El avance del apoyo a la universalidad en la opinión pública del país

Pensión básica universal y renta básica universal. Dos de las propuestas de los últimos meses que más han dado que hablar en el país pueden dar cuenta de una tendencia en la opinión pública hacía abrirse más a ese tipo de políticas, en desmedro de la focalización, que encausó las políticas públicas de las últimas décadas.

Un análisis de la consultora Criteria Research en base a los datos de las Encuestas Bicentenario de la UC, muestra que durante la última década el “universalismo” pasó de cerca de un tercio de las preferencias en 2012 (30%), a casi la mitad en el último sondeo de 2020 (45%).

Estos resultados surgen ante la pregunta de la encuesta UC respecto de dónde se situaría siendo un extremo la frase “La ayuda del Estado debe destinarse sólo a los más pobres y vulnerables” y en el otro “Todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado”.

Al desagregar los resultados, se evidencia una mayor inclinación hacia las respuestas pro universalismo en los grupos socioeconómicos medios, el C2 (48%), C3 (52%) y D (43%). En tanto, el sector económico más alto, el ABC1 y el más bajo, el E, mostraron mayor inclinación por la focalización, con 45% y 41% de las respuestas respectivamente. Esto, podría estar asociado a causas distintas: el grupo de mayores recursos no ve que mejoraría mucho su situación con políticas universales, mientras el de menores ingresos es el más beneficiado con la focalización, y su cambio podría significarle una disminución de beneficios. Sin embargo, el sondeo de 2012 mostraba que era justamente en el Estrato E donde mayor porcentaje se inclinaba por la universalidad, con 35%, aunque la mayoría de ese segmento prefería la focalización (53%).

Respecto de la tendencia política, en la última encuesta de la UC se veía que en la izquierda, el centro y la derecha existía un apoyo mayor a la universalidad.

“El universalismo aparece como un principio atractivo para la población de izquierda, ya que materializa su anhelo igualitario. Pero lo interesante es que comienza también a aparecer como atractivo para una población de derecha no tradicionalmente asociada a este principio. Esto puede explicarse por el hecho de que, en realidad, hay más de una derecha, y sí existen en este mundo personas que genuinamente adscriben a valores universalistas. También puede ocurrir que lo vean como una posibilidad de simplificar el Estado (y probablemente de reducirlo en tamaño). En este sentido, las transferencias directas quizás son vistas como una modalidad de subsidio a la demanda (un voucher). Es decir, un principio alineado completamente con una visión económica neoliberal”, señala el gerente general de Criteria Research, Matías Chaparro.

Chaparro explica que para abordar el ingreso básico universal replicaron en Criteria una pregunta incluida en la versión del año 2016 de la European Social Survey, en la que se explica en más profundidad un concepto. Ahí se les indicó en abril pasado a los encuestados que “actualmente, en algunos países se está hablando sobre la posibilidad de instaurar un sistema de renta básica. Un sistema de renta básica incluye todo lo siguiente: (1) El gobierno paga a todas las personas una renta mensual para cubrir los costes de vida esenciales; (2) Esta renta sustituye a muchas otras prestaciones sociales; (3) El objetivo es garantizar unas condiciones de vida mínimas a todas las personas; (4) Todas las personas reciben la misma cantidad, independientemente de si tienen trabajo o no; (5) Además, las personas siguen disponiendo del dinero que ganan con su trabajo u otras fuentes; (6) Este sistema se financia con los impuestos”.

Luego, se les consultó si estaban de acuerdo o no. El resultado fue que 81% se declara “a favor” o “totalmente a favor”, mientras el 19% dice estar “en contra” o “totalmente en contra”. “Aunque la postura universalista es predominante en todos los segmentos, sí es sensible a las posturas políticas. En el mundo de las personas que se declaran de izquierda, el 89% la apoya, mientras que en el mundo de las personas de derecha el 62% la apoya” dice Chaparro.

Con todo, el experto señala que no hay que olvidar que se trata de una pregunta “importada” y que “además se aplica en un momento muy particular, en donde la discusión sobre la posibilidad de un ingreso básico universal está marcada por la entrega de ayudas económicas en contexto de pandemia. Ahora bien, dicho lo anterior, es posible que estos resultados muestren una tendencia que pueda perdurar más allá de la coyuntura”.

Uno de los ejemplos que ha salido a discusión a propósito de la universalidad ha sido la gratuidad universitaria, la cual hasta el momento llega a los 6 primeros deciles de la población pero que, a medida que los ingresos fiscales de largo plazo crezcan, también debería ir aumentando el porcentaje de la población cubierta, tal como lo señala la ley.

De acuerdo a un sondeo de Criteria de marzo de este año, muestra que esa medida aún divide, casi en mitad y mitad a los chilenos. Es así como el 49% opta por la focalización, que corresponde a estar de acuerdo con la frase: “Los centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades debieran ser gratis sólo para los estudiantes que provienen de familias de bajos ingresos. Los estudiantes que provienen de familias de altos ingresos deben pagar”. Mientras, el 51% restante prefiere el universalismo, en el que los centros de educación terciaria deberían ser gratis para todos.

Sin embargo, Chaparro destaca que “las diferencias generacionales acá son muy significativas. En el grupo de personas de 18 a 24 años el 42% está a favor de la focalización y un 58% de la postura universal. Por el contrario, entre los mayores de 60 años, el 61% está a favor de la focalización y sólo el 39% de la postura universal”.

Criteria también realizó el mismo ejercicio respecto a las pensiones, tras la idea de la presidenta de la Asociación de AFP, Alejandra Cox, de una pensión básica universal. Ahí los resultados son más decidores, ya que el 74% de los consultados cree que todas las personas debieran recibir una pensión básica del Estado, tanto las que ahorraron como las que no. Mientras, el 26% cree que solo deberían recibirla quienes no pudieron ahorrar durante su vida laboral, mientras que las que sí pudieron no deberían.