El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, hace un positivo balance de la política migratoria implementada por el actual gobierno. No obstante, menciona que quedan desafíos pendientes. " En la política migratoria no hay ni varitas mágicas, ni medidas únicas, sino que es un trabajo consistente con medidas que van dando resultados y eso es lo que hemos mostrado", afirma.

El 2025 se consolidó un cambio en la composición del flujo migratorio, siendo los ciudadanos bolivianos los que ahora lideran y los venezolanos pasaron a segundo lugar. ¿A qué responde?

-En los últimos años ha habido un cambio paulatino en materia migratoria, que en 2025 se expresa con mucho énfasis. En años anteriores la mayoría de los ciudadanos que llegaban a Chile provenían de Venezuela, Colombia y otros países, en cambio, ahora hay una fuerte llegada de trabajadores bolivianos. Ese es el principal cambio migratorio que ha tenido el país: el 60% de las visas laborales fueron para bolivianos. Eso se refleja también en que las visas para venezolanos pasaron de representar el 28% al 11% del total.

¿Qué modificaciones en la política migratoria permitió este cambio en el flujo migratorio?

-Lo primero es que tuvimos una agenda de trabajo con Bolivia que ha facilitado un ingreso regular de trabajadores bolivianos. Tenemos varios acuerdos con Bolivia, uno del 2023 que establece gratuidad de las visas Mercosur y otro del 2024 que establece una tramitación oportuna de esas visas. Lo otro es que hay una demanda adicional para complementar la fuerza de trabajo local de con trabajadores bolivianos. Se juntó un trabajo de política migratoria con elementos más estructurales del mercado de trabajo. Esos dos factores dan una relación virtuosa que hoy en día se refleja en la realidad migratoria del país.

¿Estas visas se entregan a personas que vienen ingresando al país o también a quienes ya están en Chile?

-La migración boliviana es, en general, una que viene por temporada, yo diría temporada larga de un año. Y dado que la visa que se le otorga es una temporal por dos años, les permite a las personas venir un año, trabajar en la temporada, incluso en algunos casos se desplazan por distintas zonas. Además, esta visa es por dos años, entonces, normalmente vienen a trabajar en la temporada, regresan a su país y vuelven al año siguiente.

¿Qué pasó con el flujo migratorio de los venezolanos?

-Hay un estancamiento de las visas laborales para los venezolanos. Actualmente la mayor cantidad de visas que se entregan son visas de tipo reunificación familiar, pero el flujo, la llegada de nuevos migrantes venezolanos va a la baja.

A nivel más global de la política migratoria que gestionó este gobierno. ¿Se logró finalmente controlar de mejor manera a las personas que están ingresando a Chile?

-Sí. Hay dos cosas ahí que son fundamentales. La presencia de las fuerzas armadas en la frontera ha permitido reducir el ingreso irregular. El 2021 se alcanzó la cifra histórica más alta de ingresos irregulares al país con 56.586 personas. El 2022 se produce un quiebre de la tendencia al alza en las denuncias por ingreso irregular que se venían incrementando desde el 2018 en adelante. Ese año hubo 53.875 ingresos irregulares. Ahora, el 2025, las denuncias por ingreso irregular presentan una disminución del 54% con respecto a 2021 con 26.275. Ese es un factor. Por el otro lado, está el trabajo relacionado con Bolivia que no solo ha sido un intercambio y una negociación en base a acuerdos migratorios, sino también en acuerdos de gestión de frontera. Hoy día, a partir del último acuerdo del 2024, podemos decir que más del 95% de las personas que son detectadas en la frontera con Bolivia son reconducidas al país independiente de su nacionalidad.

¿Cuántos migrantes irregulares hay hoy en Chile?

-La estimación que nosotros tenemos considerando niños y adultos es en torno a las 300.000 personas. Esa es la cifra de personas en situación irregular. De ese total, hay 180 mil que están empadronados, y otros 60 mil que son niños y que nuestra legislación nos obliga a regularizarlos. Lo otro que hemos hecho es la reconducción en la frontera. Es una suerte de expulsión en la frontera de una persona que entra irregularmente y se devuelve. Son 18.000 las personas que han sido reconducidas durante esta gestión.

¿Y cuántas personas han expulsado durante este gobierno?

-Durante el gobierno hemos expulsado a 4.305 personas, pero a eso hay que sumar las 18.000 reconducciones, que, si bien no son expulsiones propiamente tal, son personas que no ingresan al país.

¿Usted diría que hoy la situación migratoria está mucho más controlada en comparación a cuando ustedes asumieron?

-Cuando asumimos estábamos viviendo una crisis migratoria. Hoy día estamos lejos de esa situación. Tenemos un sistema migratorio donde lo que predomina es una inmigración regular de orientación laboral principalmente desde Bolivia, pero tenemos desafíos importantes. Si bien hemos aumentado el volumen de expulsiones, tenemos que mantener esa senda. Se debe seguir fortaleciendo al Estado en materia de control de fronteras y seguir colaborando con los países vecinos actuar de manera coordinada. Recibimos el país en una situación de crisis migratoria y hoy día tenemos desafíos importantes, pero estamos lejos de esa situación.

¿Chile todavía tiene capacidad para recibir migrantes?

La política migratoria es explícita en decir que no va a promover nuevos flujos migratorios. Las visas que hemos gestionado estos años son aquellos que tienen que ver con las necesidades para el desarrollo de la economía y aquellos que establecen vínculos familiares. La demanda que existe hoy día por trabajadores bolivianos complementarios a los chilenos en el sector agrícola nos está diciendo que en ese sector específico hay una necesidad de la economía. Las visas de reunificación familiar que se piden nos está diciendo que hay una necesidad. Más allá de esas dos causas sería poco razonable y poco prudente abrir una convocatoria, el país no está para avanzar en esa línea.

El presidente electo ha dicho en varias oportunidades que quiere expulsar a los 300 mil migrantes irregulares, ¿eso es inviable según su experiencia en este cargo?

Yo prefiero no referirme específicamente a propuestas que han realizado las nuevas autoridades. Hay desafíos importantes hacia adelante en materia de expulsión. El primero tiene que ver con la aprobación de la ley que permita expulsar a personas condenadas por tráfico de drogas. El 2022, el gobierno presentó un proyecto de ley para permitir que personas que son condenadas por tráfico de drogas y que tienen condenas bajas de menos de 50 días puedan ser expulsadas. Esto, porque hoy día no se puede expulsar a esas personas. Ese es primer desafío para poder incrementar el volumen de expulsados. Luego, se debe mantener la continuidad de la Mesa de Trabajo con la PDI para priorizar aquellas expulsiones de personas que tienen delito y que tienen antecedentes policiales. Y lo tercero que creo que es importante es retomar la relación con Venezuela en esta materia.