquen mejores condiciones para su operación”.

La interpretación de la Superintendencia es muy distinta, lo que derivó en que activara este proceso de licitación y mandatara a los operadores a participar desde cero. “La SCJ aplica la ley. Ante la divergente opinión de algunos actores de la industria, diversas Cortes de Apelaciones del país han ratificado el actuar de este organismo en siete casos a la fecha, estableciendo que la Superintendencia no ha incurrido en ilegalidad alguna, ni infracción de reglamentos ni de disposiciones aplicables en la materia, limitándose, por el contrario, a cumplir cabalmente la ley vigente”, dice la SCJ.

Hoy, hay doce plazas en licitación. De ellas, cuatro son de Dreams (Sun Monticello, Temuco, Valdivia y Punta Arenas), tres de Marina (Talcahuano, Osorno y Calama), dos de Enjoy (Antofagasta y Los Ángeles), además de Antay Casino & Hotel de Copiapó, de los españoles de Luckia, el Casino de Colchagua, del grupo Cardoen, y el Gran Casino de Talca, de la empresa peruana Corporación Meier.

Dreams y Marina están hoy en la justicia. Dreams presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones que fue rechazado. Luego recurrió a la Corte Suprema, vía recurso de queja, y al Tribunal Constitucional para impugnar la opción de no apelar, y revertir el fallo inicial.

Marina del Sol, en tanto, interpuso cuatro recursos de ilegalidad aduciendo que el proceso está mal habido. Todos están en análisis en la justicia. “Solo por participar nos vemos obligados a aceptar las bases y tenemos todos los juicios corriendo desde que el gobierno abrió la licitación, porque no podíamos demandarlo por algo que no sabíamos que iba a pasar; están las demandas presentadas, pero no las respuestas y no hay mucho tiempo”, precisan cercanos a la firma.

Desde la SCJ insisten en su punto. Sostienen, por ejemplo, que el 10 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los reclamos de ilegalidad presentados por dos sociedades operadoras. Entre otros fundamentos, la sentencia señala que “la recurrente debe regirse por la normativa actualmente vigente, no por aquella a que ilegalmente aspira, llamada concurso de belleza, tal como se lo dijo la Superintendencia, entidad a la que le corresponde definir las reglas del proceso respectivo, de acuerdo con la interpretación que le corresponde hacer, por así disponerlo la ley, de la legislación pertinente” y que “si el legislador hubiere querido entregar el primer permiso de operación de casinos por 30 años, lo hubiese dicho así en forma expresa”.

“Hay una pugna pendiente que se debe solucionar. Lo que es otra razón para no llevar a cabo ahora una licitación”, señala un actor de la industria.

En diciembre de 2018, el gerente general de Enjoy de la época, Gerardo Cood; el de Marina, Juan Ignacio Ugarte, y el de Dreams, Jaime Wilhelm, se reunieron con el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, para analizar la problemática, pero quedó en nada. A fines del año pasado se creó una mesa entre el sector y Moreno. Le plantearon la obligación de respetar la normativa de 2005 y se quedó de avanzar. Días después, la superintendente dio una entrevista a Diario Financiero defendiendo las nuevas condiciones. Y la mesa se rompió.

Pero la problemática no acaba ahí. Los casinos llevan prácticamente 17 meses cerrados por la pandemia del Covid-19. En la industria sostienen que las ofertas económicas se construyen y proponen sobre la base de la rentabilidad esperada. Y para estimarla se deben estudiar factores como los ingresos de los últimos años, la cantidad de visitas, entre otras proyecciones. “No ha habido visitas, no ha habido ingresos, ni la más mínima estabilidad laboral y de mercado que permita hacer alguna proyección seria”, puntualiza un operador.

Subrayan, además, la imposibilidad de visitar los lugares, junto con la nula opción de que extranjeros puedan recorrer las plazas para que el proceso se abra a actores internacionales. El presidente de Marina, Nicolás Imschenetzky, reconoce que gracias a que tiene una empresa constructora ha podido visitar lugares, porque por empresa de casinos no dan pases.

Todo ello, en instancias en que los bancos, además, no están abiertos a respaldar a una industria tan complicada financieramente. “En esas condiciones, el Estado no puede pretender recibir buenas propuestas económicas, y por ello se frustra el propósito de la ley”, aseguran fuentes del sector.

De avanzar el proceso ya hay voces que apuntan a la instancia indemnizatoria del Ciadi. “Se participaría del proceso, y si no se gana, los 15 años que faltan para recuperar la inversión se cobrarían en el Ciadi”, puntualizan en la industria. De hecho, operadores ya han contactado a abogados para ver esa salida.

Hoy, saben que si el proceso sigue adelante deberán participar -”No podemos dejar botada esa inversión”, dicen-, sin embargo, esperan que el proceso se suspenda. En la SCJ son claros frente a una nueva prórroga: “Con el actual marco legal no es posible”.