Este martes 14 de julio, la Dirección de Presupuestos (Dipres) tiene que publicar, por cronograma, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del segundo trimestre. Respecto a este documento, el mercado ya comienza a internalizar que la situación fiscal será peor de lo que se previó en el IFP del primer trimestre, publicado con retraso en mayo.

Un primer anticipo de lo que está viendo el gobierno lo entregó el propio jefe de la Dipres, José Pablo Gómez. En una reunión ante economistas en la Universidad de Los Andes, delineó el escenario macro y fiscal que están proyectado.

En esa instancia, “sinceró” que la estimación para el Producto Interno Bruto (PIB) será menor al 2,1% previsto en mayo, y que se ubicará más cerca de 1,8%, lo que implica la generación de menos ingresos.

Pero lo que más llamó la atención de los presentes, es que Gómez haya esbozado que cumplir la meta estipulada en el decreto fiscal, de -2,6% del PIB para el balance fiscal estructural 2026, se ve complejo, debido, principalmente, a que las presiones de gasto con las que se encontraron han sido mayores a las contempladas al inicio del gobierno.

Por lo mismo, enfatizó que la mejor proyección para esa variable estará en el IFP que se debe conocer la próxima semana.

Ante ello, quienes conocen el trabajo interno del Ministerio de Hacienda, afirman que el escenario que se presentará delineará un cuadro macro-fiscal más debilitado, con un menor crecimiento del PIB, mayor inflación, menores ingresos y una proyección de déficit fiscal estructural mayor al 2,6% del PIB, pero menor a 3% del PIB.

En el IFP del primer trimestre la proyección fue de un déficit de 3,7% del PIB, pero con los cambios metodológicos que Hacienda realizó a la forma en que se contabiliza el precio del cobre de largo plazo, este bajó a 3,1% del PIB.

Uno de los economistas presentes en el encuentro con el director de Presupuestos afirma que lo que transmitió es que se necesita seguir realizando ajustes en el gasto para lograr esa meta. Ese debiera ser un recorte adicional a los US$3.000 millones comprometidos al inicio de la administración.

Al respecto, otro de los expertos que asistió, complementa que por el momento el ajuste se quedó en US$1.400 millones. En ese sentido, enfatiza que lo que se han ahorrado se está gastando en otras necesidades de sectores como salud, y que es probable que el gobierno termine ejecutando el Presupuesto en su totalidad y no ahorrándose esos US$3.000 millones.

“Sería bastante complejo que, en el primer año, el gobierno comience sin cumplir la meta fiscal que se propuso. Si hiciste tu propia meta, te tomaste 90 días para conocer todos los datos y dijiste ya, esto es lo que yo creo que puedo, entonces, comenzar no cumpliendo en el primer año es una mala señal”, expresa un economista que estuvo en ese evento.

Cecilia Cifuentes, académica de la Universidad de Los Andes, reconoce que “es un escenario más complejo. Con los datos de ejecución presupuestaria a mayo, la estimación de ingresos que se hizo no debería ajustarse demasiado a la baja, pero sí cambiar la composición: probablemente los ingresos tributarios no mineros estén un poco por debajo de lo que se estimó en el informe del primer trimestre, pero hay otros ingresos que están siendo bastante mejores a lo que se estimaba”.

Macarena García, economista de LyD, también plantea que, “sin duda, la situación actual es más compleja que la presentada en el IFP pasado, principalmente por la menor actividad y menor recaudación. Entiendo que ya no habrá más sorpresas por el lado de los gastos”.

Sin embargo, la experta asevera que “creo que las metas todavía son posibles, ya que se debiera despejar la incertidumbre sobre la aprobación del proyecto de reconstrucción y avanzar en otra agenda económica que complemente este proyecto, y también es de esperar que termine luego la guerra de Medio Oriente. Por lo tanto, puede haber mejora en la actividad que permita alcanzar las metas”.

Para García es clave que este año la meta fiscal propuesta se cumpla. “El ministro se comprometió a cumplir y ha mostrado serias intenciones de hacerlo. Se juega mucho de su credibilidad en el resultado de este año, su primer año, por lo que esperaría que cumpla”.

Los economistas coinciden en que el escenario económico es más complicado de lo que se anticipaba y que, por lo mismo, la situación fiscal está más deteriorada. Dado eso, afirman que puede haber mayores gastos por medidas adicionales a tomar en un contexto de una situación económica débil, menores ingresos a los proyectados y gastos no contemplados por eventos de emergencia.

El investigador de Horizontal, Juan Obach, argumenta que “es desafiante. El alto precio del cobre, junto con los cambios a la regla propuestos por el Consejo Fiscal Autónomo sobre los traspasos de Codelco al Fisco deberían ayudar a cumplir la meta. Sin embargo, un menor crecimiento y gastos no previstos jugarán en contra”.

En ese sentido, Obach comenta que “la brecha para cumplir la meta reportada en el IFP (con cambios metodológicos del CFA) ascendía a 0,02% del PIB (US$ 700 millones), que implica un importante esfuerzo adicional al ajuste fiscal ya realizado (US$1.400 millones)”.

Indica además que “los IFP son una gran herramienta de transparencia y rendición de cuentas. Por lo tanto, los gobiernos tienen la obligación de hacer su mejor esfuerzo para sincerar toda la información fiscal. Para el segundo informe se debería sincerar cuánto del ajuste ya realizado (US$1.400 millones) es permanente o transitorio, y si se harán más esfuerzos de ajuste en lo que queda del año. Adicionalmente, sería útil seguir entregando más antecedentes que expliquen el desajuste en las proyecciones de deuda”.

Juan Ortiz, economista del OCEC-UDP también ve como un escenario desafiante el cumplir la meta fiscal. “Lograr que efectivamente se cumpla con esta meta es complejo, y más considerando que el escenario en términos de ingresos se debería ajustar a la baja, principalmente por una actividad económica mucho más debilitada”. Para el economista, el déficit estructural será más bajo que el que apareció en el IFP del primer trimestre (3,1% del PIB), pero más alto, en el margen, que la meta de uno de 2,6% del PIB del decreto de política fiscal