El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) una vez más sacó la voz para advertir en torno a la presión sobre las finanzas públicas.

Esta vez publicó un informe respecto a los efectos de la reforma previsional, concretamente el grado de acogida que tuvieron sus recomendaciones respecto a los riesgos fiscales asociados a la iniciativa aprobada por el Congreso en enero pasado.

La entidad dirigida de manera interina por Hermann González (el gobierno nominó a Paula Benavides) identificó once riesgos fiscales derivados de esa reforma (uno de los logros más visibles de este gobierno), de los cuales seis fueron acogidos completamente, tres de manera parcial, uno desechado y otro en evaluación.

Sin embargo, el CFA, que ya tuvo un duro intercambio con Hacienda por las cuentas fiscales, expresó su preocupación por el hecho de que los dos principales riesgos, los que calificó de alta prioridad, no han sido mitigados adecuadamente.

• No se acogió completamente la recomendación referida al riesgo asociado a las fuentes de financiamiento del mayor gasto fiscal del proyecto, en relación con la recaudación esperada de la Ley de Cumplimiento Tributario, que fue identificada como la fuente de ingresos permanentes para financiar la reforma de Pensiones.

• No fue acogida la recomendación respecto del riesgo relacionado con la cobertura insuficiente del perímetro de las reglas fiscales a raíz de la creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) fuera del Gobierno Central -ámbito en el que aplica la regla fiscal vigente en Chile-, lo que, además, limitaría el rol del CFA en su monitoreo.

En su informe, el CFA advirtió que los riesgos no cubiertos o no adecuadamente cubiertos, siguen requiriendo de la adopción de medidas de mitigación, ya sean las propuestas por el CFA, u otras que cumplan con los mismos objetivos.

“El Consejo recomienda abordarlas de forma prioritaria”, dijo.

El gasto que supone la reforma

Según el análisis del Consejo, la reforma previsional supone un aumento significativo del gasto público derivado del alza de las cotizaciones, la ampliación de la cobertura y el incremento del monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

“Asimismo, contempla mayores recursos para fortalecer las instituciones responsables de la administración y supervisión del sistema previsional, junto con modificaciones en la recaudación tributaria”, dijo en su reporte.

Según estimaciones de la propia Dirección de Presupuestos (Dipres), el efecto fiscal neto de la reforma -considerando tanto mayores gastos como menores ingresos- alcanzaría un 0,37% del PIB en 2027 y un 1,04% del PIB en equilibrio de largo plazo.