Cuando el terremoto del 24 de junio sacudió a Venezuela, la incertidumbre también cruzó las fronteras. En Chile comenzaron a multiplicarse los llamados de familias que intentaban averiguar el paradero de padres, hermanos, hijos o sobrinos que permanecían en el país caribeño. Muchos llevaban horas sin comunicación. Otros, simplemente desaparecieron entre los escombros. En medio del desastre, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó un formulario para reportar personas desaparecidas y activó distintos canales de contacto. Según cifras entregadas por la cartera, hasta ahora van 41 solicitudes de localización.

Desde el ministerio sostienen que la labor se concentró en mantener contacto con los connacionales que perdieron familiares, asistir a quienes necesitaban abandonar Venezuela, facilitar trámites y traslados, coordinar el ingreso de ayuda humanitaria y gestionar la entrega de medicamentos para adultos mayores residentes en La Guaira. También afirman haber mantenido comunicación permanente con la brigada de Bomberos de Chile que viajó a apoyar las labores de rescate durante la semana pasada.

“Nadie del gobierno de Chile nos contactó”, dice la familiar de una mujer chilena fallecida en el terremoto, quien pidió reserva de identidad. La víctima es una mujer que nació y vivió toda su vida en La Guaira, como primera generación hijos de chilenos que migraron hacia Venezuela en los años 70. Aunque nunca residió en Chile, tenía nacionalidad chilena por ser hija de una mujer nacida en Puerto Montt y visitaba el país con frecuencia. Tres de sus hermanos sí vivieron en Chile y una de ellos continúa en el país.

Durante los días más críticos, explica, la familia consiguió información únicamente gracias a contactos de rescatistas y periodistas que se encontraban en el sitio del desastre. Uno de ellos habló con los Topos de México para establecer la búsqueda.

Finalmente, el cuerpo fue recuperado el sábado pasado, en el edificio Los Corales, junto al de su esposo de nacionalidad española y al hijo de ambos. Pero la sensación de abandono permanece. “Ante la imposibilidad de tener acceso a Cancillería, hoy ella ni siquiera cuenta como chilena fallecida en el terremoto”, sostiene su familiar.

El caso también refleja una dificultad mayor: muchas familias chilenas mantienen vínculos con Venezuela hace generaciones. En algunos casos, los padres emigraron décadas atrás; en otros, los hijos obtuvieron la nacionalidad chilena por descendencia, aunque nunca hayan vivido en el país. Esa realidad complica la identificación de afectados cuando ocurre una catástrofe.

Fuentes conocedoras de la emergencia explican que uno de los principales problemas es que Chile no cuenta con un catastro actualizado de sus ciudadanos residentes en Venezuela. El registro depende de que las propias personas informen su residencia ante consulados o embajadas, y la ausencia de representación consular dificulta aún más las gestiones. Eso significa que, al momento de una emergencia, el Estado simplemente desconoce cuántos chilenos permanecen en determinadas ciudades o si necesitan asistencia.

Incluso, la familia de la chilena fallecida hace una acotación: allá todavía hay chilenos. Son tíos, tías y primos, y en su caso todos se encuentran bien. Es más, uno de los tíos de la víctima vive en una de las pocas zonas de La Guaira con mínima afectación. “Sigue con poco acceso a alimentos, sin agua y sin electricidad, pero está con salud y en una casa sólida”, remarcan. A pesar de todo, acusan que no han sido llamados por el gobierno chileno.

Desde Cancillería rechazan que exista algún tipo de discriminación hacia personas que obtuvieron la nacionalidad por descendencia o que llevan décadas viviendo fuera del país. Aseguran que toda persona chilena que solicita ayuda recibe atención y que las limitaciones responden principalmente a la falta de información disponible y a las dificultades logísticas propias de una catástrofe de gran magnitud.

Para intentar reducir esa brecha, el ministerio habilitó formularios de búsqueda y envió un cónsul especial para apoyar las coordinaciones en terreno. Aun así, reconocen que la efectividad de esas medidas depende de que las familias reporten los casos y entreguen antecedentes.

Mientras familiares buscaban noticias, un equipo USAR de Bomberos trabajaba entre edificios reducidos a montañas de hormigón. Cristián Vera, líder del grupo chileno desplegado en La Guaira, dice que nada preparó al equipo para lo que encontraron.

“La realidad supera cualquier reporte. Las imágenes que habíamos recibido no lograban mostrar lo que ocurría”, rememora.

La primera impresión fue devastadora. “Gente gritando, corriendo, en estado de shock. Tránsito colapsado. Y luego edificios completamente aplastados, con niveles enteros comprimidos y personas buscando entre los restos”. Desde el primer reconocimiento comprendieron que la operación sería mucho más difícil de lo previsto.

Los edificios presentaban colapsos tipo “panqueque”, donde los pisos caen unos sobre otros dejando espacios mínimos para sobrevivientes. Antes de excavar era necesario evaluar estructuras, medir desplazamientos, instalar apuntalamientos y asegurar que los rescatistas no terminaran atrapados. “Por cada minuto de excavación hay horas de medición y coordinación”, explica.

Al regresar al país, Vera asegura que no fueron las imágenes de destrucción las que más lo marcaron. Lo que más cuesta olvidar, según dice, son las familias esperando afuera del perímetro. “Esa mezcla de angustia y esperanza se queda contigo”. Hasta ahora la cifra de fallecidos bordea las cuatro mil personas y no se sabe cuántos de ellos son chilenos.