La relación entre el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el ministerio de Hacienda del gobierno de Gabriel Boric fue tensa durante buena parte de su periodo. Los sucesivos informes que emanó la entidad autónoma luego del primer año del mandato, dejaron de manifiesto que no estaba conforme con el manejo fiscal que estaba implementando esta administración. El punto cúlmine estalló en mayo de 2025.

Ese mes, el CFA alertó sobre la situación de estrés fiscal prolongada que tenía el país y que “nos lleva a un punto de inflexión”, sostuvo. También mencionó que las condiciones fiscales de ese momento “hacen necesario marcar un cambio sustantivo en la conducción de las finanzas públicas, en el sentido de lograr una mayor capacidad de ajuste efectivo del gasto ante situaciones de menores ingresos estructurales”.

Esos reparos no cayeron nada bien en el ministro de Hacienda de la época, Mario Marcel, quien calificó el informe como “inusualmente severo”.

Ese episodio refleja un tono de advertencia y reprobación que se extendió hasta este miércoles, cuando el CFA dio a conocer su último informe sobre la gestión fiscal del gobierno.

Este analizó el cierre fiscal de 2025 y fue especialmente duro y crítico, enumerando una serie de factores que explican el desvío de la meta de balance fiscal estructural que por tercera vez seguida se produjo el año pasado.

En el documento llamado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, el CFA afirmó que el balance fiscal estructural de -3,6% del PIB representa un desvío de 2,5 puntos porcentuales (pp) del PIB respecto de la meta original de -1,1% del PIB y un desvío de 2,0 pp respecto de la meta vigente de -1,6% del PIB, contenida en el decreto modificado en 2025.

En su opinión, esos resultados “evidencian” la profundización de los problemas de desajuste fiscal de los últimos tres años y que “no se trata de una situación transitoria.” Asimismo, el organismo enfatizó que “la magnitud de este desvío es elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios”, es decir, sin crisis.

Pero su cuestionamiento no quedó ahí, sino que enfatizó que el desvío de la meta de balance estructural responde a los problemas que tuvo la Dirección de Presupuestos en las estimaciones de los ingresos, para lo que el CFA tuvo una dura crítica.

En su análisis señaló que el desvío de la meta “principalmente se debe a errores reiterados y significativos en la proyección de los ingresos efectivos; a modificaciones en el nivel de los ajustes cíclicos; a un ajuste del gasto insuficiente durante el año, el que además superó el nivel comprometido en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, el que ya incorporaba el recorte asociado al acuerdo marco y el ajuste administrativo anunciado en dicho informe, así como a la escasa efectividad del plan de acciones correctivas propuesto por el Ejecutivo”.

Agregó que si bien considera valioso que la deuda bruta en 2025 se haya mantenido por debajo de su nivel prudente (41,7% del PIB) y haya sido similar a la del año anterior, “no fue a causa de una consolidación fiscal, sino que responde mayoritariamente a factores posiblemente transitorios, como la apreciación del tipo de cambio y el mayor crecimiento del PIB nominal”.

Por lo mismo, el CFA advirtió que, en caso de persistir el patrón de desviaciones observado en los últimos años, podrían materializarse riesgos relevantes para la trayectoria de la deuda pública, incluyendo la posibilidad de superar el nivel prudente (45% del PIB) en el mediano plazo.

En esa línea, resaltó que “la persistencia de déficits estructurales elevados, la tendencia a la baja de los activos del Tesoro Público y el aumento sostenido del gasto por intereses configuran un escenario de estrés fiscal que refuerza la urgencia de retomar una senda creíble y verificable de consolidación fiscal”.

Los errores que detectó

El informe del CFA dio cuenta de la existencia “de errores reiterados y significativos” en la proyección de los ingresos efectivos, especialmente de los Ingresos Tributarios No Mineros. Al respecto, informó que en 2025 los ingresos efectivos del Gobierno Central resultaron en 2% del PIB (US$7.020 millones) inferiores a lo estimado en el Informe de Finanzas Públicas del tercer trimestre de 2024, que sirvió de base para la Ley de Presupuestos de 2025. “Esta desviación se explicaría principalmente por una menor recaudación de los ingresos tributarios no mineros (1,6% del PIB, US$5.760 millones) y de rentas de la propiedad (0,3% del PIB, US$914 millones)”, puntualizó.

A su vez, señaló que, respecto del Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2025, que sirvió de base para el cambio de meta a -1,6% del PIB, “el desvío ascendió a 0,9% del PIB, explicado por la menor recaudación de los ingresos tributarios no mineros (0,7% del PIB, US$2.604 millones) y de los aportes de Codelco por cobre bruto (0,1% del PIB, US$412 millones)”.

Un factor que resaltó es que pese a las advertencias que entregaron sobre el rendimiento que iba a tener la ley de cumplimiento tributario, el gobierno no escuchó esas recomendaciones.

“Se ha insistido reiteradamente sobre el riesgo de cumplimiento de las proyecciones de la ley de cumplimiento tributario. En particular, el Consejo destaca que los ingresos tributarios no mineros proyectados para 2025 incorporaban una estimación de la recaudación por la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT) de 0,37% del PIB (0,27% del PIB por impuesto a la renta, 0,08% del PIB por IVA y 0,02% del PIB en otros impuestos). En ese sentido, expresó que las principales líneas en las que se insertan estas estimaciones registraron desvíos significativos respecto de lo proyectado, lo que podría ser un indicio de una recaudación menor de lo previsto por la Ley”, indicó en su informe.

Sobre el gasto público, el CFA expresó que el ajuste del gasto público resultó insuficiente para compensar la caída de los ingresos estructurales, superando en US$568 millones (0,16% del PIB) lo previsto en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre del 2025, que proyectaba un crecimiento real de 2,6% y que fue la referencia que sustentó el cambio de meta de balance estructural.

Así, mencionó que “la ejecución observada evidencia que no se realizó un ajuste efectivo del gasto durante el año capaz de compensar las revisiones a la baja de las proyecciones de los ingresos estructurales ni la falta de materializaron de las medidas de mitigación adicionales”. Adicionalmente, el CFA expresó su preocupación respecto de la sobreejecución del gasto corriente, compensada por una subejecución del gasto de capital.

Otro error que detectó el CFA es la escasa efectividad del plan de acciones correctivas del Ejecutivo. En particular, indicó que “no se materializaron las medidas correctivas por 0,3% del PIB, riesgo que había sido advertido por el propio Consejo, en su informe al Congreso de mayo de 2025. Ello no solo por la magnitud y oportunidad de las acciones administrativas, sino también porque una parte relevante del ajuste dependía de iniciativas legislativas con probabilidades de aprobación y efectos inciertos”.

El CFA mencionó que el cumplimiento de la meta de balance estructural depende de la capacidad efectiva de alinear oportunamente el gasto público con el nivel actualizado durante el año de las estimaciones de los ingresos estructurales.

En este sentido, en su comunicado, resaltó que “cualquier revisión a la baja de los ingresos estructurales, en principio, debiese ser compensada por una corrección proporcional del gasto u otras vías disponibles durante el año, a fin de mantener el cumplimiento de la meta fiscal”. Y que en caso de que ello no ocurra, indicó el organismo, la legislación exige que “el Ministerio de Hacienda presente medidas correctivas para remediar el desvío en el Informe de Finanzas Públicas inmediatamente posterior al cierre definitivo del año fiscal, las que deberán ser presentadas ante las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Congreso Nacional y al CFA”.

El CFA enfatizó la necesidad de adoptar medidas adicionales, oportunas y de carácter estructural, que permitan corregir el desequilibrio fiscal observado y fortalecer el marco de cumplimiento de la regla fiscal. Así, reiteró su propuesta de que la consolidación a mediano plazo considere una combinación equilibrada de cuatro dimensiones de generación de mayor espacio fiscal: mayor crecimiento económico potencial, reducción de la evasión y elusión de impuestos, nuevas fuentes de ingresos estructurales y mayor eficiencia o ajustes en el gasto público.

En caso de persistir el patrón de desviaciones observado en los últimos años, el CFA advirtió que podrían materializarse riesgos relevantes para la trayectoria de la deuda pública, incluyendo la posibilidad de superar el nivel prudente (45% del PIB) en el mediano plazo.

Grau versus Sedini

El informe del CFA generó visiones enfrentadas. A la salida de la presentación del séptimo Reporte de Indicadores de Género en las Empresas en Chile, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, fue abordado por el tema. Al respecto, destacó la gestión de Hacienda respecto a la deuda fiscal: “Logramos por primera vez en 18 años contener el crecimiento de la deuda en 41,7% del PIB”, señaló, agregando “esto es muy importante, porque contener la deuda permite que el Estado tenga que gastar menos en el pago de intereses”.

Grau realzó que el mayor déficit fiscal no se debió a un mayor gasto, sino que a que hubo menores ingresos. “No se debe al gasto, y eso está reconocido en el informe del CFA y en los distintos informes hechos por expertos. No es que este gobierno haya gastado más de lo comprometido. De hecho, hemos gastado menos de lo comprometido”.

Sobre los ingresos, mencionó que “lo que ha ocurrido en materia de ingresos es que estamos teniendo ingresos que son más bajos que todas las estimaciones. Son más bajos que las estimaciones que tenía el gobierno anterior. Estamos teniendo una situación en que por distintas razones los ingresos y, en particular los ingresos tributarios no mineros, están por bajo de lo que era nuestro objetivo”.

Sin embargo, desde la otra vereda la futura vocera del gobierno de José Antonio Kast, Mara Sedini, manifestó que “el balance estructural fue de -3,6%, cuando la meta era de -1,1 del PIB. Esto es gravísimo y una de las razones que entrega el Consejo Fiscal Autónomo es que responde a errores reiterados en el cálculo de los ingresos y no hay ajustes necesarios en los gastos”.

Afirmó que “el equipo de Hacienda (de la nueva administración) está trabajando hace muchos meses en un plan muy profundo para poder enfrentar esta crisis financiera, esta crisis económica que implica medidas importantes para que volvamos a crecer y para eso vamos a necesitar muchos esfuerzos, no sólo desde el Ejecutivo, sino que también del Legislativo. Existe un plan, existe un muy buen plan y se dará conocer a partir del 11 de marzo”.

Las recomendaciones para el nuevo gobierno

En su informe, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) enumeró una serie de recomendaciones a implementar. Y si bien no lo señala directamente, están dirigidas a las nuevas autoridades que asumen el 11 de marzo el gobierno.

Una de las primeras que estableció es fijar “una senda de consolidación fiscal creíble y verificable”, la cual debe quedar reflejada en el Decreto de Política Fiscal que la administración entrante debe publicar en los primeros 90 días de su mandato. Según expresó, esta ruta debe estar “orientada al cumplimiento de las metas de regla fiscal que se establezcan, al menos convergiendo hacia un equilibrio estructural en el mediano plazo y asegurando una trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB que se estabilice por debajo del 45%”.

También planteó que se deben mejorar los sistemas de proyección de los ingresos fiscales, incluyendo aquellos que no formaron parte de análisis de la misión del FMI en su trabajo llevado a cabo en enero de 2025, y establecer mecanismos de evaluación sistemática de los errores de proyección, considerando, al menos, un seguimiento del avance de las proyecciones según la ejecución presupuestaria mensual.

Otra recomendación apunta a estudiar los factores respecto de la menor dinámica de la recaudación de los ingresos tributarios no mineros, en particular: los impuestos pagados por las grandes empresas no mineras y efectos del tipo de cambio sobre los ingresos fiscales, particularmente en los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) para el sector exportador y el IVA para importaciones.

También, asegurar que las acciones correctivas para el corto plazo frente al incumplimiento de metas fiscales “sean oportunas, plenamente ejecutables durante el año y mayoritariamente controladas por la administración correspondiente”, con el objetivo de que se logre materializar la convergencia fiscal, sin depender en forma exclusiva de medidas legislativas, que, por su propia naturaleza, pueden sufrir modificaciones, no ser aprobadas por el Congreso.

Enfatizó en la necesidad de considerar un acuerdo político amplio en “pos de la sostenibilidad fiscal, que incluya al Ejecutivo y al Congreso, para mantener y fortalecer la credibilidad de la regla fiscal, mediante la coherencia entre los gastos permanentes y sus fuentes de financiamiento”.

Además, el implementar un sistema de monitoreo con periodicidad anual de la Ley de Cumplimiento Tributario, mediante la elaboración y publicación por parte del SII de informes anuales sobre la evolución de la evasión y elusión, utilizando metodologías alineadas con buenas prácticas internacionales e incorporando desagregaciones por tipo de impuesto, tipo de contribuyente y sector económico.

Otra medida propuesta fue profundizar el análisis de la composición, rigidez y sostenibilidad del gasto público, distinguiendo entre restricciones legales, administrativas y políticas, con el fin de identificar trayectoria de ajuste realistas y consistente con el marco fiscal vigente. Y el contar con un mecanismo de ajustes de gasto más detallado y transparente, que permita un adecuado seguimiento de las medidas comprometidas y su grado de ejecución, dado que la experiencia reciente ha evidenciado dificultades para monitorear su implementación y efectos.